Entre $80 millones y $90 millones adeuda el Estado a promotoras por el Fondo Solidario de Vivienda

Entre $80 millones y $90 millones adeuda el Estado a promotoras por el Fondo Solidario de Vivienda
Los gremios del sector inmobiliario han señalado que el vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda sumado a la falta de claridad de la aplicación de la Ley de Intereses Preferenciales ha generado la suspensión de varias obras. Foto referencial Elysée Fernández


El Estado adeuda entre 80 millones y 90 millones de dólares a los promotores de viviendas por concepto del extinto Fondo Solidario de Vivienda.

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Gobierno propone reducir el subsidio para la compra de viviendas75 proyectos de vivienda detenidos por incertidumbre en la Ley de Intereses Preferenciales

Así lo informó el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez Peralta, al recordar que este fondo venció el 30 de junio del año pasado, pero dejó una deuda pendiente de la administración anterior, la cual se ha ido honrando en la medida en que hay disponibilidad financiera.

Hasta la fecha, detalló que se han desembolsado 35 millones de dólares, y están pendientes otros pagos para el transcurso de este primer trimestre.

Recalcó que ese fondo no fue eliminado, sino que simplemente venció la vigencia del subsidio, y el Gobierno decidió no renovarlo.

El Fondo Solidario de Vivienda otorgaba 10 mil dólares a las familias para que cubrieran el monto del abono inicial en la compra de soluciones habitacionales que no superaran el valor de 70 mil dólares.

El presidente José Raúl Mulino señaló, en agosto del año pasado, que este bono solidario no podía seguir pagándose debido a la falta de recursos. Además, sostuvo que este beneficio generaba construcciones descontroladas sin tomar en cuenta si el Estado contaba o no con los recursos necesarios para asumir el subsidio, lo que provocó un aumento en la morosidad.

A raíz del vencimiento de este subsidio, los bancos han dejado de otorgar créditos hipotecarios para viviendas en el rango de 40 mil a 70 mil dólares. Y los pocos que están dando estos financiamientos, indican que las familias no cuentan con el dinero necesario para pagar la inicial y asumir el resto del financiamiento, quedando excluidos de la posibilidad de adquirir una vivienda.

A esta problemática se suma la falta de definición sobre el futuro de la Ley de Intereses Preferenciales.

Aunque esta ley sigue vigente, el Estado no ha pagado la deuda pendiente con los bancos por subsidiar la tasa de interés de estos préstamos hipotecarios preferenciales. Esto ha generado una paralización del otorgamiento de créditos nuevos, además de la suspensión de proyectos en construcción y de nuevas obras.

El viceministro dijo que trabajan en una nueva ley que permita beneficiar tanto al Estado como a los bancos, promotoras y a los consumidores.

Hasta ahora, una de las propuestas apunta a que se reduzca a 100 mil dólares el monto máximo de la vivienda que aplica para la tasa de interés preferencial.

La Ley de Intereses Preferenciales que está vigente establece un descuento del 4% en la tasa de interés para viviendas de entre 45 mil dólares y que no exceda los 80 mil dólares por un plazo de 10 años no renovable y otro descuento de 4% para viviendas cuyo valor oscila en más de 80 mil dólares y los 120 mil por un período de ocho años.


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