En enero, el servicio de la deuda, es decir, los pagos realizados por el Estado para cumplir con sus compromisos financieros, alcanzó los 444.6 millones de dólares.
De este monto, 88.9 millones de dólares fueron destinados al pago de capital a la deuda contraída con organismos multilaterales, con el propósito de reducir el saldo de los préstamos, mientras que 355.3 millones de dólares correspondieron al pago de intereses.
En comparación con enero de 2024, el monto pagado solo en intereses aumentó en 18.9 millones de dólares.
La mayor parte de los intereses pagados el mes pasado, 269.2 millones de dólares, se destinó a cubrir los intereses de las emisiones de bonos vigentes, mientras que 40.8 millones de dólares correspondieron a intereses de la deuda interna y el resto al financiamiento adquirido con organismos multilaterales.
Luego del pago de capital por 88.9 millones de dólares, el saldo total de la deuda en enero pasado quedó en 53,655 millones de dólares, una cifra que supera en más de cinco veces los ingresos totales registrados en 2024, que ascendieron a 9,459 millones de dólares, según el balance fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo con la Dirección de Financiamiento Público, más del 60% de la cartera de deuda está compuesta por bonos emitidos en el mercado internacional, que al 31 de enero sumaban 32,835 millones de dólares, seguido por financiamiento aportado por entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros, que totalizan 9,461 millones de dólares.
El año pasado, el saldo total de la deuda del país aumentó en 6,848 millones de dólares, alcanzando los 53,736 millones de dólares. El mayor incremento, de 4,787 millones de dólares, se registró en la primera mitad del año, coincidiendo con los últimos seis meses del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo.
Los 2,053 millones de dólares restantes corresponden a la gestión de José Raúl Mulino, la mayoría colocados en el mercado local y provenientes de financiamientos bancarios, como el firmado con JP Morgan por mil millones de dólares.
La deuda que dejó Cortizo
Durante la administración Cortizo, la deuda total del país creció en 25,200 millones de dólares, un aumento del 94.6%, ya que en junio de 2019 el saldo era de 26,612 millones de dólares. Este incremento, en medio de una caída en los ingresos, llevó a Fitch Ratings a retirarle el grado de inversión a Panamá en marzo pasado.
A finales de 2024, las agencias calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s (S&P) evaluaron la situación crediticia del país. Moody’s mantuvo la calificación de grado de inversión en Baa3, pero ajustó la perspectiva de estable a negativa, señalando un deterioro fiscal mayor al esperado y dificultades para una rápida consolidación fiscal. Por su parte, S&P rebajó la calificación de Panamá de BBB a BBB-, el nivel más bajo dentro del grado de inversión, debido al incremento de la deuda pública y la debilidad en los ingresos.
Para el economista Luis Morán, Panamá debe mejorar su diversificación económica y competitividad para elevar sus ingresos y depender menos de la deuda pública.
El sector público debe promover una cultura de finanzas eficientes, con monitoreo del gasto y un presupuesto basado en resultados. “Solemos ser un país con un alto nivel de gasto público y recurrimos a la deuda para seguir sufragando esos compromisos. Esto debe cambiar con mayor disciplina fiscal”, advirtió un experto en finanzas.
Añadió que se han observado pocos cambios en subsidios, planilla estatal y leyes especiales, aspectos que siguen sin modificaciones y que deben ser revisados para mejorar la situación del país.
Mientras el Gobierno espera que su plan para mejorar la recaudación fiscal dé los resultados esperados, se proyecta que la deuda pública alcance los 57,441 millones de dólares este año, equivalente al 62% del PIB, y continúe en aumento hasta los 65,975 millones de dólares para finales de la década.
Para 2029, la administración de José Raúl Mulino espera reducir la relación deuda/PIB al 56 %, gracias a un incremento en los ingresos tributarios y un control más riguroso del gasto. En 2023, el saldo de la deuda representó el 61 % del PIB.
En enero de 2025, el saldo de la deuda representó el 57.9% del PIB nominal estimado en el Plan Estratégico de Gobierno, que para este año alcanzaría los 92,604 millones de dólares.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó en una reunión con inversionistas y agencias calificadoras de riesgo que el Gobierno busca reducir la deuda y avanzar en un proceso de consolidación fiscal que permita disminuirla en relación con el PIB. Aseguró que la meta es reducir el indicador a un nivel igual o inferior al 50%, lo que, según el funcionario, garantizaría una gestión financiera sostenible para el país a mediano y largo plazo.
Fernando Aramburú Porras, economista y consultor senior de empresas e instituciones, calificó la situación del país como crítica, debido a la caída en los ingresos y el alto nivel de gasto, lo que impide cubrir los gastos corrientes, tal como ocurría en años anteriores.
“Estamos en una situación precaria, hemos tocado fondo. Es insostenible y tenemos que hacer correctivos serios y profundos”, advirtió Aramburú Porras. Afirmó que la única manera de mejorar el perfil financiero del país, como han sugerido las agencias calificadoras de riesgo, es aumentando los ingresos y reduciendo los gastos.
Menor riesgo
El reporte de la Dirección de Financiamiento Público indica que en enero los precios de los títulos de deuda internacional más líquidos de la República de Panamá reflejaron un aumento, debido a que los rendimientos promedio disminuyeron 24 puntos básicos (pbs) en comparación con el mes anterior.
Analistas consultados explicaron que esto significa que, en enero, los inversionistas percibieron menor riesgo en la deuda de Panamá o esperan que las tasas de interés bajen, lo que hizo que los bonos del país fueran más atractivos.
“Cuando los rendimientos de los bonos bajan, su precio sube porque más inversionistas quieren comprarlos. En otras palabras, los mercados confían más en la estabilidad de la deuda panameña o en que las condiciones del mercado le favorecen”, agregaron.
Según el reporte del MEF, la disminución en el rendimiento de los bonos de Panamá se reflejó en el índice EMBIG, que cerró con una puntuación de 289 en enero, frente a los 303 registrados en diciembre de 2024.
El EMBIG (Emerging Markets Bond Index Global) es un indicador que mide el riesgo de los bonos de países emergentes en comparación con los de Estados Unidos. Su importancia radica en que refleja la confianza de los inversionistas en la economía de un país: si el EMBIG es alto, los mercados perciben más riesgo y el país debe pagar tasas de interés más elevadas para obtener financiamiento; si es bajo, el acceso al crédito es más barato.
Además, sirve como referencia para inversionistas y gobiernos al evaluar la estabilidad financiera y el costo de la deuda pública.
En enero, el EMBIG de Panamá, elaborado por JP Morgan, lo ubicó en mejor posición o con menor riesgo que Colombia, México y Argentina, pero por debajo de Perú, Brasil y Chile. A pesar de la mejora registrada en enero, el nivel de riesgo sigue siendo superior al promedio observado en 2024.
Fernando Aramburú Porras reiteró que la única forma de mejorar el perfil de riesgo del país es fortaleciendo las finanzas públicas a través de una mayor recaudación fiscal, combinada con una reducción efectiva del gasto.
