Los desafíos económicos y fiscales que enfrenta Panamá trascienden las circunstancias actuales relacionadas con el rechazo al contrato minero.
Por lo tanto, afirmar que la posible pérdida del grado de inversión del país sería una consecuencia directiva y únicamente relacionada a la anulación del acuerdo entre la empresa Minera Panamá y el Estado es pasar por alto los problemas estructurales que amenazan la calificación crediticia desde mucho antes de la actual crisis.
En los últimos 40 días las tres calificadoras de riesgo; Fitch Ratings, Standard & Poor’s ( S&P) y Moody´s se han pronunciado respecto a Panamá y han puesto sobre las mesas los desafíos que aquejan al país, medido en calificaciones.
Fitch Ratings mantuvo la calificación de Panamá en BBB-, pero revisó su perspectiva de calificación de “estable” a “negativa”.
Moody´s rebajó el grado de calificación soberano de Panamá de Baa2 a Baa3, al tiempo que ajustó la perspectiva de negativa a estable.
La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) conservó la calificación de riesgo para Panamá en BBB, pero revisó la perspectiva de estable a negativa el pasado 7 de noviembre.
En el caso de Fitch, su calificación está apenas un nivel por encima del grado especulativo, con perspectiva negativa, lo cual significa que lo más probable es que baje la calificación en su próxima revisión.
“La mirada de Fitch es la que más preocupa porque si Panamá no logra resolver sus finanzas públicas, perdemos el grado de inversión. De nada serviría la nota que pongan las otras calificadoras, si no tenemos el grado de inversión con las tres”, dijo el economista Ernesto Bazán.
Las mejores calificaciones de Fitch van de AAA a BBB. Si un país o compañía cuenta con alguna de estas notas, significa que invertir en ellos es muy favorable, pues el emisor de deuda es considerado fiable.
Si la calificación se encuentra en el rango de BB a CCC, indica que la inversión es especulativa, lo que implica que existe un riesgo crediticio considerable.
La calificación es una medalla, pergamino o atractivo que puede asegurar la llegada de inversiones. Usualmente, los capitales buscan países con estabilidad económica, buenas perspectivas de pago de su deuda y bajas probabilidades de crisis ante posible incapacidad de pago.
Las razones en los cambios de perspectivas y notas de las calificadoras han sido expresadas de distintas formas, pero en varias esquinas suelen encontrarse.
Factores como las presiones fiscales, el aumento del gasto presupuestario, la falta de fondos en el subsistema de pensiones y la incertidumbre en vista de las próximas elecciones generales son los elementos que consideró Fitch para determinar su última nota.
En el caso de Moody´s, también anticipó que habrá condiciones que continuarán deteriorando la salud fiscal de Panamá, dado que las autoridades dependen en gran medida de ingresos no recurrentes.
Pese a que reconoce la reducción del déficit fiscal este año debido a “una fuerte recuperación económica y una serie de medidas puntuales”, indican que las autoridades no lograron “atender de manera adecuada desafíos fiscales estructurales” en materia de gastos.
Estiman que la carga de intereses aumente en 2024 llegando a representar 15% de los ingresos del gobierno, casi el doble de la mediana de otros países con grado de inversión.
Lo que evidencian tanto Fitch como Moody´s es que Panamá atraviesa un alto nivel de endeudamientos y recurrente incumplimiento de la ley de responsabilidad social fiscal (RSF), lo que se resumen en un fuerte deterioro fiscal, dijo Bazán.
Por su parte, S&P indicó que la perspectiva negativa refleja el riesgo de daño potencial a la confianza de los inversores y a las futuras inversiones privadas, a raíz del rechazo al contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A.
Parte de su argumento ha sido que con los disturbios sociales, las indecisiones respecto a la situación legal de las operaciones de la mina, la reacción de la población, la dificultad del Gobierno para poner orden y el cumplimiento de las normas se genera incertidumbre, dijo Bazán.
“En temas de calificaciones el tema incertidumbre es lo más preocupante porque afecta la confianza. La inversión es un motor o ingredientes importantísimo para el crecimiento del país”, recalcó el economista.
Aunque S&P menciona con singular importancia este hecho, por el impacto en los ingresos del Gobierno ante la posible cancelación del contrato con Minera Panamá, también mencionó eventuales déficits en los dividendos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), debido al impacto de la sequía en los ingresos de la vía acuática para el año 2024.
Por otro lado, S&P también considera que está sin resolver la enorme crisis del subsistema exclusivamente de beneficio definido Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).
Cuando se analizan los factores que consideran las calificadoras para establecer una nota al país, sorprende cómo estos elementos son los mismos que impulsan el actual hartazgo social.
Mientras Panamá habla de una economía en expansión, enfrenta elevadas tasas de desempleo, una abultada deuda pública, una política de ahorro ineficaz y una crisis sin precedentes en el sistema público de pensiones.
El gobierno de Laurentino Cortizo heredó un país con una deuda de $26,612 millones a julio de 2019, y tras cuatro años de mandato, ésta se ubica en $45,796.2 millones.
El año pasado cerró con un déficit fiscal de $3,005 millones en el sector público no financiero.
Cortizo empezó su gestión con la planilla del sector público compuesta por 238,248 mil personas, elevándola en 17,776 funcionarios en un periodo de cuatro años, a pesar de que anunció medidas de contención del gasto.
Al año, la CSS desembolsa aproximadamente $2,000 millones en el pago a los jubilados y pensionados. Con los aportes de la cuota obrero patronal se pagan $1,000 millones, por lo que cada año se toma dinero de las reservas para hacerle frente a los pagos.
Este Gobierno ha sido informado que las reservas se acabarían en 2024, sin haber tomado ninguna medida de trascendencia ante la crisis que se avecina.
