Nuevamente, el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) es noticia, pero no por la ganancia bruta lograda en el primer semestre de 2024, que fue de 43.9 millones de dólares, sino porque, nuevamente, su patrimonio puede verse afectado por decisiones del Órgano Ejecutivo.
En mayo pasado, la administración del expresidente Laurentino Cortizo intentó que la Asamblea Nacional aprobara una ley que condonaba la deuda que tenía el Estado con el FAP, luego de que el Gobierno no cumpliera con la transferencia de los excedentes de los aportes del Canal de Panamá al fisco que establece la ley al Fondo.
La intención era no honrar el pago de 1,272 millones de dólares correspondientes a las transferencias de 2020 a 2023, bajo el argumento de que la economía fue golpeada por la pandemia respiratoria del coronavirus y que fondos como el FAP están precisamente para inyectar capital en momentos de crisis.
Finalmente, la propuesta fue engavetada y, en cambio, la administración Cortizo entregó cuatro pagarés al FAP por el monto de lo adeudado, con un vencimiento de 10 años, pagos semestrales, un período de gracia de tres años y una tasa de interés nominal del 7.45% anual.
Con relación a los aportes correspondientes a 2018 y 2019, que suman 31.9 millones de dólares, estos deben ser pagados en efectivo durante la vigencia fiscal de 2024, mientras que el período de acumulación de aportes de 2024 será contemplado en el presupuesto de 2025.
No obstante, el déficit fiscal que registra el Estado, que a septiembre superó los 1,100 millones de dólares y podría llegar a 3,500 millones de dólares al finalizar el año, genera dudas sobre si el FAP recibirá el próximo año los excedentes correspondientes a 2024.
Y todo indica que es posible que ese dinero nunca llegue al Fondo. El paquete de reformas que presentó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, a la Ley 34 del 5 de junio de 2008, que establece la Responsabilidad Social Fiscal, elimina el tope del déficit para los años 2025 y 2026, y también borra la regla de acumulación de los excedentes del Canal de Panamá en el Fondo de Ahorro de Panamá.
La Ley 51 del 10 de octubre de 2018, que modificó la Ley 38 de 2012, estableció que el FAP recibirá los aportes equivalentes al 50% del monto de las contribuciones que realice la vía acuática al Tesoro Nacional, siempre y cuando los excedentes sean superiores al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
El cambio propuesto por Chapman elimina permanentemente el ahorro de los excedentes del Canal en el FAP, dejando al Fondo con la posibilidad de ahorrar solo los rendimientos que obtenga de sus propias inversiones. Igualmente, y como ya estaba establecido los dineros que se obtengan de la venta de las acciones de las empresas mixtas propiedad del Estado, herencias, legados y donaciones, serán depositados en el Fondo.
La reforma introduce la posibilidad de que el FAP reciba fondos provenientes de la venta de activos del Estado que el Ministerio de Economía y Finanzas considere conveniente ingresar como aportes al Fondo.
Sin consulta
Tal como ocurrió con la intención de eliminar la deuda que mantenía el Estado con el FAP a finales del pasado gobierno, la junta directiva del Fondo informó que tampoco fue consultada en ningún momento por la actual administración sobre la modificación que elimina en su totalidad la posibilidad de ahorrar los excedentes del Canal.
En un comunicado, la Junta del FAP señaló que “en atención a diversas consultas recibidas sobre el proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea Nacional, la junta directiva del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP o Fondo) comunica que no fue consultada sobre dicho proyecto de ley”.
Agrega la nota que “considerando que el FAP es un importante activo para el país, hemos solicitado una reunión con el ministro del MEF con el fin de promover el diálogo y conocer los objetivos y la lógica que sustentan dicha propuesta legislativa”.
Se espera que este lunes 21 de octubre la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional inicie la discusión de la propuesta presentada por Chapman que contempla cambios a la ley de responsabilidad fiscal y al FAP.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que se revise este cambio, Chapman respondió que “claro que sí”. “Este ministro tiene y siempre tendrá la disposición de escuchar y analizar ideas, propuestas y sugerencias”, comentó Chapman.
En sus estados financieros no auditados al 30 de junio pasado, el FAP reportó activos por 1,559 millones de dólares, superando los 1,436 millones de dólares contabilizados al final del primer semestre del año anterior.
En su momento, el FAP informó que los pagarés que entregó la pasada administración no influyeron en la ganancia bruta registrada de 43.9 millones de dólares en los primeros seis meses del año, y que las mismas fueron el resultado del buen desempeño de los mercados globales, especialmente el mercado accionario y los activos de corta duración.
El FAP se creó en 2012 en reemplazo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, establecido en 1995. Una parte significativa del capital del Fondo Fiduciario provino de las privatizaciones de empresas estatales en sectores como energía, telecomunicaciones y puertos, que ocurrieron en la década de 1990.
Otras opciones
Sobre la eliminación del ahorro de los excedentes del Canal, el economista Carlos Arauz comentó que, considerando el momento actual de baja recaudación, y para no afectar a las futuras generaciones, lo prudente hubiese sido poner una pausa en la regla de acumulación, pero no eliminarla de forma definitiva.
Señala que una opción es parar la acumulación de los excedentes por dos años, tiempo similar a la eliminación del tope del déficit propuesto por el Gobierno, mientras se logra un mejor equilibrio en las finanzas del Estado.
No obstante, critica la falta de comunicación que sustentara el cambio en el FAP y no dejar que la población conociera el mismo leyendo el documento presentado en la Asamblea. “La nefasta herencia de la previa administración en el manejo de las finanzas públicas no solo despojó al país del grado de inversión (Fitch Ratings) sino que nos condena a apagar la única posibilidad de ahorro recurrente que teníamos los panameños”, indicó Arauz, quien estima oportuno iniciar un proceso de capacitación para que los trabajadores de las empresas privadas entreguen la factura electrónica y no pregunten a los consumidores si requieren el documento.
Chapman ha señalado que la no transferencia del ITBMS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios) genera un faltante de 1,500 millones de dólares al año, fondos que de recibirse servirían para aumentar las inversiones y reducir la necesidad de incrementar la deuda del Estado.
El año pasado, el FAP reportó una ganancia bruta de 131 millones de dólares, recuperando los 129 millones de dólares que perdió un año antes. Actualmente, el 82% de las inversiones están concentradas en Estados Unidos, un 6% en Europa y Asia, respectivamente, mientras que en Oceanía y Latinoamérica el porcentaje baja al 3% cada uno.
El Plan Anual de Inversión del FAP para la vigencia 2024 y 2025 establece la asignación estratégica de activos y define su portafolio: activos de corta duración (efectivo y equivalentes), un 15%; renta fija global (bonos soberanos, corporativos, hipotecarios, entre otros), un 41%; bonos soberanos indexados a la inflación, un 2%.
