Panamá no logra el equilibrio fiscal recomendado por las calificadoras de riesgo y bancos de inversión. A pesar de que los ingresos totales crecieron 9% durante el primer trimestre del año, los gastos aumentaron a una mayor velocidad: un 10.8%.
Este desbalance entre ingresos y gastos dejó un déficit fiscal de $1,441 millones, lo que representa un aumento de 14.3% frente al registrado en igual periodo del año pasado. Mientras los ingresos totales sumaron $3,460 millones entre enero y marzo, los gastos alcanzaron los $4,901 millones.
Con este resultado, el balance primario —que permite conocer si un país cuenta con los recursos necesarios para cubrir sus gastos, sin incluir el pago de intereses de su deuda— cerró al mes de marzo en -0.53%.
Economistas consultados comentaron que el balance primario permite conocer si el país está manejando bien sus finanzas antes de considerar la carga de la deuda. Un déficit primario persistente es una señal de que el país tiene un problema estructural: gasta más de lo que genera, incluso antes de pagar intereses, agregaron.
A diferencia de Panamá, países como Costa Rica y República Dominicana, ambos en carrera para alcanzar el grado de inversión, registran un balance primario de +0.9% y +0.2%, respectivamente, lo que demuestra que, a pesar del incremento en gastos sociales, cuentan con el flujo de caja necesario para cubrir la operación del Estado.
En el caso de Panamá, al final del primer trimestre los gastos —sin incluir el pago de intereses— superaron en 486.7 millones de dólares los ingresos.
Un punto que preocupa a las calificadoras de riesgo es el porcentaje que el país destina al pago de intereses relacionados con su deuda, que al cierre de marzo sumaron 954.3 millones de dólares, cifra que representa el 27% de los ingresos. Esto implica un incremento de 2 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado.
Al ser consultado sobre el balance financiero del primer trimestre, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, comentó que los resultados a marzo están en línea con lo que se había proyectado tanto en ingresos como gastos para el periodo de enero a marzo.
“Ambos rubros crecieron 9.4% y 10.8%, respectivamente contra el 2024 y continuaremos monitoreando el comportamiento de los gastos e ingresos para asegurarnos de cumplir con el requerimiento de -4% de déficit en el 2025″, comentó Chapman.
¿A dónde se fue el dinero?
Los principales gastos del Sector Público No Financiero (SPNF) durante el primer trimestre de 2025, sin incluir lo pagado en intereses, se concentraron en transferencias corrientes, servicios personales e inversión pública.
Las transferencias sumaron 1,091.2 millones de dólares y estuvieron dirigidas principalmente a la Caja de Seguro Social (CSS), que recibió 464.8 millones de dólares; al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), con 78.4 millones; a la Universidad de Panamá, con 80.7 millones; y al programa de transferencias monetarias 120 a los 65, que recibió 42.6 millones.
También se canalizaron fondos a subsidios sociales y otras entidades del sector público.
Por su parte, los servicios personales —que incluyen salarios, cargas sociales y otros pagos al personal estatal— representaron un gasto de $1,069.5 millones, lo que equivale al 30.9% de los ingresos totales registrados por el Estado durante el trimestre, que ascendieron a $3,460.4 millones.
En cuanto a los gastos de capital, estos alcanzaron un total de $1,113.1 millones y corresponden a inversiones del Estado en infraestructura, bienes duraderos y proyectos que buscan ampliar o mejorar la capacidad de los servicios públicos.
Dentro de esta categoría, $543.8 millones fueron ejecutados como inversión directa y $289.6 millones como transferencias de capital a otras entidades. Entre los beneficiarios destacaron el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), que recibió $58.7 millones; varias empresas públicas, con $59.9 millones; y la Universidad de Panamá, con $20.9 millones.
Además, se asignaron $206.6 millones a agencias no consolidadas y a programas de desarrollo social e infraestructura en distintas regiones del país.
Las agencias consolidadas son entidades descentralizadas del Estado cuyas finanzas forman parte del presupuesto y del balance fiscal del Gobierno General. Algunas de ellas, además del IFARHU y la Universidad de Panamá, son el Banco Hipotecario Nacional (BHN), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). Estas instituciones ejecutan funciones públicas en sectores clave como vivienda, agricultura, formación técnica y desarrollo social.
Ingresos corrientes
Del total de los ingresos reportados al cierre de marzo, $1,995.6 millones correspondieron a ingresos corrientes del Gobierno Central. De ese monto, $933 millones provinieron de impuestos directos —como el impuesto sobre la renta— y $665 millones de impuestos indirectos, entre ellos el ITBMS y gravámenes sobre el consumo de combustibles.
Por su parte, los ingresos no tributarios alcanzaron $397.7 millones, es decir, el 19.9% del total, y corresponden a tasas, derechos, dividendos y otras contribuciones que no provienen del sistema impositivo tradicional.
Ambos tipos de ingresos crecieron respecto al primer trimestre de 2024, siendo más notable el aumento en los no tributarios, que subieron 16%, mientras que los tributarios lo hicieron en 7.3%.
Este resultado va en línea con lo esperado por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, que ha planteado mejorar el perfil fiscal del país mediante una mayor eficiencia en la recaudación.
Aunque entidades bancarias como Citi han señalado la necesidad de que Panamá implemente una reforma fiscal para ampliar los ingresos y reducir su dependencia de nuevos financiamientos, Mulino ha asegurado que su administración no tiene planes de aumentar los impuestos en ninguna categoría.
Esteban Tamayo, economista de Citi para la región andina, señaló que el Gobierno panameño está enfocado en obtener financiamiento de corto plazo mediante emisiones locales y préstamos bancarios, en un intento por evitar los altos intereses del mercado internacional. No obstante, advirtió que debe haber un aumento de ingresos o un recorte significativo de gastos para alcanzar el equilibrio fiscal. Este giro hacia préstamos bancarios de menor plazo, en lugar de emisiones estructuradas, podría limitar la capacidad del Estado para manejar su deuda con mayor previsibilidad.
Por su parte, la calificadora de riesgo Fitch Ratings ha señalado que es poco probable que el Gobierno logre su meta de déficit fiscal de 4% para 2025, luego de cerrar en 7.35% el año pasado. Tanto Fitch como Citi coinciden en que las metas oficiales serían difíciles de alcanzar sin la implementación de una reforma tributaria.
Todd Martínez, director senior de riesgo soberano en Fitch, comentó que el Gobierno no podrá cumplir con su meta fiscal si no aplica una reforma tributaria, elimina varias exenciones, frena el gasto, revisa los subsidios y mejora de forma efectiva la recaudación de impuestos.
Al cierre del primer trimestre, el déficit representó el 1.56% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal proyectado para finales de 2025, que se estima en 92,604 millones de dólares. Si el Gobierno cumple con su meta anual de déficit de 4%, esto implicaría que los gastos superarían a los ingresos totales en aproximadamente 3,500 millones de dólares.
En 2024, el déficit fiscal alcanzó los 6,416 millones de dólares, como resultado de una recaudación de impuestos por debajo de la cifra proyectada por la pasada administración.
Uno de los elementos que más preocupa a los analistas es el creciente peso del servicio de la deuda. Solo en el primer trimestre, el país destinó 954.3 millones de dólares al pago de intereses, cifra que representa el 27% de los ingresos totales, dos puntos porcentuales más que en igual periodo del año pasado.
Esto significa que uno de cada cuatro dólares recaudados se destinó únicamente al pago de intereses, antes de invertir en salud, educación o infraestructura.
El Gobierno mantuvo también un ritmo elevado de inversión pública durante el primer trimestre, con un gasto de capital que superó los 1,113 millones de dólares, pese a que el déficit primario —que excluye el pago de intereses— fue de 486.7 millones de dólares. Esto refleja que parte de la inversión se está financiando sin ingresos suficientes, lo que amplía el desequilibrio fiscal estructural.
Valor Razonable
Carlos Araúz, economista
La foto de los resultados genera emociones mixtas. Por un lado, hay que reconocer que hay una gestión de recaudación impositiva tributaria mucho mejor que la del año pasado para el mismo período de tiempo; sin embargo, en el ajuste de gastos nos estamos quedando atrás. Y eso tiene que ver mucho también con el dinamismo de la economía panameña.
Si se remueve el sector minero, la mayoría de los sectores estaban reportando un crecimiento importante y un momentum potente en los primeros tres meses del año.
Pero también, entonces, eso es contrarrestado por cierres, huelgas, paros y, lamentablemente, el mensaje que se envía no es de confianza para el inversionista local y para el inversionista extranjero. Entonces, cuando se mezclan esos elementos en la ecuación fiscal, se traslada a menos impuestos o a menos ingresos para el Estado y también a gastos que son injustificables.
Los ajustes, por ejemplo, a los salarios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde se vio un esfuerzo por parte del Contralor de la República por limitarlos o no procesarlos, dejan un mal sabor, porque pareciera un juicio contradictorio. Estamos tratando, sí, de crecer, pero al mismo tiempo, entonces, aumentamos planillas, aumentamos gastos. La Asamblea de Diputados sigue gastando de manera inmisericorde.
Entonces, para efectos de lo que sigue, tenemos que asegurarnos de que el dinamismo económico prevalezca para que se puedan generar fuentes de ingresos. Creo que hay que apostar mucho al planeamiento de la deuda. Se nota claramente que la composición de la deuda cambia en los primeros tres meses del año para buscar mejores tasas de interés a nivel local.
Se nota que hay una amortización importante de deuda a nivel internacional, porque ha sido mucho más cara. ¿Qué tanto peor pudo haber sido esa línea de gastos de intereses si la estrategia no se hubiera cambiado? Vaya, porque somos un país muy endeudado, y en la medida que la deuda sigue subiendo incontrolablemente, lamentablemente, tenemos que pagar más intereses. Así que: mejor recaudación, no tan bueno el renglón de los gastos.
Seguimos gastando de manera agresiva y, por otro lado, la austeridad no termina de generar el impacto que se requiere, porque también somos un país altamente endeudado que tiene que pagar intereses. La comunidad internacional vive momentos de mucha incertidumbre. Desconocemos el impacto final de las barreras arancelarias.
La guerra China–Estados Unidos está a flor de piel. Todavía no inician las negociaciones entre esos dos países para poder acabar con este momento de poca sanidad financiera a nivel internacional.
Y en Panamá tenemos que concentrarnos, entonces, en ejecutar infraestructura, inversiones y, en la trifecta, pasar el tema de la Caja de Seguro Social, reglamentar esa ley, procurar que ya no sea motivo de más interrupciones en la cotidianidad, porque eso también resta potencia económica al país, y encarar con responsabilidad las conversaciones sobre el sector minero, la operación de Minera Panamá y el acceso de agua para el Canal de Panamá y su operación.
Tenemos todo, todo para ajustar el tamaño del Estado, para modificar hacia eficiencia y encontrar la manera de que estos resultados dentro de tres, seis y nueve meses sean mejores, para cumplir también con el anhelo de mantener el grado de inversión.
De no ver ajustes trascendentales en los próximos nueve meses, de aquí a fin de año, lamentablemente, el grado de inversión pasará a ser una conversación ya de letra muerta.
