El presidente José Raúl Mulino, admitió que las limitaciones fiscales heredadas y el fuerte aumento del endeudamiento registrado durante la pandemia son dos de los obstáculos que han encontrado para reducir la deuda pública que se situó al cierre de agosto de este año en $57,816 millones y a septiembre se ubicó en $58,654 miilones.
“Lamentablemente, cuando se duplicó la deuda post pandemia o durante pandemia, nadie dijo nada. El servicio a esa deuda constituye un esfuerzo y un compromiso de Panamá altísimo”, afirmó el mandatario.
La deuda y su peso sobre el presupuesto
Mulino explicó que el servicio de la deuda ronda actualmente los $6 mil millones anuales, una cifra que equivale a lo que en años anteriores representaba todo el presupuesto de inversiones del Estado.
“Eso era antes más o menos el presupuesto de inversiones de este país, pero este año tenemos $11,200 millones. A pesar de esa estrechez fiscal y económica, la deuda se vence cada año, a veces más, a veces menos, y hay que pagar”, señaló.
💰 Presidente Mulino reconoció que la deuda pública supera los $57 mil millones, pero aseguró que su gobierno trabaja para reducir la relación deuda/PIB mediante control del gasto y mejora en la recaudación fiscal.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/Mb4JtZAvbG
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El mandatario añadió que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se encuentra en Washington reuniéndose con bancos e instituciones de crédito internacionales para reafirmar los compromisos financieros del país.
Mulino reconoció que su gobierno ha emprendido un “esfuerzo doloroso” para reducir el gasto operativo del Estado, aunque advirtió que existen compromisos ineludibles por leyes y convenciones colectivas que no les permite disminuir más esos compromisos.
“Hay temas que no se pueden reducir como uno quisiera. Tenemos aumentos vegetativos de rubros importantes en salarios, producto de leyes especiales, que automáticamente el Estado debe incluir en su presupuesto”, explicó.
A pesar de ello, subrayó que el Ejecutivo está haciendo lo posible para contener el gasto discrecional y así mejorar el perfil de la deuda pública.
Meta: bajar la deuda al 4% del PIB
Mulino expresó que el objetivo de su administración es reducir la relación deuda/PIB a alrededor del 4% antes de fin de año, lo que calificó como un avance importante frente al 7.5% previo.
“Lo importante aquí es cumplir con el porcentaje de esa deuda respecto del PIB. El PIB siempre sube, lo que no puede subir es la relación deuda-producto interno bruto. Si Dios quiere, podemos terminar en 4 este año”, aseguró al señalar que la reducción del gasto ha sido dura y algunas veces con medidas imcomprendidas.
Lucha contra la evasión fiscal
El presidente también destacó los esfuerzos por mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, a la que calificó como un “tema de vaca sagrada” en el país.
“Estamos mejorando el cobro fiscal, la evasión sobre todo, con el ánimo de que todo mundo pague el impuesto que tiene que pagar, como cualquier hijo de vecino”, enfatizó.
Carrera administrativa y planilla estatal: ‘Un problema serio’
El presidente también se refirió a los desafíos que enfrenta su gobierno con las leyes de estabilidad laboral en el sector público, las cuales —dijo— dificultan la gestión eficiente del Estado y encarecen la planilla.
“Hay un problema serio, las leyes que le dan estabilidad a múltiples servidores públicos. Botarlos a la brava para que vayan a la Corte y la Corte los restituya con salarios caídos yo creo que no es la mejor manera”, expresó.
Mulino adelantó que su administración presentará próximamente un proyecto de ley sobre carrera administrativa para revisar y mejorar estos aspectos:
“Ojalá que cuando presentemos la discusión del proyecto de ley sobre carrera administrativa estas cosas se subsanen, se mejoren para poder disponer como corresponde de esas plazas”, dijo.
La planilla del Estado panameño está integrada por unos 260,000 funcionarios.
El gasto mensual en salarios ronda los $430 millones, lo que equivale a más de $5,000 millones anuales destinados únicamente al pago de sueldos brutos.
El mandatario también señaló que esta situación no se limita al gobierno central, sino que afecta a entidades estatales bajo régimen privado, como Tocumen o Etesa, cuyas convenciones colectivas contemplan beneficios automáticos y onerosos para sus trabajadores.
“En sus convenciones colectivas obligan a bolsas de comida, a bonificaciones. Yo traté de parar eso el año pasado y no pude porque está garantizado por ley”, comentó.
Mulino: Señaló que no se pueden eliminar plazas a la fuerza debido a leyes de estabilidad laboral, convenciones colectivas y fallos judiciales que generan salarios caídos, lo que complica la reducción de planillas.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/54gpIzbnWO
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Mulino criticó además los aumentos automáticos de salario en ciertas profesiones que no dependen del desempeño:
“Eso distorsiona primero al que trabaja bien, que no tiene ninguno de estos beneficios, y segundo distorsiona la administración pública per se. Lo ideal sería contar con los recursos para cortar todo ese tipo de frondosa burocracia que se ha fortalecido por el populismo con que se ha gobernado”, sostuvo.
Pese a reconocer la complejidad del tema, reiteró que su gobierno debe cumplir la ley y actuar con prudencia:
“No podemos andar votando a dos manos para que después en dos o tres años venga el fallo en contra con salario caído, y es peor el remedio que la enfermedad”.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció recientemente que se ordenó un inventario de todas las leyes especiales que representan una camisa de fuerza para reducir el gasto público debido a los aumentos obligatorios que se estipulan cada año.
En el presupuesto 2026 presentado por $34,900 millones, el peso de estas leyes especiales es de $312 millones, y en lo que respecta a los subsidios, se tiene programado para 2026 un monto cercano a $2,486.6 millones, mayor al de 2025, cuando fue de $1,747.4 millones.
