El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) informó que el 10 de septiembre pasado quedaron conformados dos paneles arbitrales relacionados con reclamos interpuestos contra Panamá tras el cierre de la mina ubicada en los corregimientos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.
Se trata de los arbitrajes presentados por la canadiense First Quantum, concesionaria del proyecto, y Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp, que posee el 9% de la concesión minera.
Aunque la minera canadiense y el Gobierno informaron que los arbitrajes estaban suspendidos, los procesos continuaron avanzando dentro de los mecanismos establecidos por el Ciadi, organismo del Banco Mundial especializado en arbitrajes de inversión.

Según datos del Ciadi, ambos casos, de ser reactivados, serán resueltos en el futuro por el mismo cuerpo arbitral, presidido por la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler, quien fue seleccionada por acuerdo entre los demandantes y Panamá.
El panel también lo integran el belga Bernard Hanotiau, nombrado por la empresa canadiense y la coreana, y la argentina Mónica Pinto, designada por el Estado panameño.
El arbitraje interpuesto por First Quantum se presentó bajo lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, mientras que el iniciado por Korea Mine se hizo en virtud del Tratado de Libre Comercio firmado entre Centroamérica y Corea del Sur.

Voceros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron a La Prensa que ambas partes —demandantes y Panamá— acordaron que, pese a la suspensión de los procesos, se mantendría la conformación del panel arbitral.
Además del arbitraje en el Ciadi, First Quantum también había interpuesto un segundo proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Combinados, ambos reclamos superan los 20 mil millones de dólares en indemnización por el cierre de la mina, tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre de 2023.
La minera canadiense ha reiterado que mantiene la facultad de reanudar estos arbitrajes si el diálogo con Panamá no prospera, ya que la suspensión es una medida temporal para facilitar la negociación, no una renuncia definitiva.
Especialistas en arbitraje explicaron que los procesos del Ciadi permiten a las partes acordar que la selección de árbitros y la conformación oficial del panel continúen, aun cuando el procedimiento se suspenda de manera temporal.

Aunque se informó que los arbitrajes se mantienen suspendidos, en la plataforma del Ciadi no aparece registro de la decisión, como sí ocurre con el reclamo interpuesto por Corporación Franco-Nevada, también de Canadá y socia de First Quantum, que oficialmente está en pausa desde el 18 de junio de 2025.
Franco-Nevada reclama 5 mil millones de dólares por el cierre de la concesión de 13 mil hectáreas. En 2016, firmó un acuerdo con First Quantum mediante el cual se comprometió a desembolsar mil millones de dólares para financiar la construcción del proyecto.
El convenio, con duración de 20 años, le otorgaba la opción de comprar parte del oro y la plata extraídos por Minera Panamá —filial de First Quantum— a un precio inferior al del mercado internacional. Voceros de Franco-Nevada han señalado que se trata de una suspensión y no de una cancelación del proceso.
Arbitraje de Cerro Quema
Otro de los procesos relacionados con el sector minero donde se han registrado novedades corresponde a la cancelación de la concesión para la extracción de oro en Cerro Quema, en la provincia de Los Santos.
El Ciadi informó el 24 de septiembre que se rechazó la recusación presentada por la canadiense Orla Mining contra el árbitro francés Yves Derains, quien había sido designado como presidente del panel de común acuerdo entre las partes.
En este caso ya se han celebrado audiencias y presentado observaciones tanto por la minera, que reclama una compensación de 400 millones de dólares, como por el Estado panameño.

Aunque la concesión de Orla Mining no guarda relación con la mina de First Quantum, la no renovación de sus permisos es consecuencia directa de la crisis provocada por la firma del contrato con Minera Panamá. El gobierno anterior aprobó la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023, que estableció una moratoria indefinida para nuevas concesiones de exploración minera en todo el territorio nacional.
Las concesiones en Cerro Quema incluyen un proyecto de oro a cielo abierto en etapa de prefactibilidad, un recurso de sulfuro de cobre y oro, así como varios objetivos de exploración que abarcan más de 10 mil hectáreas. Orla Mining asegura haber invertido 120 millones de dólares en el desarrollo de estas concesiones.
Reclamos millonarios
Adicional a los procesos vinculados a Donoso y Cerro Quema, hay otros ocho arbitrajes contra Panamá que en conjunto superan los 11 mil millones de dólares en reclamaciones.
Entre ellos destacan los interpuestos por la española Sacyr y la italiana Webuild, integrantes del consorcio responsable de la construcción del tercer juego de esclusas. Ambas compañías reclaman sobrecostos generados durante la obra.
Webuild solicita una compensación de 2,643 millones de dólares en un proceso registrado en 2020. El pasado 27 de agosto, la empresa presentó objeciones a documentos entregados por el Estado panameño.

En cuanto a la demanda presentada en enero de 2019 por Sacyr, que reclama 2,362 millones de dólares, el arbitraje entró en su etapa final tras la presentación de los escritos sobre costos el 20 de noviembre de 2024. Desde entonces, no se han registrado más movimientos en el sistema del Ciadi.
Otros arbitrajes activos contra Panamá incluyen el de Banesco Holding Latinoamérica, S.A. y Banesco (Panamá), S.A., que reclaman 10.4 millones de dólares por cobros de fianzas vencidas; el de Blue Sea Holding LLC y Oceans Group International S.A., ante la Corte Permanente de Arbitraje, por 147 millones de dólares tras una disputa por terrenos en Bocas del Toro; y el iniciado en 2021 por IBT Group, LLC, IBT, LLC y Eurofinsa Concesiones e Inversiones, que exigen pagos pendientes por un contrato de hemodiálisis firmado en 2012.
Los arbitrajes más recientes son el registrado en junio por la española FCC, que pide una indemnización de 14.9 millones de dólares por supuestos incumplimientos del Ministerio de Obras Públicas, y el iniciado en agosto por un grupo de inversionistas contra el Estado panameño por irregularidades vinculadas a un proyecto residencial. En este último caso, el proceso se dirige contra el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, informaron en el MEF.