Panamá gasta el 16% de sus ingresos en el pago de intereses; Moody’s alerta de esta presión para el próximo presidente

Panamá gasta el 16% de sus ingresos en el pago de intereses; Moody’s alerta de esta presión para el próximo presidente
Desde la mirada de Moodýs, el próximo gobierno panameño enfrentará restricciones fiscales. EFE

La calificadora de riesgo Moody’s hizo un análisis del contexto financiero al que se enfrentará el próximo presidente de Panamá, con una serie de desafíos fiscales significativos, independientemente del resultado electoral que se decida el 5 de mayo, cuando los votantes elijan al nuevo mandatario y renueven la Asamblea Nacional.

Uno de los principales problemas que enfrentará el nuevo mandatario es el crecimiento de las problemáticas fiscales, debido al aumento de las tasas de interés, la reducción de los ingresos públicos y la rigidez fiscal.

Aunque el déficit fiscal del gobierno se mantuvo ligeramente por debajo de la meta en 2023, esto se logró principalmente a través de medidas puntuales, como la venta de terrenos públicos, que difícilmente podrán repetirse anualmente, recordó la calificadora.

Para Moody’s, la rigidez fiscal se ha vuelto más pronunciada en los últimos años, con el continuo aumento de lo que el Gobierno paga en salarios y la dificultad para recortar subsidios.

Además, el rápido ascenso de la carga de intereses y el deterioro de las finanzas de seguridad social contribuyen a este panorama complicado.

“Ante la falta de ingresos por regalías u otras medidas por única vez, y mayores diferenciales de bonos que hagan que los pagos de intereses consuman más del 16% de los ingresos, el Gobierno tendrá dificultades para cumplir su meta presupuestaria en 2024 en adelante”, recalcó el informe.

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Otro factor que agrava la situación fiscal es la falta de crecimiento proporcional de los ingresos del gobierno en relación con la actividad económica. A pesar de los esfuerzos para aumentar el cumplimiento tributario, las exenciones y evasiones limitan los ingresos por impuestos. Esto ha llevado a una mayor dependencia del gobierno en las transferencias del Canal de Panamá, que debate sus días ante la inminente amenaza de tener suficiente agua para el paso de los barcos.



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