La empresa canadiense Corporación Franco-Nevada, que reclama una compensación al Estado panameño por 5 mil millones de dólares debido al cierre de la mina de cobre, indicó que estaría dispuesta a suspender el arbitraje si se dan las condiciones necesarias sobre la mesa que permitan resolver la coyuntura actual que mantiene suspendida la operación.
En 2016, Franco-Nevada firmó un acuerdo con First Quantum, mediante el cual se comprometió a desembolsar mil millones de dólares para financiar la construcción del proyecto minero ubicado en una concesión de 13 mil hectáreas en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, provincia de Colón.
Con este acuerdo, que tenía una duración de 20 años, Franco-Nevada tenía la opción de comprar parte del oro y la plata extraídos por Minera Panamá, filial de First Quantum, a un precio inferior al valor de ambos minerales en el mercado internacional.
Durante una conferencia telefónica sobre los resultados financieros del primer trimestre, Paul Brink, presidente y director ejecutivo de Franco-Nevada, fue consultado por analistas del mercado sobre la posibilidad de que la empresa siguiera el ejemplo de First Quantum y suspendiera la demanda de arbitraje contra Panamá, tal como lo habpia solicitado el presidente José Raúl Mulino para iniciar conversaciones sobre el futuro del proyecto.
Ante la pregunta, Brink aclaró que, en caso de tomarse una decisión, se trataría de una suspensión y no de una cancelación del proceso. Aunque no ofreció mayores detalles, señaló que primero deben darse las condiciones necesarias para que la empresa decida el futuro de la demanda que interpuso el 12 de julio de 2024 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
“No quiero entrar en detalles sobre cuáles serían esas condiciones, pero en general, queremos asegurarnos de que la mesa esté preparada para la negociación y que ambas partes estén listas para empezar”, dijo el presidente de la empresa canadiense.
La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino señaló que por el momento no hay novedades sobre el futuro de la mina de cobre, mientras que el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó que continúa revisando el plan de gestión segura presentado por la minera el año pasado.
Ese plan contiene los pasos a seguir mientras la mina está fuera de operaciones, y Moltó añadió que posteriormente se analizará la parte legal para facilitar la exportación de las más de 120 mil toneladas de concentrado de cobre que permanecen almacenadas en Donoso.
En diciembre de 2024 se completó la conformación del panel arbitral que deberá tomar la decisión sobre la demanda interpuesta contra Panamá por Franco-Nevada, en caso de no lograrse un acuerdo.
El italiano Luca Radicati fue designado como presidente del tribunal; el alemán Klaus Sachs fue escogido por la empresa canadiense; mientras que el Estado panameño designó al colombiano-estadounidense José Antonio Rivas.
El 4 de abril pasado, el tribunal arbitral emitió la Orden Procesal No. 2 sobre transparencia y confidencialidad, como parte de los pasos previos para que ambas partes presenten sus descargos.
Durante la llamada, Brink confirmó que ha sostenido reuniones con representantes del gobierno panameño, las cuales calificó como productivas.
“Tengo muchas esperanzas de que las negociaciones con First Quantum puedan comenzar pronto. También me animaron algunos comentarios del presidente José Raúl Mulino, quien dijo que le gustaría ver que la situación con la mina se resolviera para fin de año. Así que creo que esa es la situación. En cuanto a nuestro propio proceso de arbitraje y la suspensión, hemos mantenido conversaciones con representantes del gobierno. Han sido productivas, pero no tenemos nada que informar al respecto en este momento”, dijo.
Sobre las palabras del presidente Mulino, quien ha expresado su intención de que cualquier acuerdo relacionado con la mina de cobre no se base en un contrato ley que deba pasar por la Asamblea Nacional, el presidente de Franco-Nevada aclaró que su empresa es un financiador del proyecto y que cualquier negociación sobre el futuro de la mina corresponde exclusivamente a First Quantum.
“En cuanto a la propiedad, como bien sabe, First Quantum y también KOMIR son los propietarios de los activos. Por lo tanto, cualquier negociación se realiza con esas partes. Somos financiadores de este proyecto. No tenemos un lugar en la mesa. Como usted mencionó, obviamente tenemos derecho a arbitraje. Como dije, hemos mantenido algunas conversaciones con representantes del gobierno, pero no tenemos nada que informar al respecto”, explicó.
KOMIR aparece en escena
A inicios de 2024, medios de Corea del Sur reportaron que la empresa Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. (KOMIR), que posee el 10% de la concesión de 13 mil hectáreas ubicadas en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, estaría evaluando demandar al Estado panameño por el cierre del proyecto. En su momento, se indicó que la compensación podría rondar los 700 millones de dólares.
Desde entonces, poco se conocía sobre sus intenciones, hasta que la semana pasada se registró formalmente en el Ciadi la demanda contra Panamá, con base en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República de Corea (Corea del Sur) y los países de Centroamérica que forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
El tratado fue firmado en 2018 y ratificado por Panamá en 2019.
El registro del Ciadi indica que la demanda fue interpuesta el 9 de mayo, y que ese mismo día se suspendió de conformidad con el punto 7 del artículo 54 del Reglamento de Arbitraje, misma disposición que se aplicó al proceso iniciado por First Quantum contra Panamá, suspendido el 11 de abril pasado.
El punto 7 del artículo 54 establece que “el secretario general suspenderá el procedimiento en virtud del párrafo 1 (cuando el Tribunal lo suspenda por acuerdo de las partes) o prorrogará la suspensión conforme al párrafo 5 (cuando el Tribunal extienda el período de suspensión antes de su vencimiento por acuerdo de las partes), en caso de que aún no se haya constituido el Tribunal o exista una vacante en el mismo. Las partes deberán informar al secretario general sobre el período de suspensión y cualquier otro término acordado entre ellas”.
Aunque en el sistema del Ciadi no se informa el monto de la reclamación, fuentes oficiales comentaron que el Estado panameño fue notificado por el organismo el 24 de abril pasado del arbitraje presentado por KOMIR, y que el monto de la reclamación asciende a 2 mil millones de dólares.
Este monto se sumaría a los más de 20 mil millones de dólares que solicitó First Quantum en su arbitraje, actualmente suspendido, y a los 5 mil millones de dólares que demanda Franco-Nevada.
Adicional a estos procesos, la también canadiense Orla Mining reclama otros 400 millones de dólares por la no renovación de sus permisos para extraer oro en Cerro Quema, provincia de Los Santos.
Aunque el arbitraje presentado por Orla no está vinculado a la mina ubicada en Colón, la no renovación de la concesión fue consecuencia de la moratoria minera aprobada el 3 de noviembre de 2023, como parte de los intentos del gobierno del expresidente Laurentino Cortizo de aplacar el malestar de los grupos opositores al contrato firmado con First Quantum, el cual fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 28 de ese mismo mes.
En su fallo, los nueve magistrados determinaron que el documento violaba 25 artículos de la Constitución Política de Panamá.
Consultado sobre el futuro de la mina, el presidente de Franco-Nevada comentó que todavía no existe un cronograma definido, pero destacó tres elementos clave en el corto y mediano plazo.
“Hay tres elementos clave: uno es la aprobación del plan de preservación y mantenimiento seguro; el otro es el envío del concentrado, y el tercero es la reanudación de la central eléctrica. El gobierno ha indicado que está abierto a que todo esto siga adelante, pero aún no lo ha hecho. Así que espero que en los próximos meses veamos todo esto concretarse”, señaló.
