Hace algunas semanas, en su columna semanal de opinión, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) hizo un urgente llamado de atención a la necesidad de mejorar el clima para la inversión privada en el país, atraer inversión extranjera directa (IED) al país y generar empleos formales.
A la Cciap le preocupa que la IED en los últimos dos años no ha superado los $2 mil millones, cuando antes de la pandemia marcaba cifras por arriba de los $4 mil millones, y el hecho de que para que nuestro país realmente sienta los efectos de esa inversión la misma debería alcanzar los $5 mil millones anuales.
La economía panameña perdió capacidad para generar empleos dignos porque se deterioró la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. La pandemia no creó el fenómeno, lo visibilizó. En 2017, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó 445 mil nuevos contratos laborales versus 240 mil en el 2022. Es decir, 205 mil contratos menos en 5 años, al tiempo que pasamos de generar unos 1,900 informales por mes (2017) a más de 10 mil en el 2022.
Se generó empleo formal donde hubo inversión, como minería, energía y educación, pero 90% de la contracción laboral ocurrió en 4 sectores: construcción (50%), hoteles y restaurantes (19%), comercio (14%) e información y comunicaciones (7%), reducciones directamente relacionadas a menores niveles de inversión privada.
Mientras que, por un lado, luego de un largo y complicado proceso de negociación, el contrato entre el Gobierno y Minera Panamá, la mayor IED existente en el país, todavía debe ser ratificado por la Asamblea Nacional, otros países están reaccionando rápida y agresivamente buscando oportunidades de mercado, atrayendo nuevos capitales y empleos formales.
Por ejemplo, a raíz del colapso de los flujos de mercancía provenientes de China, particularmente hacia los Estados Unidos, producto de la pandemia del covid-19, la relocalización de empresas o “nearshoring” comenzó a ser explorada como oportunidad de negocio.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el nearshoring representa para América Latina un impacto económico de $78 mil millones a corto y mediano plazo. México ha sabido capitalizar estas oportunidades y para el primer trimestre del 2023 atrajo $13 mil millones en nueva IED, 75% de la inversión extranjera recibida en el 2022.
Este “boom” ha elevado hasta en 400% la oferta de empleo en los estados del norte de México, principalmente en localidades fronterizas. El anuncio de la mega fábrica de Tesla en Monterrey ($5 mil millones, 6 mil empleos) y los planes de expansión de BMW ($875 millones) subrayan la perspectiva de crecimiento para el mercado industrial de México.
El éxito de México no se circunscribe al nearshoring. En febrero 2023, el Gobierno anunció que su IED en Turismo rompió récord histórico con $3,447 millones en 2022, triplicando los niveles de 2019 ($1,091.4 millones) y duplicando su máximo histórico alcanzado en el 2017 ($1,645.4 millones).
Por su parte, los flujos de IED en República Dominicana alcanzaron $3,802.2 millones durante el 2022, superando así los niveles de 2021 en un 22.57%, de 2019 en un 25.85%, y su monto más alto registrado en 2017, (US$3,500 millones, en 6.5%).
Finalmente, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), anunciaron que durante el 2022, Costa Rica logró sumar 101 proyectos de IED que generaron 22 mil empleos netos, destacando nuevas inversiones provenientes países como Canadá, Chile y Alemania.
Panamá ha venido instrumentando iniciativas para atraer IED. Desde su creación a través de la Ley No. 41 del 2007, el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) ha atraído a 189 organizaciones, generando una inversión directa acumulada de unos $1,200 millones y 7 mil empleos. Adicionalmente, con el Decreto Ejecutivo No.33 del 4 de febrero de 2021, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley EMMA, orientada a atraer IED en el área de manufactura.
La minería, energía y servicios financieros seguirán atrayendo IED y generando empleos formales, pero sectores estratégicos siguen siendo “cenicientas”. No tiene sentido hablar del “potencial” logístico (61% de informalidad laboral) y turístico (62%) de Panamá si no somos capaces de atraer las inversiones para hacerlo realidad. Potencial sin inversión es “ilusión”.
La ratificación del contrato con la minera pudiera significar un “antes y un “después” ¿Qué más pudiéramos hacer para revertir la tendencia negativa en los flujos de IED y transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio?
El autor es consultor laboral
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