Recientemente, el Banco Mundial publicó su reporte ‘El estado de la región: América Latina y el Caribe’, donde se destaca el lento crecimiento económico y las presiones derivadas de la nueva política económica y migratoria de Estados Unidos, impulsada por el presidente Donald Trump.
El documento, en el que Panamá aparece con una proyección de crecimiento de 3.5% para este año y con mejores perspectivas para los próximos dos, señala que la mayoría de las economías latinoamericanas han regresado a los niveles de empleo previos a la pandemia, salvo algunas excepciones, entre ellas, Panamá.
En el caso panameño, el informe indica que, a mediados de 2024, la tasa de empleo aún no había alcanzado los niveles anteriores a la pandemia, ya que la relación empleo/población total se mantenía por debajo de la referencia de 2019, reflejando que la recuperación del mercado laboral todavía no se ha completado.
El documento resalta que tanto hombres como mujeres presentan tasas de empleo inferiores al nivel prepandemia, aunque la diferencia no es muy pronunciada en el caso de los adultos de edad intermedia (25 a 54 años).
Sin embargo, el rezago es más notorio entre los jóvenes de 15 a 24 años, quienes registran una caída significativa en su participación laboral en comparación con los niveles anteriores a la crisis sanitaria.
Aunque los trabajadores de mayor edad también presentan un leve descenso, la situación de los jóvenes evidencia un desafío persistente para el mercado laboral panameño en términos de inclusión y generación de oportunidades. Esta dinámica contrasta con la recuperación observada en otros países de Centroamérica.
En 2019, Panamá registró una tasa de desempleo de 7.1% y un nivel de informalidad laboral cercano al 45%, reflejando ya señales de enfriamiento en el mercado laboral antes de la pandemia. Sin embargo, entre agosto de 2023 y octubre de 2024, la situación se deterioró: la tasa de desempleo aumentó en 2.1 puntos porcentuales, pasando de 7.4% a 9.5%, mientras que la informalidad laboral alcanzó el 49.3%, la cifra más alta en los últimos 20 años.
Lo cierto es que, a pesar del avance registrado en los últimos años en la creación de nuevos puestos de trabajo, Panamá todavía está lejos de alcanzar los niveles de 2019 al inicio de 2025.
Estadísticas oficiales
Las estadísticas de la Contraloría General de la República indican que, durante los dos primeros meses del año, se inscribieron en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) un total de 46,731 nuevos contratos, con un promedio mensual de 23 mil, lo que representa un incremento de 9.5% en comparación con el año pasado.
Aunque la cifra es la más alta desde 2021, todavía está por debajo de los niveles de 2019 y 2020, cuando entre enero y febrero se registraron 69,404 y 56,163 nuevos contratos, respectivamente. Analistas consultados señalaron que la pandemia de covid-19 solo acentuó el desgaste que ya mostraba el mercado laboral panameño, pues entre 2018 y 2019 la inscripción de nuevos contratos había disminuido más de 10%.
Del total de contratos registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) durante los dos primeros meses del año, 24,573 fueron definidos, 12,034 indefinidos o permanentes, y 10,128 por obra terminada.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, señaló que, aunque la mayoría de los nuevos contratos son por carácter definido, es decir, vinculados a la duración de proyectos específicos o a necesidades temporales de las empresas, los datos reflejan el inicio del camino hacia la recuperación económica.
No obstante, advirtió que la empresa privada representa más del 80% de la inversión en la economía, por lo cual es necesario que exista estabilidad social, jurídica y económica para seguir creando puestos de empleo. “Eso es que podamos encontrar todos los sectores puntos en común mediante el diálogo sincero; poniendo a Panamá y los panameños primero, sin politiquería ni intereses mezquinos”, acotó Diez.
El presidente José Raúl Mulino valoró los resultados del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), que registró un incremento acumulado de 5% durante el primer trimestre, y adelantó que hay 33 proyectos de infraestructura que se materializarán este año y que tendrán un impacto importante en la generación de empleos.
Las obras mencionadas por Mulino incluyen proyectos de infraestructura para la construcción de instalaciones de salud, deportivas, suministro de agua, carreteras, entre otros.
Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), los sectores con mejor desempeño durante los dos primeros meses del año fueron transporte, almacenamiento y comunicaciones; comercio; intermediación financiera; industria manufacturera; agropecuario; suministro de electricidad y agua; pesca; y hoteles y restaurantes.
El resto de los sectores registró un comportamiento positivo, aunque en menor escala, a excepción de la construcción, que mostró una variación negativa. Precisamente, los proyectos anunciados por el presidente José Raúl Mulino buscan impulsar el dinamismo de la industria de la construcción.
El Banco Mundial señala que, si bien la creación de puestos de trabajo no depende únicamente del sector público y requiere la participación activa de las empresas, es crucial que los gobiernos prioricen la salud y el bienestar de la fuerza laboral, así como la inversión en atención médica, educación, capacitación para el desarrollo de habilidades, aire y agua limpios, transporte y energía, todo lo cual es necesario para que las personas y las empresas prosperen.
Estas inversiones en infraestructura, indica el Banco Mundial, sientan las bases para un crecimiento económico sostenido.
René Quevedo, experto en materia laboral y asesor empresarial, comenta que la generación de contratos laborales se ha visto afectada por la caída en la inversión privada y el aumento de las tasas de interés, derivado de la pérdida del grado de inversión otorgado por Fitch Ratings en marzo de 2024, luego del cese minero.
“Se estima que la contracción entre los años 2019 y 2024 superará los 4,600 millones de dólares, e incluye la eliminación de 900 millones de dólares anuales en compras de la operación minera a otros sectores de la economía, 2,165 millones de dólares menos en financiamientos bancarios al sector productivo y 1,600 millones de dólares menos en flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)”, indicó Quevedo.
Advirtió que la recuperación del empleo formal en Panamá sigue siendo frágil, y señaló que así lo demuestran los números: en 2024, el Ministerio de Trabajo tramitó casi 100 mil contratos menos que en 2019, afectando especialmente a los jóvenes.
Aunque en los dos primeros meses de 2025 se observa un leve incremento en el promedio mensual de nuevos contratos frente a 2024, para René Quevedo la incertidumbre sobre la inversión privada persiste. Comenta que, entre agosto de 2012 y octubre de 2024, se perdieron más de 24 mil empleos formales en el sector privado, mientras que se sumaron 63 mil funcionarios públicos y 264 mil trabajadores informales, reflejando un proceso de precarización y estatización del empleo.
“Cuatro de cada cinco nuevos empleos generados en Panamá durante ese período fueron informales, y el ingreso real de los trabajadores se ha visto afectado en todos los segmentos de población. La situación es particularmente grave entre los jóvenes de 15 a 29 años: el 60% labora en la informalidad, y quienes logran acceder a empleos formales perciben salarios promedio inferiores al resto de la economía”, explicó.
A su juicio, la posibilidad de revertir esta tendencia dependerá de mejorar la confianza para estimular la inversión privada y dinamizar la generación de empleos de calidad.
Para el Banco Mundial, además de las inversiones públicas, también se necesitan estructuras de gobernanza más sólidas, políticas de apoyo a las empresas y un entorno regulatorio predecible.
El organismo destaca en otro de sus informes que las políticas públicas más inteligentes y ambiciosas tienen el poder de crear un entorno favorable para que el sector privado pueda operar, crecer y generar empleo en todos los sectores. Para lograrlo, es fundamental que los gobiernos simplifiquen las regulaciones, eliminen barreras innecesarias y reduzcan los trámites burocráticos que frenan la actividad económica.
Además, subraya que se requiere trabajar de la mano con distintos aliados para fortalecer los mecanismos de control y combatir la corrupción de manera efectiva.
