Cuando Panamá alcanzó el grado de inversión en 2010, la deuda externa representaba el 38% del Producto Interno Bruto (PIB) del país; 15 años después ese porcentaje es del 62%.
En el camino, el perfil financiero del país se ha deteriorado al punto de que Fitch Ratings retiró el grado de inversión en marzo de 2024 y no hay seguridad de que Moody’s y S&P no hagan lo mismo en su próxima evaluación de Panamá, resultado que se conocerá en noviembre próximo.
Jonathan Astudillo, director de Estudios Económicos de la firma Indesa, dijo que las métricas fiscales de Panamá son más parecidas a las de un país que no cuenta con grado de inversión, como el elevado pago de intereses de la deuda, que el año pasado alcanzó los 3,661 millones de dólares.
“El pago de intereses que realiza Panamá está completamente desacoplado de los niveles que registran países con grado de inversión”, comentó Astudillo.
Para el próximo año, el servicio de la deuda, es decir, la sumatoria entre intereses y pago de capital, alcanzará los 8,000 millones de dólares, según declaraciones del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman.
Para entender la magnitud del monto que se destinará para cubrir el servicio de la deuda el próximo año, la cifra duplicará los aportes que el Canal de Panamá transferirá al Tesoro Nacional, que se estiman en 3,193 millones de dólares.
Mientras la relación entre intereses de la deuda y el PIB de Chile y Uruguay, países que tienen grado de inversión, fue del 0.6% y 1.2% al cierre del primer semestre de 2025, Panamá cerró la primera mitad del año con 1.6%, cifra similar a la registrada por Ecuador y República Dominicana, naciones que no tienen grado de inversión.
En términos absolutos, entre enero y junio, el pago de intereses relacionados con la deuda alcanzó los 1,470 millones de dólares, superando el monto destinado por países como El Salvador, Uruguay, Guatemala y Paraguay. Al sumar el pago de intereses que realizó Panamá en el tercer trimestre, el balance de los 9 primeros meses del año alcanza los 2,454 millones de dólares.
Astudillo comentó que, además del deterioro fiscal del país producto del incremento de la deuda y los altos pagos en intereses, la situación actual tiene un impacto en la actividad comercial y económica, con sectores que registran un crecimiento importante, como los vinculados al transporte y la logística, mientras que otros, como la construcción y el comercio, registran un bajo desempeño o estancamiento.
Sobre el comportamiento de la economía, René Quevedo, experto en temas laborales y asesor empresarial, señaló que en el primer semestre de 2025 los restaurantes reportaron entre 30% y 40% menos ventas que en la primera mitad del año pasado, y los centros comerciales cayeron 20%.
Explicó que el incremento que aplicaron los bancos en las tasas de interés hipotecario a mediados de año también afectó el ingreso familiar, lo que se tradujo en un menor gasto en bienes duraderos, impactando fuertemente el comercio. Añade que, entre agosto de 2023 y octubre de 2024, las provincias de Panamá y Panamá Oeste perdieron más de 125 mil empleos.
“La pérdida de empleo formal en ambas provincias ocasionó la desaparición de 60 millones de dólares mensuales de masa salarial y de poder de compra de la economía, aportando casi la mitad de la contracción del consumo a nivel nacional, estimado en 128 millones de dólares mensuales en los 6 primeros meses de 2025, lo que representó una caída del 11% en las recaudaciones de ITBMS vs. el mismo período de 2024”, acotó Quevedo.
Compromiso doloroso
En su última conferencia de prensa, el presidente José Raúl Mulino reconoció que el servicio de la deuda es un compromiso alto y doloroso para el país, producto de su incremento, pero dijo que el país seguirá cumpliendo con sus compromisos.
Afirmó que se ha realizado una contención del gasto para ir reduciendo el monto de la deuda; no obstante, comentó que los aumentos de salario obligatorios establecidos en las leyes especiales y convenciones colectivas elevan anualmente el presupuesto de gasto.
“Estamos mejorando la recaudación de impuestos y, en especial, viendo la evasión, que antes era un tema de vacas sagradas, pero aquí todos deben pagar sus impuestos”, dijo el mandatario.
Mulino señaló que uno de los objetivos de su administración es ir reduciendo el porcentaje en la relación deuda/PIB, el cual —dijo— no puede seguir creciendo al ritmo registrado en los últimos años.
Para 2029, la administración Mulino espera que la relación deuda/PIB disminuya al 56%, gracias a mayores ingresos tributarios y a un control más riguroso del gasto.
Durante el periodo de Laurentino Cortizo, la deuda total del país creció en 25,200 millones de dólares, un aumento del 94.6%, ya que en junio de 2019 el saldo era de 26,612 millones de dólares.
Al 30 de septiembre de 2025, el saldo de la deuda cerró en 58,694 millones de dólares, lo que representa un incremento de 6,320 millones de dólares al compararlo con los niveles del año pasado para el mismo periodo. El mes pasado, el mayor incremento que se registró en el saldo de la deuda fue por el canje de pagarés por bonos del Estado que realizó el Gobierno para inyectar más capital al Fondo de Ahorro de Panamá.
Sobre la deuda, el ministro del MEF ha comentado que, de contar con los niveles de endeudamiento de 2019, en 2025 se dispondría de más de 5,000 millones de dólares para ser utilizados en otros rubros distintos al servicio de la deuda.
Menos gastos, más ingresos
Para el economista Ernesto Bazán, es clave que se reduzcan drásticamente los gastos innecesarios, al tiempo que aumenten los ingresos para lograr una verdadera reducción de la deuda y, por ende, no sea necesario destinar el caudal de dinero que actualmente se paga en intereses.
Explica que, mientras el país continúe con un déficit elevado, que el año pasado fue de 7%, no habrá otra alternativa que continuar pidiendo deuda.
“Para lograr una verdadera austeridad, el ejemplo debe venir desde la cúspide de las autoridades, al tiempo que se deben mejorar los ingresos. Creo que el fortalecimiento de la Dirección General de Ingresos es fundamental para que tenga mayores capacidades de fiscalización y, en consecuencia, reducción de la evasión tributaria, lo que pondría al país con resultados muy favorables”, explicó.
Por su parte, el también economista Eric Molino indicó que el panorama actual no permite maniobrar para realizar recortes sustanciales con el fin de reducir el gasto, por lo cual considera que es el momento de valorar medidas más creativas, como revisar los aumentos automáticos de salarios establecidos en las leyes especiales, así como hacer cambios en el porcentaje que anualmente se debe asignar a la educación en relación con el PIB.
“Panamá gasta más que Chile por estudiante, teniendo resultados en pruebas académicas internacionales muy inferiores, incluso que México y Colombia, que gastan menos. Aquí queda claro que no es un tema de falta de recursos, sino de cómo se utilizan”, indicó Molino, quien recomendó analizar la factibilidad de aplicar modelos de inversión como las Asociaciones Público-Privadas (APP) para resolver los problemas que tiene el país en materia de infraestructura y servicios.
“El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) han reportado la enorme brecha de infraestructura que tiene el país en agua, saneamiento, educación y salud. Aquí es donde podemos apoyarnos en la modalidad de APP, donde el sector privado financia la infraestructura y da mantenimiento a la misma”, comentó el economista.
Igualmente, considera que es el momento para que el país adopte modelos que han implementado otros países, como la elaboración de presupuestos plurianuales, ya que es necesario tener una planificación a largo plazo, en la que se establezca un programa de Proyecto País, donde las administraciones futuras no tengan que comenzar de cero, sino ejecutar el plan de desarrollo.
“Es importante generar confianza, obligar a que la planificación del presupuesto sea plurianual y así, de esa manera, ir realizando la programación de los proyectos y de los compromisos que se tienen que ir adquiriendo para conseguir los fondos para ejecutarlos”, manifestó.
Menor riesgo
Según el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), actualizado por J.P. Morgan en agosto pasado, los bonos panameños se mantienen en el puesto número 9 entre los más riesgosos para los inversionistas en Latinoamérica, muy distantes de la tercera posición entre los más atractivos que llegó a ocupar dentro del mismo informe a mediados de 2022.
Quevedo comenta que, entre 2022 y 2024, las tasas de interés para préstamos al comercio en Panamá subieron proporcionalmente 15%; para la construcción, 16%; y para la industria, 27%, incremento que impactó negativamente el desempeño de la economía, generando una combinación “letal” para el empleo.
“Los bonos panameños pasaron de ser los terceros más seguros de Latinoamérica —solo superados por los de Chile y Uruguay, ambos con grado de inversión— a ocupar el puesto número 9, incluso por debajo de países sin esa calificación, como Brasil, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y República Dominicana”, destacó el consultor empresarial.”, destacó el consultor empresarial.
Agrega que la aprobación de la ley de la Caja de Seguro Social, la aprobación del Presupuesto General del Estado sin mayores sobresaltos, sumado a la futura conversación entre el Estado y la empresa minera, han provocado una disminución de la tasa de riesgo del país, lo que en su opinión se traducirá en una reducción del costo del dinero en el país.
En ese sentido, Molino explica que la métrica de riesgo país ha bajado más de 40% en relación con su punto más alto en abril de este año y 27% menos respecto de cuando tomó posesión la administración actual.
“Considero que se ha hecho un trabajo importante, no solo transmitiéndole a la Asamblea Nacional la importancia de ajustar el presupuesto, sino también a los mercados internacionales, de que Panamá tiene como prioridad generar confianza a los tenedores de bonos”, indicó el economista.
En conclusión, comenta Molino que es importante reconocer que se ha hecho un trabajo relevante en generar confianza, considerando que la deuda se duplicó en el periodo pasado, pero recomienda seguir tomando medidas que, aunque puedan no ser tan políticamente populares, son las más fiscalmente responsables.
Para Quevedo urge disminuir la “tóxica” dependencia que tiene la economía del endeudamiento externo, porque, de lo contrario, Panamá continuará con una economía de informales y funcionarios, financiada con plata prestada.
¿Nuevos impuestos?
En su reporte sobre el futuro de la economía, Jonathan Astudillo, director de Estudios Económicos de la firma Indesa, destacó que en el corto y mediano plazos hay eventos que marcarán el rumbo del país.
Para este año, la aprobación del presupuesto de 34,000 millones de dólares para 2026, así como el resultado de la revisión de la calificación país por parte de Moody’s y S&P, serán claves para trazar la ruta en 2026. Para el próximo año, indica Astudillo, será importante para el país la entrada en vigor de la nueva ley de intereses preferenciales, que se espera dinamice el sector de la construcción, lo que se traducirá en la generación de un número importante de puestos de empleo.
Igualmente, hay expectativas por el resultado de la auditoría ambiental que se realizará a la mina de Donoso y que definirá el futuro del proyecto minero, así como por el avance de los proyectos que pretende desarrollar el Canal de Panamá, como el embalse en Río Indio y la construcción de dos nuevas terminales portuarias y el gasoducto.
Aunque no hay una fecha definida, Astudillo indica que, en algún momento del actual quinquenio, será necesario revisar la base tributaria del país y decidir mantenerla o realizar una reforma que genere más ingresos. Las tres calificadoras han recomendado al Gobierno realizar una reforma fiscal para incrementar la base impositiva del país, asegurando que será la única forma de lograr una verdadera reducción del déficit.
Sobre este punto, Bazán indica que, bajo las actuales circunstancias, con una economía debilitada y niveles de desempleo superiores a los que se tenían antes de la pandemia, no sería recomendable crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes.
“No es una alternativa viable desde el punto de vista económico, ni tampoco desde el punto de vista político o social; por lo cual, lo más recomendable es reducir los beneficios fiscales y exoneraciones innecesarias, que, al quitarse, generarán más ingresos al país”, destacó.
