El presidente José Raúl Mulino señaló esta semana, durante su conferencia de prensa, que el Gobierno ya había sido notificado de la suspensión de las dos demandas de arbitraje que interpuso la empresa canadiense First Quantum contra el país, debido a la paralización de la mina de cobre tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de dos reclamaciones que superan los 20 mil millones de dólares. Una fue presentada ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), y la otra bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Panamá.
Según la empresa canadiense, dueña de Minera Panamá, la decisión de suspender ambos procesos se tomó tras una reunión con el asesor legal del Gobierno de Panamá. La compañía reiteró su compromiso con el diálogo y su disposición a formar parte de una solución que beneficie al país y al pueblo panameño.
Inicialmente, la audiencia estaba programada para septiembre de 2025, pero en febrero pasado la empresa informó que se había reprogramado para enero de 2026, luego de que el Estado panameño solicitara una prórroga debido a cambios en su representación legal.
Mulino indicó que está conformando un grupo de expertos para revisar el caso, pero aseguró que, por el momento, no se ha producido ningún acercamiento con representantes de la mina.
Con la suspensión de las dos demandas —las cuales podrían reactivarse si no se alcanza un acuerdo entre el Gobierno y la empresa—, ¿cuántas reclamaciones por parte de inversionistas continúa enfrentando el país?
De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), todavía siguen activos ocho arbitrajes contra Panamá en materia de inversión, los cuales suman reclamaciones por al menos 11 mil millones de dólares.
En su gran mayoría, estas demandas han sido interpuestas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial. El año pasado, el Ciadi registró 55 casos presentados por inversionistas y empresas contra distintos Estados, dos menos que en 2023, año que fue el tercero con más arbitrajes iniciados desde 1972.
Durante 2024, el 38% de las demandas presentadas estuvieron relacionadas con sectores energéticos, como petróleo, gas y minería, seguidos por el sector eléctrico. Los Estados de Europa Oriental y Asia Central concentraron el 24% de los nuevos casos, mientras que las regiones de Centroamérica y el Caribe, América del Sur y África Subsahariana representaron, respectivamente, el 16 % de los arbitrajes.
Mayor reclamación
Con la suspensión de las dos demandas de arbitraje presentadas por First Quantum, la reclamación de mayor cuantía que todavía sigue vigente también está relacionada con la mina ubicada en Donoso. Esta fue presentada por la canadiense Corporación Franco-Nevada, socio comercial de First Quantum.
La compañía solicita una compensación de 5 mil millones de dólares por los ingresos dejados de percibir tras el cierre de la mina. En 2016, Franco-Nevada firmó un acuerdo con First Quantum en el que se comprometió a desembolsar mil millones de dólares para financiar la construcción del proyecto minero, ubicado en una concesión de 13 mil hectáreas en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.
Mediante este acuerdo, que tenía una vigencia de 20 años, Franco-Nevada obtuvo la opción de comprar parte del oro y la plata extraídos por Minera Panamá, a un precio inferior al de la cotización internacional de ambos minerales. La demanda fue inscrita el 12 de julio de 2024.
El 23 de mayo de 2025, la empresa deberá presentar su escrito formal de demanda ante el tribunal, mientras que Panamá tendrá la oportunidad de presentar su contestación el 22 de septiembre próximo.
En este caso, el italiano Luca Radicati fue designado como árbitro presidente y está acompañado por el alemán Klaus Sachs, quien fue nombrado por la empresa demandante, mientras que el Estado panameño seleccionó al colombiano-estadounidense José Antonio Rivas.
Por ahora, la empresa no se ha pronunciado sobre una posible suspensión del proceso, a pesar de la inminente negociación que sostendrá la administración Mulino con First Quantum.
Reclamos por trabajos de la ampliación del Canal
Han pasado 8 años y 9 meses desde el 26 de junio de 2016, cuando el primer buque transitó por el nuevo juego de esclusas del Canal de Panamá, un proyecto que superó los 5 mil millones de dólares. A pesar del tiempo transcurrido, todavía se mantienen activas dos demandas relacionadas con la construcción de la ampliación de la vía interoceánica.
Tras los fallos en contra en la mayoría de los arbitrajes interpuestos contra la Autoridad del Canal de Panamá, la empresa española Sacyr y su socio italiano Webuild —anteriormente conocida como Salini Impregilo— presentaron demandas por separado contra el Estado panameño.
En ambos casos, las compañías reclaman sobrecostos surgidos durante la construcción del tercer juego de esclusas. En el caso de Webuild, la empresa solicita una compensación de 2,643 millones de dólares, proceso que avanza ante el Ciadi y se fundamenta en el tratado bilateral de inversión entre la República de Panamá y la República Italiana.
En este caso, la audiencia para la presentación de objeciones por parte de las partes está fijada para el 2 de junio próximo, mientras que la audiencia final se celebrará entre el 20 y el 27 de octubre de 2025. Esta demanda fue sustentada bajo los términos del Tratado Bilateral de Inversión entre Panamá y España.
En cuanto al proceso interpuesto por Sacyr, que reclama un pago de 2,362 millones de dólares, el arbitraje entró en su etapa final luego de que el reclamante y el Estado panameño presentaran sus escritos finales sobre costos el 20 de noviembre de 2024. Por ello, solo se está a la espera del fallo definitivo que emitirá el panel arbitral, presidido por el británico John Beechey e integrado por el argentino Horacio A. Grigera Naón, designado por la compañía española, y el australiano Zachary Douglas, escogido por Panamá.
Demandas mineras
El arbitraje que aún mantiene vigente la Corporación Franco-Nevada no es el único vinculado al sector minero que enfrenta Panamá. También existen reclamaciones por parte de socios de la empresa Petaquilla Minerals, Ltd., cuya concesión fue cancelada en 2021, cuando el Gobierno declaró la zona como una reserva natural, tras determinar que la compañía no había subsanado irregularidades ambientales ni pagado regalías al Estado.
En 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de 1997 que creó el distrito minero de Petaquilla, normativa que posteriormente se utilizó para establecer las concesiones de Petaquilla y Minera Panamá. Aunque el Centro de Incidencia Ambiental presentó en 2009 un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato de 1997, la Corte tardó ocho años en resolver la demanda, tiempo durante el cual Petaquilla inició la extracción de oro en Molejón.
Los accionistas de la empresa solicitan una compensación superior a los 500 millones de dólares, que incluye las regalías no percibidas y los daños por la cancelación de la concesión. Las exportaciones de oro panameñas, derivadas de la operación en Molejón, sumaron 200 millones de dólares entre 2011 y 2013.
En este proceso, la audiencia está programada para el 13 de mayo próximo y la decisión será adoptada por el panel presidido por Deva Villanúa Gómez, de España, y conformado por Oscar M. Garibaldi, de Argentina, y Carlos Paitán Contreras, de Perú, quienes fueron designados por la empresa demandante y el Estado panameño, respectivamente.
También ante el Ciadi, Orla Mining, de capital canadiense, exige un pago mínimo de 400 millones de dólares, luego de que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) no renovara las concesiones que tenía para extraer oro en Azuero, específicamente en Cerro Quema, en la provincia de Los Santos.
Aunque la concesión de Orla Mining no guarda relación con la mina operada por First Quantum, la no renovación de sus permisos es consecuencia directa de la crisis provocada por la firma del contrato con Minera Panamá. Y es que el gobierno anterior aprobó la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023, que establece una moratoria indefinida para el otorgamiento de concesiones para la exploración minera en todo el territorio nacional.
Las concesiones en Cerro Quema incluyen un proyecto de oro a cielo abierto en etapa de prefactibilidad, un recurso de sulfuro de cobre y oro, así como varios objetivos de exploración que se extienden por más de 10 mil hectáreas. Orla Mining asegura haber invertido 120 millones de dólares para poner en funcionamiento las tres concesiones.
Este panel arbitral es presidido por Yves Derains, de Francia, mientras que Horacio Grigera Naón, de Argentina, fue designado por la empresa, y Panamá seleccionó al también argentino Ignacio Torterola. El 25 de julio próximo, Panamá debe presentar su contestación a los argumentos presentados por la compañía canadiense en marzo pasado.
Más procesos
Entre los casos activos también figura el presentado por Banesco Holding Latinoamérica, S.A. y Banesco (Panamá), S.A., que reclaman 10.4 millones de dólares por cobros de fianzas vencidas efectuados por entidades panameñas, como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Según datos proporcionados por el MEF, el 29 de abril se deben presentar los escritos de dúplica, es decir, la respuesta de las partes a los argumentos formulados en el proceso.
A diferencia de los otros siete procesos interpuestos contra Panamá en el Ciadi, la empresa Blue Sea Holding LLC y Oceans Group International S.A. presentó su arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), un organismo internacional con sede en La Haya, Países Bajos.
En este caso, la compañía alega que el Estado panameño intervino en una transacción privada para la compra y venta de terrenos en la provincia de Bocas del Toro, por lo cual solicita una compensación de 147 millones de dólares.
Panamá debe presentar su contestación a esta demanda el 18 de junio de 2025.
El último proceso que aún no ha sido resuelto fue iniciado en 2021 por las empresas españolas IBT Group, LLC, IBT, LLC y Eurofinsa Concesiones e Inversiones, que reclaman al Estado panameño pagos pendientes por la prestación del servicio de hemodiálisis, bajo un contrato firmado en 2012 que, con el paso de los años, se extendió mediante seis adendas.
Actualmente, el proceso está suspendido hasta el 30 de abril, luego de que las partes alcanzaran un acuerdo que aún no se ha concretado en su totalidad. Tras las negociaciones, el Consejo de Gabinete autorizó a la Caja de Seguro Social a reconocer 16.3 millones de dólares por pagos atrasados.
