La deuda total de Panamá cerró el 2024 en 53,736 millones de dólares, lo que representa un incremento de 6,848 millones de dólares en comparación con el monto acumulado a finales de 2023.
El mayor aumento, 4,787 millones de dólares, ocurrió durante la primera mitad del año, coincidiendo con los últimos seis meses de gobierno del expresidente Laurentino Cortizo. Los 2,053 millones de dólares restantes corresponden a la gestión de José Raúl Mulino, la mayoría colocada en el mercado local y proveniente de financiamientos bancarios, como el firmado con JP Morgan por mil millones de dólares.
El saldo de la deuda total al mes de diciembre representó el 61.6% del producto interno bruto (PIB) del país, porcentaje que subió desde el 56.4% del año anterior. La relación deuda/PIB es un indicador clave utilizado por inversionistas, entidades bancarias y calificadoras de riesgo para evaluar el panorama financiero de una nación.
Fitch había proyectado que la deuda pública aumentaría al 63.5% del PIB a fines de 2024, desde el 56% en 2023, y estimó que esta seguiría en una trayectoria ascendente en los años siguientes.
En el plan estratégico 2025-2029, publicado en Gaceta Oficial en diciembre pasado, el Gobierno proyecta que, en 2025, la deuda alcanzará los 57,441 millones de dólares (62% del PIB), cifra que seguirá incrementándose hasta los 65,975 millones de dólares para finales de la década. Sin embargo, para 2029, la administración Mulino espera que la relación deuda/PIB disminuya al 56%, gracias a mayores ingresos tributarios y un control más riguroso del gasto.
“La deuda pública muestra una tendencia hacia la estabilización, con una reducción proyectada del 60% del PIB en 2025 al 56% en 2029. Este avance será posible mediante la corrección de los déficits primarios y la generación de superávits a partir de 2028, según lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”, indica el documento.
Para lograr estos objetivos, el Gobierno implementará cambios en el programa de Creadores de Mercado, basados en una revisión realizada con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). También planea incrementar las subastas y el monto de las Letras y Notas del Tesoro.
Es importante recordar que, el 6 de agosto de 2024, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a solicitar, a través de Notas del Tesoro, hasta 6 mil millones de dólares, y 3 mil millones de dólares adicionales mediante entidades financieras.
En su momento, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que esta autorización no implicaba que los 9 mil millones de dólares serían solicitados en 2024, sino que formaba parte de la estrategia financiera que se implementará durante el actual quinquenio.
Chapman comentó que esta decisión se tomó para adelantar el proceso burocrático al momento de solicitar nuevos financiamientos.
El acelerado crecimiento de la deuda total del país en los últimos años ha encendido las alarmas de las agencias calificadoras, que advirtieron sobre el debilitamiento del perfil fiscal de Panamá. Este aumento se produjo a la par de un incremento en los gastos operativos del Estado, pese a la caída en la recaudación.
Este deterioro en el perfil financiero llevó a Fitch a retirar el grado de inversión en marzo de 2024. Por su parte, Moody’s mantuvo la calificación de grado de inversión en Baa3 a finales del año pasado, aunque con perspectiva negativa debido al deterioro fiscal.
Mientras tanto, Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación soberana de BBB a BBB-, con una perspectiva estable, reflejando preocupaciones por el aumento de la deuda pública.
El economista Fernando Aramburú Porras subrayó la importancia de que el Gobierno logre reducir el peso de la deuda sobre las finanzas públicas, destacando que el pago de intereses supera el 20%, una cifra mayor a los aportes del Canal de Panamá, que en 2024 alcanzaron los 2,470 millones de dólares.
“Lograr lo planteado en el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) sería un avance en la dirección correcta para disminuir el peso de la deuda. Por ello, es necesario ajustar los gastos corrientes como porcentaje del PIB y aumentar los ingresos corrientes (tributarios y no tributarios), un índice que ha caído significativamente en los últimos años debido a la evasión fiscal y la gran cantidad de exoneraciones e incentivos tributarios”, señaló.
Aramburú indicó que, debido a la disminución en los ingresos, el Estado no cuenta con los fondos suficientes para cubrir sus gastos corrientes y generar un ahorro que permita financiar parte de las inversiones públicas, lo que dificulta la reducción progresiva del peso de la deuda en las finanzas y la economía.
Durante el foro Visión 2025, organizado por La Prensa, el ministro Chapman señaló que, aunque la economía registrará un crecimiento del 4% en 2025, seguirá bajo presión por el alto endeudamiento y el desafío de cumplir con la meta de déficit fiscal establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
El ministro agregó que pronto la deuda superará los 54 mil millones de dólares, faltando solo 264 millones para alcanzar ese monto, considerando el saldo registrado a finales de diciembre del año pasado.
Por ahora, el Gobierno continuará evitando emisiones de bonos en el extranjero, según lo establecido en el PEG. “La dependencia del endeudamiento externo y de las emisiones internacionales será mínima y controlada, priorizando fuentes de financiamiento internas para cubrir las necesidades presupuestarias y reducir la exposición a fluctuaciones externas. No obstante, en caso de ser necesario, se evaluarán cuidadosamente las condiciones de los mercados internacionales para mantener un perfil de deuda sostenible”, señala el PEG.
Para Fitch, el Gobierno tiene un margen limitado para incrementar su endeudamiento en el pequeño mercado local, lo que continuará exponiendo al país a las elevadas tasas de interés exigidas por los inversionistas para comprar su deuda. Esto se debe a la caída en los ingresos y a la posibilidad de que Panamá pierda este año el grado de inversión con alguna de las dos calificadoras que todavía mantienen este nivel.
Carlos Arauz, economista y analista financiero, señaló que, en un ambiente de incertidumbre mundial impregnado de inestabilidad, que dificulta calcular el costo de la deuda futura o refinanciada, solo queda apostar por la prudencia de la actual administración para controlar los gastos.
“Los miedos inflacionarios aún persisten y podrían empujar las tasas de interés al alza. Esto, combinado con la casi certeza de la pérdida del grado de inversión, nos lleva a anticipar un incremento en el costo del dinero de entre 1.5% y 2%. Esto podría traducirse en más de mil millones de dólares adicionales en el pago de intereses si la deuda sigue aumentando descontroladamente”, advirtió.
Al débil perfil financiero del país se suman las presiones que podría enfrentar Panamá durante la administración del presidente Donald Trump, quien asume este lunes 20 de enero su segundo mandato en la primera economía del mundo y principal socio comercial de Panamá. Trump, junto con parte de su gabinete, ha amenazado con sanciones económicas y militares, como respuesta a lo que califican como un trato injusto hacia su fuerza armada al transitar por el Canal de Panamá.
Araúz afirmó que, hoy más que nunca, es crucial que los contribuyentes, tanto corporativos como civiles, cumplan con sus obligaciones fiscales. No obstante, reiteró que, con el tiempo, será evidente la necesidad de implementar una reforma fiscal para recuperar el crecimiento económico del país.
