Luego de que se ordenara la disolución de la cooperativa del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la pregunta que ha quedado en el ambiente es qué pasará con los ahorros de sus más de 2,400 asociados, los préstamos y los pagos que se solían realizar a la entidad.
Ante estas dudas, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ofreció detalles a La Prensa sobre cómo se llevará a cabo el proceso de liquidación y cuáles son las garantías para los cooperativistas.
Aunque el Ipacoop no administra directamente las cooperativas, sí tiene la responsabilidad de supervisar, orientar y fiscalizar su funcionamiento. En los casos en los que se detectan irregularidades, la institución puede intervenir u ordenar su cierre, como ha ocurrido con la cooperativa Suntracs.
Tras quedar oficialmente disuelta, la cooperativa entra en un proceso de liquidación. En esta etapa se conforma una comisión liquidadora, encargada de representar legalmente a la cooperativa y gestionar todo el proceso: desde hacer un inventario de sus bienes hasta saldar las deudas y repartir lo que quede entre los asociados.
¿Y qué pasa con los ahorros de los miembros?
El instituto asegura que la prioridad es proteger los fondos de los asociados. Para ello, la comisión liquidadora debe presentar un plan que explique cómo se van a devolver los recursos, en qué orden y según la disponibilidad de los activos que tenga la cooperativa.
El orden de pago está definido por ley: primero se cubren los gastos propios del proceso de liquidación; luego, los salarios y prestaciones pendientes; después, los certificados de inversión y deudas con acreedores; y, finalmente, se devuelven los ahorros y aportaciones a los asociados.
Eso sí, si algún asociado tiene una deuda pendiente con la cooperativa, esa cantidad será descontada del monto que le tocaría recibir.
Explicaron que, una vez la cooperativa entra en liquidación, los bienes no se pueden embargar, lo que significa que no pueden ser secuestrados ni usados para pagar otras obligaciones fuera del proceso legal establecido. Esto busca asegurar que los recursos disponibles se utilicen de manera justa entre los afectados.
Si en medio de las investigaciones se comprueba que hubo algún delito penal, el caso pasaría a manos de las autoridades judiciales. En ese escenario, serían los tribunales los que decidirán cómo se manejarán los fondos involucrados.
El Ipacoop ordenó el cierre de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs el pasado martes 20 de mayo.
En la conferencia, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, acusó al sindicato de utilizar su estructura en beneficio propio y en detrimento de los trabajadores de la construcción.
De acuerdo con las autoridades del Ejecutivo, una auditoría iniciada en 2022 detectó 14 hallazgos sospechosos en el área financiera y otros 10 en los controles o medidas de prevención de blanqueo de capitales, que nunca fueron atendidos.
Uno de los hallazgos más relevantes revela que esta cooperativa, que ha recibido alrededor de $8 millones del Suntracs desde 2012, ha destinado el 79% de sus créditos a personas ajenas a la membresía.
Por su parte, Erika Vargas, directora ejecutiva del Ipacoop, afirmó que el manejo de los fondos del Suntracs en la cooperativa viola lo establecido en la Ley 23 sobre prevención del blanqueo de capitales.
Explicó que, desde su constitución en 2012, la cooperativa ha recibido $8 millones del sindicato a través de dos líneas de crédito. Sin embargo, ha sido utilizada como intermediaria para canalizar fondos del sindicato hacia terceros y empresas, sin aplicar la debida diligencia que exige la Ley 23.
Añadió que tampoco se hizo un análisis riguroso sobre la capacidad de pago de las empresas y terceros beneficiados, en detrimento de sus propios asociados.
Vargas también mencionó la existencia de transacciones inusuales. Como ejemplo, citó el caso de un asociado con un salario de $2,800 mensuales que solicitó un préstamo de $52,000 para adquirir un vehículo y lo canceló en dos años mediante abonos de entre $5,000 y $10,000 en efectivo, lo que evidenció que excedía el perfil declarado.
De acuerdo con Vargas, este hecho indica que el oficial de cumplimiento de la cooperativa Suntracs tampoco realizó los reportes correspondientes ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ni reportó los pagos superiores a los diez mil dólares en efectivo.
“Este oficial de cumplimiento, que debió crear la alerta a la Unidad de Análisis Financiero, no cumplió con los procesos de control que exige la Ley 23 para el pago de dicha deuda”, dijo.
Por su parte, Yamir Córdoba, vocero del Suntracs, indicó que la cooperativa se mantendría operando, a pesar de las presuntas irregularidades financieras de las que fue señalada.
El dirigente señaló que desde el gobierno que encabeza el presidente José Raúl Mulino se ha dado una “persecución” a los miembros del Suntracs, con la intención de “hacer daño a la organización”.
