El balance fiscal que hace el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revela un dato que las calificadoras, bancos de inversión y economistas estaban esperando. Aseguran que el déficit fiscal del sector público no financiero al cierre de 2023 fue de $2,462.5 millones.
Esta cifra equivale al 2.95% del producto interno bruto (PIB) nominal, estimado en $83,486 millones para 2023.
De este modo, se ha alcanzado el límite establecido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que estipula que para el año 2023 el déficit no debe superar el 3%.
El déficit en las cuentas públicas ocurre cuando los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos del Gobierno.
Según la información preliminar del MEF, los gastos totales del sector público no financiero ascendieron a $17,611 millones, mientras que los ingresos alcanzaron los $15,148 millones.
Los ingresos mencionados incluyen el pago de $562.8 millones realizado por Minera Panamá, S.A. en noviembre pasado, en lo que sería su última contribución antes de que se declarara inconstitucional su contrato de concesión con el Estado.
Además, se contabilizan los $500 millones obtenidos por la venta de terrenos estatales al Canal de Panamá.
Dichos fondos proporcionaron un respiro a la administración de Laurentino Cortizo, pero son ingresos no recurrentes.
En cuanto a los gastos totales, es destacable el vertiginoso aumento en el pago de intereses de la deuda, que ascendió a $2,147 millones al cierre de 2023, representando una diferencia de $829.5 millones o un 63% más respecto al año 2022.
En caso de déficit en las cuentas del sector público, es decir, cuando los gastos superan a los ingresos, el Gobierno se ve obligado a adquirir deuda para equilibrar la situación.
Conforme la deuda crece, también aumenta el gasto en intereses, generando presión sobre el presupuesto.
Justo después de que el Gobierno publicara el balance fiscal preliminar de 2023 durante el fin de semana de Carnaval, el banco de inversión Morgan Stanley realizó un análisis del panorama fiscal panameño, señalando que el déficit ha sido una preocupación clave después del conflicto minero a finales del año pasado.
Según el banco de inversión, aunque el informe preliminar del MEF indique que se ha cumplido con la ley de responsabilidad social fiscal, persiste la incertidumbre, porque “siguen viendo altos riesgos para las finanzas públicas en el futuro”, especialmente con un proceso electoral que podría implicar un período de mayores gastos estatales.
Efecto sorpresa
Para el banco de inversión, el cumplimiento de la norma fiscal fue una “sorpresa”.
El informe completo de finanzas públicas aún no ha sido publicado por Ministerio de Finanzas, pero Morgan Stanley espera que una vez se publique, se incluyan los detalles adicionales sobre lo que impulsó los datos.
“El déficit menor de lo esperado fue impulsado por un aumento en los ingresos, tras una combinación de ingresos tributarios excepcionalmente altos y recaudaciones de empresas públicas en el cuarto trimestre”, indicó el reporte.
Llama la atención que los ingresos corrientes fueran por $10,674.8 millones, lo que representa un alza de 15% o $1,382.4 millones adicionales a los recaudados en el 2022, tras el malestar social que comenzó en octubre ante el rechazo del contrato minero, lo que en ese momento contrajo la economía.
“Las elecciones de mayo deberían mantener elevado el gasto en el primer semestre del año. Entonces vemos riesgos de que una nueva administración haga concesiones a presiones sociales y mantenga el gasto alto”, precisó el banco.
Al mismo tiempo, observan otros riesgos para el crecimiento económico este año asociado con las operaciones de cierre de la mina de cobre de First Quantum.
