El Bank of America (BOA) publicó esta semana un análisis sobre las perspectivas económicas de Panamá, en el que advierte que las condiciones del mercado parecen adversas para el país y persiste la preocupación sobre el manejo de la situación fiscal por parte de los inversionistas.
El reporte inicia señalando que el comportamiento de la deuda soberana, sugieren que el mercado internacional está considerando degradaciones adicionales en la calificación crediticia del país.
Hasta ahora, Panamá solo ha perdido el grado de inversión por parte de la calificadora Fitch, que degradó al país a finales de marzo del año pasado al pasar de BBB- a BB+. Por su parte, Moody’s cambió la perspectiva de Panamá de estable a negativa, pero mantuvo el grado de inversión con una calificación de Baa3. Mientras tanto, Standard & Poor’s rebajó a finales de noviembre a Panamá de BBB a BBB-, aún en terreno de grado de inversión.
BOA considera que la percepción que pueden tener algunos inversionistas sobre Panamá es que “el ritmo de consolidación fiscal no es lo suficientemente ambicioso para un país en riesgo de perder su estatus de grado de inversión”.
Igualmente, menciona que hay falta de claridad sobre cómo se alcanzarán los objetivos fiscales del país.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha fijado que este año el déficit fiscal se proyecta en 3.9%, equivalente a $3,591 millones, y que se reducirá al 2% para ubicarse en $2,302 millones al concluir el quinquenio.
Por otra parte, el análisis de Bank of America menciona que los inversionistas también están atentos a las decisiones que tome el gobierno de José Raúl Mulino sobre la mina. Además, se percibe poca cooperación de la Asamblea Nacional para aprobar de forma ágil la reforma de la seguridad social, lo cual representa un riesgo.
De encontrarse claridad tanto en el tema minero como en el de la Caja del Seguro Social, BOA refiere que esto puede convertirse en catalizadores positivos en los próximos trimestres para impulsar la economía panameña.
“En este contexto, pensamos que el mercado podría estar pasando por alto algunos avances positivos en los frentes de minería y seguridad social. Sobre el tema de la mina de cobre (cerrada por la Corte Suprema y asociada a una responsabilidad contingente/arbitral de $20 mil millones contra el gobierno panameño), notamos que el proceso de auditoría ambiental está avanzando, el presidente Mulino está cambiando su discurso público y las encuestas muestran una disminución en la oposición a la minería”, precisa BOA.
El banco considera que el gobierno utilizará la auditoría ambiental para demostrar a la población la situación real en ese yacimiento.
“Parece que se están preparando las bases para intentar reiniciar las operaciones en algún momento”, menciona BOA.
En cuanto a la reforma de la seguridad social, BOA percibe que se trata de una batalla clave cuyo resultado fortalecerá o debilitará el capital político del gobierno actual.
“El presidente Mulino está defendiendo abiertamente la reforma en la prensa, en marcado contraste con su predecesor, Laurentino Cortizo, quien reconoció la urgencia de una reforma pero nunca presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional”, reseña BOA.
El banco considera que si la reforma de la seguridad social es aprobada —incluso si está diluida (por ejemplo, sin aumentar la edad de jubilación)— sería un triunfo para Mulino, probablemente dándole más confianza para actuar en el tema de la mina.
Hasta ahora, en la Asamblea Nacional han aprobado el primer bloque de la ley que tiene que ver con la gobernanza de la Caja del Seguro Social.
“Seguimos de cerca el resultado de la reforma de pensiones y las discusiones para reabrir Minera Panamá, que podrían afectar la perspectiva de las calificaciones crediticias de Panamá”, advirtió.
