La Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto preliminar de 31.5 millones de dólares para el año 2026, que incluye tanto funcionamiento como inversión.
Su administrador, Adolfo Fábrega, explicó que gran parte de estos fondos se destinará al mantenimiento y expansión de plataformas tecnológicas, con el fin de modernizar el Estado panameño. A ello se suma la necesidad de reforzar la lucha contra los ciberataques.
Este año, la entidad ha realizado avances en materia de plataformas. Desde el pasado 17 de junio, los panameños y residentes en el país pueden descargar en sus teléfonos inteligentes la plataforma Panamá Conecta, que centraliza los trámites y servicios más utilizados por la población. El objetivo es agilizar los procesos y digitalizar completamente la gestión pública.
El propio administrador de la AIG detalló que, en los próximos doce meses, esperan que más de 100 trámites estén incluidos en Panamá Conecta, y que posteriormente se alcance un total de más de 385 procedimientos digitalizados.
A través del portal es posible solicitar becas del Ifarhu mediante transferencia ACH, gestionar contratos y cartas de renuncia ante el Mitradel, registrar emprendimientos en Ampyme, entre otros trámites. El proyecto ha costado 149 mil dólares hasta la fecha, incluyendo una licitación por 50 mil dólares adjudicada a la empresa Rootstack para su desarrollo.
La ciberseguridad
No obstante, dentro del presupuesto de 2026, la AIG tiene previsto invertir con fuerza en ciberseguridad, especialmente en la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés), cuya función será detectar y prevenir incidentes cibernéticos antes de que ocurran. “Actualmente, solo contamos con un equipo reactivo de cinco personas. Eso ya no es suficiente”, admitió.
El SOC busca cambiar el enfoque: de reaccionar ante incidentes a anticiparse a ellos. Fábrega detalló que el presidente José Raúl Mulino firmó, hace tres semanas, el decreto que autoriza la creación de este centro. Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, ya se han adjudicado contratos por 3.3 millones de dólares para adquirir herramientas tecnológicas avanzadas.
El proyecto del SOC requerirá cerca de 4 millones de dólares dentro del presupuesto de 2026. Aparte de ello, la AIG planea aumentar su presupuesto de funcionamiento de 5 a 7 millones de dólares, principalmente por ajustes legales relacionados con la Caja del Seguro Social. El resto —entre 23 y 25 millones— se destinará a inversión tecnológica.
Fábrega defendió que el gasto en tecnología no es un lujo, sino una inversión estratégica. “Está demostrado que por cada dólar invertido en tecnología, se pueden generar ahorros de dos, tres o incluso cuatro dólares en costos operativos”, afirmó. Además de reducir gastos, las mejoras digitales también optimizan la atención al ciudadano.
Una de esas áreas de mejora es el pago de becas estudiantiles por parte del Ifarhu. Fábrega señaló que su equipo trabaja estrechamente con la institución para modernizar sus procesos, muchos de los cuales siguen siendo manuales. “Hasta hace poco, los pagos eran por cheque. Eso cambia con la implementación de transferencias bancarias por ACH”, explicó.
Algunos antecedentes
El Estado panameño ha experimentado con distintas plataformas tecnológicas para distribuir subsidios de manera más eficiente, especialmente tras las críticas por el uso manual y engorroso de cheques. Un ejemplo son los pagos de becas del Ifarhu o los subsidios que entrega el Mides.
En el año 2020, la empresa Telered, mediante la Tarjeta Clave Social, permitía al Ifarhu y a otras entidades enviar fondos directamente a los beneficiarios. La empresa, a través del Banco Nacional, cobraba por gestionar dicha plataforma.
Posteriormente, con la llegada de la pandemia de covid-19 (años 2020) y la necesidad urgente de distribuir subsidios a más de 1.3 millones de personas confinadas por las restricciones de movilidad, la AIG recurrió a la plataforma Cédula D, un monedero digital. El contrato se le dio a la empresa Cable & Wireless (C&W), por la AIG.
A diferencia de la Tarjeta Clave, Cédula D no implicaba el uso de dinero físico ni cobros a los comercios: los beneficiarios recibían vales digitales y los comercios, luego de acumular estos vales, cobraban directamente al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Este servicio costó unos 5.5 millones de dólares anuales en aquel momento, pero fue desconectado cuando la AIG acumuló una gran deuda con la empresa.
Luego, la AIG contrató a la empresa Fintek para desarrollar una nueva plataforma digital llamada LISTO, la cual se ofreció de forma gratuita durante seis meses. En este caso, la empresa le cobraba al comercio, por los trámites. Sin embargo, fue interrumpida tras abrirse una investigación en el Ministerio Público, la cual sigue en curso.
Tras esto y con el cambio de Gobierno a finales de 2024, entidades como el Ifarhu y el Mides volvieron a emitir cheques manuales, con las consecuentes filas y retrasos. En 2025, Telered regresó como proveedor de la plataforma para subsidios. De hecho, el propio Mides informó que ha desembolsado este año aproximadamente 108.9 millones de balboas en subsidios durante dos rondas de pagos vía Tarjeta Clave Social en lo que va del año.
En las últimas décadas se han destinado aproximadamente 15 millones de dólares en plataformas tecnológicas estatales desde la AIG. Sin embargo, según Fábrega, en esta gestión (2024–2029) el objetivo es crear plataformas propias del Estado, capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos que impone la época.
