Panamá está al filo de quedarse sin grado de inversión por factores como el manejo de la deuda, ingresos insuficientes y la rigidez de algunas leyes como las especiales que no le permiten al actual Gobierno maniobrar mejor para reducir el gasto público y cumplir con las metas de déficit fiscal.
Estas fueron algunas consideraciones hechas por Renzo Merino, vicepresidente Sénior y analista principal de Moody’s Ratings para la calificación soberana de Panamá durante la conferencia Moody’s Inside LatAm Panamá 2025.
Actualmente, Moody’s mantiene al país en una calificación de Baa3 con perspectiva negativa, a un escalón de perder el grado especulativo.
Merino reconoció que el Gobierno “está tratando de cumplir con las metas de déficit fiscal y controlar el gasto”, pero señaló que persisten rigideces presupuestarias que limitan la maniobra, como las leyes especiales que obligan a incrementos de salarios o asignaciones de 7% del producto interno bruto al presupuesto de educación.

“Panamá ahora está al borde”, enfatizó el analista, al destacar que la deuda pública ha aumentado cerca de 20 puntos del PIB desde 2019 y que el pago de intereses “consumirá entre 18% y 19% de los ingresos del Gobierno” este año. Solo India enfrenta una carga más alta, acotó.

Sobre la reforma de la Caja de Seguro Social, Merino reconoció que fue un paso “necesario y urgente”, pero advirtió que representa un costo fiscal de 1% del PIB que deberá incorporarse en un contexto de gasto cada vez más rígido.
Precisó que aunque los ingresos han mostrado crecimiento interanual, “están por debajo de lo presupuestado” porque el presupuesto aprobado para 2025 era “inflado” y requería ingresos sobreestimados para cumplir con la regla fiscal del 4% de déficit, explicó.

En cuanto al gasto, Moody’s identificó una reducción en la inversión pública en capital o inversión, lo que “tiene repercusiones sobre la actividad económica”. Al mismo tiempo, los salarios y planillas se han mantenido relativamente estables, lo que muestra cierta capacidad de control fiscal del actual Gobierno.
Merino subrayó también que el déficit fiscal al segundo trimestre se ubica por encima del 2% del PIB, mientras que el desafío de la transparencia y la credibilidad de la política fiscal sigue siendo un factor crítico para inversionistas, dada la lentitud en la publicación de datos y la recurrencia de atrasos.
El especialista recordó que Panamá no es el único país en esta situación, citando casos como Mauricio y Rumania, aunque insistió en que el país enfrenta riesgos elevados por su dependencia de ingresos bajos frente a compromisos crecientes: “Más allá de la opinión de las calificadoras, está la opinión del mercado, y hoy emitir un bono a Panamá le costaría más del 6%, cuando antes lo hacía al 3 o 4%”.