El próximo miércoles, en Estrasburgo, el Parlamento Europeo debe decidir si excluye o no a Panamá y otras naciones de la lista de países de alto riesgo para el lavado de dinero.
La semana pasada, un grupo de partidos políticos europeos presentó ante el Parlamento proyectos de mociones que proponen rechazar la resolución —o Acto Delegado— de la Comisión Europea, que en junio pasado recomendó excluir a Panamá y Gibraltar de su lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, mientras que incluyó en ella a Venezuela, entre otros países.
Ante las intenciones de algunos partidos de rechazar la propuesta de la Comisión Europea, el embajador de Panamá ante ese bloque, Ángel Riera, envió una carta al Parlamento Europeo en la que insta a reconocer los avances del país para salir de esta lista, que calificó como discriminatoria.
“Les escribo para instar respetuosamente a apoyar el Acto Delegado propuesto por la Comisión Europea el 10 de junio de 2025, que busca sacar a nuestro país de la lista de la UE de terceros países de alto riesgo, en el marco de su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación antiterrorista (AML/CFT). Permanecer en esta lista sigue siendo un motivo de profunda preocupación para mi país. Esta situación no reconoce las importantes reformas y los progresos concretos que hemos logrado en la alineación con las normas internacionales de AML/CFT, en particular las establecidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de acuerdo con los puntos de referencia establecidos por la Unión Europea”, expresa el diplomático en la misiva a la que tuvo acceso el diario La Prensa.
Agrega, además, que la permanencia en la lista, a pesar de que el país ha demostrado cumplimiento, es injusta y genera un daño desproporcionado, socavando la confianza de los inversionistas, restringiendo el acceso a los servicios financieros y afectando negativamente el crecimiento y desarrollo económico del país.
El embajador Riera advierte que la persistente incertidumbre en torno al proceso de exclusión debilita la credibilidad del sistema regulador de la Unión Europea.
“El incumplimiento de criterios coherentes y oportunos para la eliminación crea una percepción de arbitrariedad que no está alineada con los principios de transparencia, seguridad jurídica y equidad que defiende la UE. Esta situación no solo penaliza a nuestro país, que ha demostrado cumplimiento, sino que también desalienta el futuro compromiso y cooperación con la Unión Europea”, advirtió.
Asimismo, advirtió que mantener a Panamá en esa lista podría alentar a otros países —que deberían estar incluidos— a ignorar los valores que supuestamente todos comparten.
“Estamos particularmente preocupados de que las dinámicas políticas internas dentro de la UE puedan retrasar o poner en peligro la aprobación de este Acto Delegado. Si bien respetamos plenamente los procedimientos internos de la Unión Europea, debemos instar a que cualquier consideración interna dentro del Parlamento Europeo no obstruya este Acto Delegado, porque es fundamentalmente un proceso técnico y basado en evidencia”, señaló.
El embajador concluye que “Panamá no puede permanecer indefinidamente sujeta a una designación tan dañina. Por esta razón, le hacemos un llamamiento con urgencia y determinación: por favor, apoyen la adopción del Acto Delegado y ayuden a restaurar la equidad y la previsibilidad en el proceso de listado de la UE”.
¿Qué está pasando en el Parlamento Europeo?
La semana pasada, cuatro grupos de partidos políticos europeos presentaron proyectos de mociones en los que se oponen a que Gibraltar y los Emiratos Árabes Unidos salgan de la lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales.
Dado que la resolución de la Comisión Europea —es decir, el Acto Delegado— se presenta como un bloque y no separada por países, existe el riesgo de que el Parlamento la rechace en su totalidad, lo que impediría la exclusión de Panamá de esta lista discriminatoria.
La Comisión propone incluir en la lista a países como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela.
Al mismo tiempo, plantea eliminar de la lista a Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos, al considerar que estos países ya han corregido las deficiencias detectadas en sus sistemas de prevención, tras haber presentado compromisos políticos y planes de acción ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Sin embargo, un grupo de eurodiputados ha manifestado su oposición a esta propuesta de la Comisión Europea. Aunque el Parlamento aún no se ha reunido —lo hará a partir del lunes 7 de julio—, la incertidumbre sobre la decisión que tomará ese cuerpo legislativo es alta.
En la agenda, el debate sobre este tema está programado para el miércoles 9 de julio.
