Tres buques, el primero con 8,248 toneladas, fueron despachados con el concentrado de cobre almacenado en una gran mina a cielo abierto, operada en Panamá por First Quantum Minerals (FQM) e inhabilitada desde noviembre de 2023 por orden judicial, informó este miércoles la empresa canadiense.
Tras un proceso “seguro y metódico”, el concentrado se cargó y exportó “sin incidentes”, según un comunicado de FQM con motivo de la presentación del balance de sus resultados del segundo trimestre.
Explica que el primer buque se cargó con éxito y se exportaron en junio 8,248 toneladas de cobre en concentrado, mientras que el segundo y el tercer envío se despacharon en julio y se espera que el último se tramite poco después, sin precisar el tonelaje de los dos últimos envíos.
También detalla que la carga se realizó con lentitud debido a la necesidad de equipo móvil adicional para el manejo de las reservas de concentrado, “que se habían compactado y formado una costra dura durante el prolongado almacenamiento en el sitio”.
El proceso de exportación, según FQM, contó con la “supervisión de representantes gubernamentales, así como de observadores ciudadanos independientes de las comunidades cercanas, para mejorar la transparencia y la comunicación con las partes interesadas”.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, informó en marzo pasado que había autorizado la exportación del concentrado de cobre que quedó en la mina, unas 120,000 toneladas en total, así como la importación de carbón desde Medellín, Colombia, para reactivar una planta termoeléctrica de 300 megavatios e incorporar su producción al Centro Nacional de Despacho que abastece al país de energía.
El pasado 30 de mayo, el titular del Ministerio de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ordenó a Minera Panamá, la filial de First Quantum que opera la mina Cobre Panamá, ejecutar a partir de ese día el Plan de Preservación y Gestión Segura del yacimiento (P&SM).
Nuevos ingresos para el plan de preservación
El plan de preservación fue elaborado por la empresa Minera Panamá y entregado al entonces gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) en enero de 2024, dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de la mina Cobre Panamá (ubicada en los distritos de Omar Torrijos y Donoso, Colón), una inversión de alrededor de 10,000 millones de dólares según los datos oficiales.
En ese sentido, la minera canadiense señala que los ingresos de la exportación del concentrado de cobre se están utilizando para “financiar actividades críticas de conservación, como los salarios de los empleados panameños, los pagos a proveedores panameños locales y la gestión ambiental continua”.
De igual forma, destaca que el plan de preservación y gestión segura, cuyos costos en el segundo trimestre promediaron unos 15 millones de dólares mensuales, prevé la importación de combustible y la reanudación de las operaciones de la central termoeléctrica de Cobre Panamá, para lo cual la Compañía indica que ha iniciado las inspecciones previas a su puesta en servicio que se espera sea en el cuarto trimestre de 2025.
Con el reinicio de operaciones de la central, la Compañía prevé aumentar su plantilla en aproximadamente 100 personas.
También indicó que se espera que los costes de mantenimiento aumenten aproximadamente entre 17 y 18 millones de dólares mensuales con la reanudación de operaciones de la central en el cuarto trimestre de 2025.
Aun así, FQM señaló que se prevé que estos costes adicionales “se compensen parcialmente con la posible venta del excedente de energía para apoyar la red eléctrica nacional”.
La mina Cobre Panamá, de cerca de 13,000 hectáreas, era la única explotación de este mineral en el país centroamericano. Cuenta con 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables y una capacidad de producir más de 300,000 toneladas de cobre al año, junto con oro, plata y molibdeno, según datos de la empresa.
El presidente Mulino (2024-2029) ha dicho que aspira a una “asociación real” con la minera canadiense como vía para una eventual resurrección del proyecto, que representaba casi el 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá, y generaba cerca de 7,000 empleos directos y más de 30,000 indirectos.
La minera canadiense ha suspendido arbitrajes millonarios contra el Estado panameño, como ha pedido Mulino para comenzar conversaciones sobre el futuro de la mina.
