La presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda anunció que los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) se comprometen a levantar de forma inmediata los puntos de cierre en la provincia de Bocas del Toro.
Sin embargo, algunos grupos que están bloqueando las vías en Bocas del Toro, anunciaron que seguirán con los cierres, ya que quieren la derogación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
Hasta el momento, se reportan que seguirán los cierres en Chiriquí Grande y Nuevo Almirante, y probablemente se permita el paso de forma temporal.
Los dirigentes que lideran los bloqueos están tomando distancia de la dirigencia de Sitraibana y quieren la derogación de la Ley 462.
Otro de los acuerdos anunciados fue el compromiso de la junta directiva de la Asamblea, en conjunto con los jefes de las distintas bancadas, de debatir y adoptar el proyecto de ley remitido por el Órgano Ejecutivo.
Dicho proyecto busca establecer un régimen especial para los trabajadores de la industria bananera, en el marco de la recién aprobada Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).
Este régimen fue consensuado en acta el 22 de mayo de 2025 con representantes sindicales, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Adicionalmente, la diputada anunció que establecerá comunicación directa con la empresa Chiquita Brands, con el objetivo de conocer el estatus actual de sus operaciones y su proyección futura en cuanto a los trabajadores.
En Gaceta Oficial, ya figura el Decreto Ejecutivo N° 134 del 11 junio de 2025, donde el presidente de la República, José Raúl Mulino, llama a sesiones extraordinarias al Legislativo para la discusión del proyecto que establezca un régimen especial para trabajadores de la industria bananera, hasta el 26 de junio.
La comitiva del Sitraibana, conformada por 17 personas, entre ellas, el dirigente Francisco Smith, se mantuvo en conversaciones con la junta directiva de la Asamblea desde el martes 10 de junio.
El pasado 27 de mayo, el Gobierno decretó estado de emergencia en Bocas del Toro para reabrir las vías bloqueadas sin acciones violentas y atender las crisis social y económica que enfrenta la provincia.
El sindicato mantuvo un paro de labores y cierres de vías en distintos puntos de Bocas del Toro desde el pasado 28 de abril, rechazando la Ley 462 y exigiendo la revisión de la Ley 45 de 2017, que establece la normativa de pensiones para el sector bananero y que, de acuerdo con los miembros del sindicato, fue trastocada por la Ley 462.
Dicha huelga fue declarada ilegal por el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola el 19 de mayo, sin embargo, el sindicato apeló dicha decisión. Hasta el momento no se conoce cómo va el proceso.
El acuerdo llega después de varias semanas de diálogo con distintos ministros.
La acción mas reciente, la carta que el presidente Mulino envió a Smith con el arzopispo de Panamá, José Domingo Ulloa, con el fin de buscar un diálogo que lograra un cese definitivo a las acciones de protesta en Bocas del Toro.
Anteriormente, una comisión de alto nivel del Órgano Ejecutivo, conformada por cinco ministros, intentó lograr acuerdos con el sindicato en Changuinola, Bocas del Toro, pero no hubo resultados.
Como efecto de la huelga, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, reveló el lunes 2 de junio que la empresa Chiquita Panamá había cesado completamente sus operaciones administrativas en Bocas del Toro.
Muñoz informó que se desvinculó a unas 60 personas que formaban parte del equipo administrativo.
El pasado 22 de mayo, Chiquita Panamá e Ilara Holding ya habían anunciado el despido de todos los trabajadores diarios en sus fincas de Changuinola.
La empresa atribuyó la medida al abandono de funciones y advirtió que las pérdidas económicas -para ese momento- superaban los 75 millones de dólares, con daños “irreversibles” en la producción bananera. Esto implicaba que 5,000 obreros perderían sus empleos, pero hasta el momento, sólo 40 personas han retirado sus cheques de liquidación.
También, el pasado 12 de mayo, la empresa anunció el cierre de sus oficinas en Changuinola, con el traslado del personal administrativo de alto nivel a Costa Rica “de forma temporal”.
De igual forma, el mandatario afirmó el 29 de mayo en conferencia de prensa que solo enviaría una iniciativa de revisión a la Asamblea Nacional si se levantaban los cierres:“Al minuto que levantan los paros de manera permanente, esa ley [45] va para la Asamblea. No voy a mandar una ley cuando Changuinola sigue trancada. Se lo hemos dicho al señor [Francisco] Smith en todos los idiomas”.
