¿La cadena arrocera panameña atraviesa una de sus peores tensiones en años? Los productores alertan que la eliminación del subsidio de 7.50 dólares por quintal de arroz los deja en números rojos, mientras que el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), asegura que los fondos que se destinaban a la subvención serán reorientados a proyectos de tecnología e infraestructura.
Por otro lado, y no menos importante, los arroceros advierten que los molineros imponen condiciones de precios que reducen aún más los ingresos, consolidando un esquema en el que los agricultores cargan con los costos, mientras la industria asegura márgenes de ganancia.
A la par, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ya solicitó recursos para importar arroz desde Brasil, lo que los productores han interpretado como una estocada al sector productivo. En toda esta cadena de tropiezos y diferencias, el último eslabón es el consumidor. El arroz es el alimento básico más importante de la canasta panameña.
¿Es esta una combinación letal o se trata de noticias alarmistas de gente que no se adapta a producir de manera eficiente?, como expresó el presidente José Raúl Mulino cuando se le cuestionó por el fin del subsidio.
El presidente alertó que este subsidio representa más de 100 millones de dólares al año, un alto costo asumido por el Estado.
Aquí, algunos puntos sobre la industria, la producción y lo que ha ocurrido en este 2025:
Producción en aumento, pero con costos más altos
De acuerdo con un análisis de comercialización de los productores, la superficie sembrada de arroz en Panamá pasó de 60 mil hectáreas en 2015 a 99 mil en 2024, un crecimiento del 65%.
Esta expansión, según explican, permitió que el país se consolidara como el mayor productor de arroz en volumen en Centroamérica. Sin embargo, los costos también se dispararon. El costo promedio de producción por hectárea en el sistema de secano mecanizado (que representa el 87.5% de la siembra nacional) asciende a $2,508, con un rendimiento promedio de 95 quintales por hectárea.
Esto significa que producir un quintal cuesta alrededor de $26.40.
Los precios que paga la industria
Mientras tanto, la industria molinera paga entre $26 y $27.50 por quintal de arroz húmedo y sucio. Con los parámetros de calidad aplicados, en la práctica los precios terminan por debajo de los $26, es decir, por debajo del costo real de producción.
Los productores sostienen que esta brecha los coloca en una “pérdida recurrente” que compromete tanto la viabilidad de las fincas como el abastecimiento nacional del grano.
El rol del subsidio eliminado
Durante más de una década, el precio se sostuvo gracias al incentivo estatal de $7.50 por quintal, que garantizaba un margen de rentabilidad mínima.
Para los arroceros, la decisión de eliminar este fondeo, confirmada el pasado 10 de septiembre por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.
“Los incentivos, los $7.50, ya eso terminó. Esos fondos los vamos a usar en tecnología, en riegos (…) y se va a repartir entre todo el sector agropecuario”, señaló Linares, recordando que este programa representaba entre 100 y 150 millones de dólares anuales.
Importaciones desde Brasil
En paralelo, el IMA solicitó $13.8 millones para importar arroz desde Brasil y cubrir las ferias estatales y las cajas navideñas.
El director de la entidad, Nilo Murillo, argumentó que el arroz nacional disponible ya estaba comprometido para la venta comercial y que era necesario asegurar la cobertura hasta noviembre, cuando se espera que salga la cosecha local.
No obstante, diputados de la Comisión de Presupuesto advirtieron que estas compras podrían afectar al mercado local en plena zafra, y pidieron más transparencia sobre cantidades y contratos.
Para los productores de arroz, la eliminación del subsidio, combinada con tasas de interés más altas, reducción del financiamiento y los impactos del fenómeno de El Niño en los rendimientos, amenaza con provocar el abandono de fincas.
Los productores insisten en que la salida inmediata es aplicar el artículo 4 de la Ley 17 de 2018, que declara al arroz cultivo de seguridad alimentaria y establece el incentivo de $7.50 por quintal. Pero el presidente Mulino ya advirtió que esto no sucederá.
