El comportamiento de la planilla general del Estado está siguiendo un patrón de montaña rusa, con bajadas pronunciadas, pero también con acentuadas subidas.
Mientras el presidente José Raúl Mulino ha reiterado en múltiples ocasiones que su gobierno no será una bolsa de empleo, y que su trabajo es generar las oportunidades para que sea el sector privado el generador de plazas de trabajo, el resto de las instituciones sigue un camino diferente.
El reporte de la Contraloría General de la República, correspondiente al mes de febrero, indica que la planilla del Estado cerró con 249,270 funcionarios, de los cuales 239,132 eran permanentes y 10,138 eventuales. De esta cantidad, 156,226 laboraban en el Gobierno Central y 93,044 en el sector descentralizado.
La cifra reportada en febrero representa un incremento de 4,466 funcionarios en comparación con el primer mes de 2025, cuando la planilla terminó con 244,804. El año había comenzado con un drástico recorte en el número de trabajadores públicos, y es que, en comparación con diciembre de 2024, la planilla había disminuido en más de 21 mil empleados.
En ambos casos, tanto la disminución de enero como el incremento de febrero ocurrieron en la planilla de eventuales. La mayor rotación, destaca la Contraloría, se registró en el Ministerio de Seguridad Pública, la Asamblea Nacional de Diputados, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y en la Universidad Tecnológica de Panamá.
El aumento de trabajadores en febrero incrementó el costo de la planilla en 9.6 millones de dólares, al pasar de 414.4 millones en enero a 424 millones de dólares en febrero, lo que deja un gasto acumulado de 838.4 millones de dólares en concepto de pago de salarios.
Para entender la magnitud del desbalance en las finanzas públicas —como han advertido las calificadoras de riesgo, que recomiendan un cambio de timón en la dinámica de ingresos y gastos—, los 838.4 millones de dólares que el Estado pagó en salarios equivalen al 74.8% de los ingresos corrientes reportados por la Dirección General de Ingresos durante el primer bimestre del año, que cerró con 1,120 millones de dólares.
Es decir, por cada dólar ingresado, cerca del 75 centavos se utilizaron para cubrir el salario de los funcionarios en enero y febrero. Fitch Ratings ha advertido que el aumento en el gasto salarial, en un contexto de baja recaudación fiscal, fue una de las razones que llevó a retirar el grado de inversión a Panamá en marzo de 2024.
La Contraloría indicó en su informe que los datos de la planilla se recopilaron de 95 entidades: 29 del Gobierno Central, 42 de instituciones descentralizadas, 16 de empresas públicas y ocho de intermediarios financieros.
El reporte no incluye a la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos ni municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento.
Tampoco contempla pagos por horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones ni a funcionarios eventuales de proyectos de inversión.
En comparación con febrero de 2024, la planilla estatal se redujo en 1,002 funcionarios, en su mayoría eventuales de instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Tribunal Electoral, el Servicio de Protección Institucional, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
En febrero de 2024, la planilla estaba integrada por 250,272 funcionarios, lo que representó un gasto de 427.2 millones de dólares.
Durante el quinquenio de la administración de Laurentino Cortizo, la planilla estatal creció de manera acelerada, con 24,082 nuevos funcionarios, a pesar de la caída en los ingresos provocada por el desplome de los indicadores económicos tras las restricciones impuestas para frenar el avance del coronavirus (covid-19).
Cambio de timón
El Banco Mundial advierte que no corresponde al sector público ser el motor generador de empleo, una función que debe ser liderada por el sector privado en un entorno favorable. La entidad financiera señala que la creación de empleo es una de las herramientas más eficaces para combatir la pobreza y promover la prosperidad, al permitir que los países construyan economías autosuficientes y fortalezcan su fuerza laboral.
Además de mejorar el bienestar individual, generar oportunidades laborales también contribuye a la estabilidad global y permite abordar causas estructurales de conflictos sociales y migración.
El organismo multilateral reconoce, no obstante, que el sector público juega un papel clave al establecer las condiciones que permiten la creación de empleo. Esto incluye invertir en salud, educación, transporte, energía e infraestructura básica, así como garantizar un marco normativo sólido, políticas que respalden al sector empresarial y una gobernanza eficaz.
Para lograrlo, el Banco Mundial recomienda simplificar regulaciones, eliminar barreras burocráticas y combatir la corrupción, de forma que se propicie un entorno donde el sector privado pueda crecer y generar empleos sostenibles.
Para René Quevedo, experto en temas laborales y consultor empresarial, es urgente generar empleo formal en el sector privado, lo cual —en su opinión— dependerá de una mejora en el clima para la inversión, cuyo peor enemigo es la incertidumbre, tanto interna como externa.
“Se está cumpliendo el panorama pronosticado por Fitch Ratings en su informe del 28 de marzo de 2024, cuyo primer párrafo destaca el deterioro de la gobernabilidad como factor clave en su decisión de retirar el grado de inversión a la deuda soberana panameña. Y a nivel externo, las acciones del presidente estadounidense Donald Trump, en materia arancelaria y su campaña contra nuestro país en particular, agregan otro componente a un ya volátil panorama”, opinó.
Quevedo recordó una frase del expresidente Ronald Reagan: “El mejor programa social del mundo es un empleo”, pero advirtió que la generación de esos empleos no puede ser una exclusividad del Estado.
Más funcionarios y gastos
Si hay una institución que aparece regularmente en los informes de la Contraloría General sobre el movimiento en la planilla del Estado es la Asamblea Nacional, y por regla general, cuando se hace mención de incrementos en el número de empleados.
El reporte de febrero indica que entre las entidades que más aumentaron su número de funcionarios están el Ministerio de Seguridad Pública, con 746 plazas adicionales; la Asamblea Nacional de Diputados, que sumó 742; y el Ministerio de Educación, con un incremento de 726 trabajadores.
También se reportaron aumentos significativos en la Universidad Tecnológica de Panamá (+418) y la Caja de Ahorros (+248). En contraste, algunas instituciones redujeron su personal, como la Lotería Nacional de Beneficencia, que registró 30 funcionarios menos; el Ministerio de Salud, con una disminución de 28; y el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que recortó 18 puestos.
Como era de esperarse, a mayor número de funcionarios, mayor es el pago de planilla. Aquí nuevamente aparece el Órgano Legislativo, con un incremento de $1.6 millones entre enero y febrero pasados, seguido por el Ministerio de Seguridad Pública, que destinó $1.57 millones más.
En esa misma línea, el Ministerio de Educación registró un aumento de $1.17 millones, y la Caja de Seguro Social, de $840 mil. También se reportaron alzas en el Ministerio de Obras Públicas (+$685 mil), la Zona Libre de Colón (+$629 mil) y el Ministerio de Salud (+$273 mil).
En el otro extremo, algunas entidades lograron reducir su carga salarial, como la Empresa Metro de Panamá, que pagó $65 mil menos; la Universidad de Panamá (-$48 mil); la Lotería Nacional de Beneficencia (-$49 mil); y el Benemérito Cuerpo de Bomberos (-$15 mil).
e acuerdo con el asesor laboral René Quevedo, entre 2012 y 2024 se perdieron 24,174 trabajadores asalariados del sector privado, pero se sumaron 63,044 nuevos funcionarios públicos y 264,153 trabajadores informales a la economía.
Según Quevedo, por cada asalariado que perdió su empleo en ese período, la economía panameña incorporó, en promedio, a tres funcionarios públicos y diez trabajadores informales. De los nuevos ingresos al sector público, el 38% corresponde a educadores, el 28% a personal de salud y el 27% a cargos en administración pública y defensa.
Quevedo advierte que lo más preocupante es que, entre 2012 y 2024, la deuda externa del país se quintuplicó, al pasar de $10,782.4 millones a $53,736 millones. A pesar de este aumento, señala que el Estado ha concentrado la generación de empleo formal y ha otorgado los mayores incrementos salariales desde 2012, pero lo ha hecho con recursos financiados por deuda, una situación que considera insostenible.
