Según su definición, los principales objetivos del gobierno corporativo son garantizar la transparencia, la eficiencia, la rendición de cuentas y una adecuada gestión de riesgos en las organizaciones donde se aplica, ya sean privadas o estatales.
La Prensa conversó con Temístocles Rosas, quien recientemente asumió la presidencia del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP), para conocer cuánto ha avanzado el país en su aplicación a nivel privado y estatal, y qué habría ocurrido si se hubiese adoptado en entidades que en los últimos años han estado en la palestra pública por sonados casos de corrupción.
¿Cuánto ha avanzado el gobierno corporativo en Panamá?
En 2008 se fundó el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá con el propósito de promover buenas prácticas de gobernanza en las empresas, para fomentar condiciones de transparencia, credibilidad y rendición de cuentas, aspectos que antes no se priorizaban.
Actualmente, el Instituto cuenta con más de 300 asociados y ha sido impulsor de prácticas ejemplares que han servido de referencia para organismos reguladores. El progreso ha sido significativo, considerando que inicialmente solo contaban con cinco afiliados.
Hoy en día existe interés en el sector privado por aplicar los principios del gobierno corporativo, así como en organizaciones no gubernamentales, gremios empresariales y empresas familiares.
Hemos hecho un esfuerzo por generar conciencia en el empresariado panameño sobre la importancia de estas buenas prácticas, que permiten realizar negocios más sólidos, facilitan el acceso al crédito y fortalecen la reputación empresarial.
¿Y a nivel estatal, cuál es la realidad?
Los entes reguladores como la Superintendencia de Bancos, de Seguros, y los encargados de supervisar a sujetos no regulados, así como empresas estatales como Tocumen, Etesa y ENA, junto con entidades supervisadas como bancos y aseguradoras, presentan un cumplimiento considerable en materia de gobierno corporativo.
También destaco el trabajo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) con la publicación de las planillas institucionales. No obstante, aún queda mucho por avanzar.
¿Qué hace falta para implementar ampliamente el gobierno corporativo en el Estado?
Se requiere voluntad, en primer lugar, y en segundo lugar, reformas estructurales. Existe un código de ética para los funcionarios, pero ¿qué sucede si no se cumple? Es clave hacer que ese código se respete y aplicar sanciones cuando sea necesario para prevenir actos de corrupción, que si bien siempre pueden ocurrir, se reducirían notablemente con una aplicación más rigurosa del gobierno corporativo.
El gobierno corporativo ayuda a evitar la discrecionalidad y la subjetividad en la toma de decisiones, previene conflictos de interés y unifica criterios, por ejemplo, en la aprobación de permisos y trámites.
El funcionario debe comprender que su función no depende de su juicio personal. Aunque se han logrado avances y el país se orienta en esa dirección, aún queda mucho por hacer.
En la sociedad, el concepto de gobierno corporativo sigue siendo poco comprendido y, en el ámbito empresarial, suele percibirse como algo exclusivo de grandes compañías, cuando en realidad es aplicable al entorno familiar y organizaciones de cualquier tamaño. Esa es precisamente una de las metas del IGCP.
¿Qué habría sido diferente en el IFARHU y la Caja de Seguro Social si se hubiese aplicado el gobierno corporativo?
La realidad habría sido distinta. El gobierno corporativo cubre vacíos normativos. En el caso del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), específicamente en el tema de los auxilios económicos, el problema no era si los beneficiarios tenían derecho, sino si se cumplía el propósito institucional de apoyar a quienes realmente necesitan respaldo estatal para continuar sus estudios.
Preguntas como si el beneficiario debía devolver el dinero, o si tenía capacidad económica para costear su educación, no fueron debidamente abordadas. Son zonas grises que el gobierno corporativo puede clarificar mediante procesos éticos y transparentes.
En la Caja de Seguro Social ocurría algo similar: antes de la Ley 462, los procesos eran poco claros y se prestaban a decisiones subjetivas. Por ejemplo, si un director deseaba consultar información sobre la compra de un medicamento, no podía acceder a ella si la mayoría de la junta directiva no lo autorizaba.
Ya hemos conversado con el director Dino Mon y con el presidente de la junta directiva, Ricardo Sotelo, para ofrecer programas y talleres que faciliten la aplicación del gobierno corporativo en la institución, mejorando así su transparencia.
La imagen internacional del país se ha deteriorado; una calificadora incluso retiró el grado de inversión. ¿Puede el gobierno corporativo revertir esta situación?
En el entorno actual, la reputación y el riesgo son determinantes en todos los ámbitos, y el gobierno corporativo contribuye a mejorar ambos factores.
Cuando no hay claridad en la gobernanza de una empresa o del Estado, las condiciones de crédito tienden a empeorar. Hemos trabajado con exportadores que deben cumplir estándares de sostenibilidad y gobernanza para poder acceder a nuevos mercados.
No se trata únicamente de un asunto económico o fiscal. El gobierno corporativo también atiende el riesgo reputacional, que hoy influye directamente en la continuidad de las operaciones.
Su enfoque está en evitar los conflictos de interés y prácticas como el ‘juega vivo’, que tanto daño hacen al país. Si aspiramos a una sociedad donde las leyes se respeten, esto debe erradicarse. Aunque no todos estén de acuerdo con una norma, esta debe cumplirse.
En los últimos 15 años hemos logrado avances. Aún queda mucho camino por recorrer, pero ya se han visto señales claras: la sociedad ha expresado su descontento ante decisiones tomadas por las autoridades, y en el ámbito empresarial cada vez hay más casos de éxito por adoptar el gobierno corporativo. Esto ha despertado el interés de más organizaciones por implementarlo, al ver los resultados de una buena gobernanza.
¿Qué planes tiene el IGCP para este año de gestión?
Uno de los objetivos es crear nuevas alianzas, incrementar la membresía y desarrollar más programas de capacitación. También buscamos acercarnos a las juntas directivas de empresas privadas y públicas, ya que es fundamental que la alta dirección comprenda la relevancia del gobierno corporativo para que toda la organización lo interiorice.
A nivel gubernamental, ya firmamos un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas, y con la Caja del Seguro Social planeamos abordar el tema de la gobernanza, uno de los pilares de la Ley 462 que reformó sus lineamientos.
Seguiremos fortaleciendo convenios con organizaciones profesionales y universidades, porque es esencial que los estudiantes comprendan la importancia de actuar con ética y transparencia en los negocios. La rendición de cuentas es clave para el éxito profesional. Sin buenas prácticas, no se puede alcanzar una carrera sólida y respetada.
Como desde su fundación, el Instituto continuará trabajando para transformar la sociedad mediante la promoción de las mejores prácticas de gobierno corporativo, con la misión de generar un entorno inclusivo y justo, basado en la confianza, la transparencia y la honestidad.
