Aunque más de diez constructoras —entre ellas, tres chinas y dos mexicanas— habían mostrado interés en el contrato para rehabilitar las dos pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, al final solo dos grupos presentaron ofertas económicas para pujar por el proyecto.
Se trata de los consorcios Pycrat, integrado por la empresa portuguesa Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A. y la costarricense Constructora Meco, S.A., y ETERC-DOGAL, conformado por la panameña Dogal S.A. y la brasileña ETERC Engenharia LTDA.
El contrato de rehabilitación de las pistas de Tocumen y sus calles de rodaje tenía un precio de referencia de 52 millones de dólares y contempla el reemplazo del pavimento rígido (losas de concreto), actualmente afectado por fisuras y desprendimientos, especialmente en la zona central de rodadura y en las áreas de contacto de las aeronaves al aterrizar.
Igualmente, el contratista seleccionado deberá reemplazar el sistema de iluminación, canalización y, una vez completadas las mejoras estructurales, será responsable del mantenimiento.
El contrato tendrá una duración de cuatro años y se ejecutará en dos fases, a fin de no interrumpir las operaciones de la terminal aérea, que diariamente realiza más de 450 movimientos entre despegues y aterrizajes.
De las dos pistas, la 03R-21L —construida en 1978— es la que muestra el deterioro más avanzado. Esta pista, ubicada frente a las dos terminales de pasajeros, tiene una extensión de 3,050 metros, de los cuales cerca de 750 metros fueron rehabilitados durante la paralización de vuelos comerciales en 2020, a causa de la pandemia respiratoria provocada por el coronavirus.
La pista 03L-21R, ubicada en la parte lateral del aeropuerto, en dirección hacia Tocumen, se encuentra en condiciones aceptables, aunque muestra indicios de desgaste ocasionado por el paso frecuente de aeronaves de mayor tamaño, en especial las que cubren rutas hacia Europa.
Ofertas
De acuerdo con el informe levantado durante el acto de entrega de propuestas, el consorcio Pycrat cumplió con todos los requisitos mínimos solicitados por Tocumen para que su propuesta fuera evaluada, mientras que ETERC-DOGAL no entregó la documentación relacionada con su compromiso ambiental, el paz y salvo de la Caja del Seguro Social, la carta de compromiso bancario, y la certificación de capacidad financiera no cumplió con los mínimos establecidos en la licitación.
Estos requisitos fueron clasificados desde el inicio del proceso como no subsanables; es decir, eran de estricto cumplimiento y los proponentes no tendrían oportunidad de entregarlos después del acto de apertura de las propuestas.
En abril pasado, la Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó la suspensión de la licitación y solicitó a Tocumen cambios en el pliego de condiciones, tras acoger un reclamo interpuesto por José Aranda Ríos, quien señaló incongruencias en los requisitos que, a su juicio, podían limitar la participación de las empresas.
En los documentos originales se exigía que la carta de respaldo fuera emitida por una institución bancaria reconocida, garantizando el 100% del valor del proyecto; sin embargo, ahora ese porcentaje se redujo al 90%, por lo que el 10% restante deberá ser cubierto con fondos propios del contratista seleccionado.
En cuanto al monto, el consorcio Pycrat ofertó 56.9 millones de dólares, mientras que ETERC-DOGAL propuso 50.9 millones. La pasada administración de Tocumen había adjudicado la rehabilitación de las pistas de aterrizaje a las empresas Inversiones FJ e Ingeniería PC por 38.9 millones de dólares, luego de un proceso plagado de reclamos.
No obstante, antes de que la nueva administración tomara control de Tocumen, se anunció el rechazo de dicha propuesta, alegando que no se consideraron puntos críticos que garantizaran el éxito de los trabajos, considerados cruciales para la operación del aeropuerto.
Ramón Zambrano, vicepresidente de Ingeniería y Proyectos del Aeropuerto de Tocumen, explicó a La Prensa que la falta de personal técnico idóneo en roles clave —como ingeniero residente, gerente de proyecto, especialista ambiental y experto en operaciones y topografía— generaba dudas sobre la capacidad de la compañía seleccionada para ejecutar la rehabilitación de las dos pistas.
Viejos conocidos
En el caso de Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A. y la costarricense Constructora Meco, S.A., que integran el consorcio Pycrat, ambas tienen experiencia en licitaciones de contratos estatales. La compañía lusa forma parte actualmente del grupo responsable de la extensión de la Línea 1 del Metro de Panamá, desde el sector de San Isidro hasta Villa Zaita.
También se ha adjudicado contratos en Tocumen, como la licitación para habilitar el área donde se construye la primera fase de la zona logística, que se levantará en los predios de la terminal de carga.
Por su parte, Meco ha ejecutado múltiples obras estatales, como la construcción de la carretera de ocho carriles desde el puente de las Américas hasta Arraiján, que lleva el nombre de Roberto F. Chiari. Asimismo, es responsable de la ampliación de la vía hacia el puerto de Vacamonte y, en el pasado, realizó mejoras en las pistas de Tocumen, entre otros contratos. Hay que recordar también que, en 2017, Meco se declaró culpable dentro de las investigaciones del caso Blue Apple.
En cuanto al consorcio ETERC-DOGAL, los datos de la empresa ETERC Engenharia Ltda., fundada en 2000 y con sede en Brasília, indican que se especializa en proyectos de infraestructura como aeropuertos, carreteras y obras urbanas.
Entre sus principales trabajos aeroportuarios destacan la ampliación y modernización de los aeropuertos de Maringá, Porto Alegre, Rio Branco, Brasília y Barreiras, donde ha desarrollado mejoras en pistas, áreas de rodaje y terminales, consolidando así su experiencia en la optimización de operaciones aéreas en distintas regiones del país.
Sobre Dogal Ingenieros S.A., su ficha señala que es una empresa panameña con más de diez años de experiencia en la gestión y construcción de proyectos de edificación e infraestructura. Se especializa en la administración de obras como edificios altos, galeras e infraestructuras.
Ahora, le corresponderá a la Comisión Evaluadora revisar el cumplimiento de los puntos relacionados con la capacidad financiera, la experiencia y otros criterios técnicos, para determinar si el contrato puede ser adjudicado a alguno de los dos competidores.
