Líderes del sector privado han convergido en la necesidad urgente de vincular las reformas laborales con una profunda inversión en educación para asegurar la sostenibilidad económica de Panamá.
Juan Arias, en representación de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, expuso la magnitud de la crisis educativa, señalando que los estudiantes de secundaria de la generación actual perdieron la mitad de los 1,000 días escolares requeridos en todo su ciclo.
Esta deficiencia tiene un costo profesional directo: estos graduados, “cojos” profesionalmente, suelen ganar un 18% menos de salario que aquellos que asistieron a la totalidad de los días de estudio porque no están preparados para el mercado.
Esta crisis educativa alimenta directamente la informalidad y el desempleo.
En la actualidad, se estima que un millón de panameños están en situación de desempleo o informalidad.
Alarmantemente, el 84% de los 770,000 panameños informales carece de educación, lo que les impide acceder a un “trabajo digno”.
Juan Arias, presidente de la CCIAP, durante su intervención en el Café con La Prensa sobre 'Educación y Formación Laboral' destaca la importancia de preparar a los jóvenes para el futuro laboral: “Muchachos que hoy inician su vida profesional con obstáculos pueden superarlos con… pic.twitter.com/PFsY5kF74S
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 28, 2025
La consecuencia de esta cadena de desigualdad es crítica para la Caja del Seguro Social (CSS), ya que el 60% de los panameños sigue trabajando después de los 62 años por no haber podido cotizar lo suficiente debido a la falta de estudios que permitan una jubilación segura.
Para dinamizar el sector laboral y proporcionar experiencia a la juventud, se están impulsando tres iniciativas legislativas clave, de acuerdo con Arias:
Ley de pasantías: Permitirá a las empresas contratar jóvenes entre 18 y 25 años por un año con un salario fijo de 450 dólares, sin obligaciones adicionales para el empleador en ese período. Su objetivo es dotar a los jóvenes de experiencia laboral.
Ley de part-time: Busca regular el trabajo a tiempo compartido para beneficiar a los estudiantes universitarios, permitiéndoles generar ingresos y obtener un currículum antes de graduarse, resolviendo el dilema de la falta de experiencia.
Ley para call centers: Se propone crear una legislación especial para este sector. Arias considera que el call center puede convertirse en la “cuna del trabajo a futuro” para muchos panameños, ya que suelen recibir formación en idioma y conocimiento que les permite escalar a mejores empleos.
En paralelo, Gustavo Rodríguez Castañeda, CEO de Terpel, agregó que con pequeños pasos y la asociatividad entre el sector público y privado se pueden generar enormes sinergías, atendiendo las necesidades de los estudiantes a edades tempranas y, justamente, haciendo adecuaciones legales y laborales.
Rodríguez compartió como ejemplo el modelo que desarrollan desde la fundación de Terpel, una aula interactiva, denominada el “aula mágica”, con la que buscan cerrar la brecha digital. Este programa garantiza que un niño en San Miguelito, Puerto Obaldía o la comarca Ngöbe Buglé pueda estudiar con las mismas herramientas digitales e inteligencia artificial.
Gustavo Rodríguez, CEO de Terpel Panamá: “Aventura de Letras convierte la biblioteca en un oasis para que los niños disfruten y comprendan la lectura. Vimos cómo un niño contaba la historia del libro, demostrando que realmente funciona.”https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/AKcUTbnWMm
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Arias reconoce el tema de la educación como una prioridad para las empresas. Afirmó que el 90% de las conversaciones en las que está involucrado desde la Cámara de Comercio termina hablando de educación.
Cree que las oportunidades están dadas, que Panamá lo tiene todo, pero será fundamental establecer prioridades y darle continuidad a los programas. El ideal es que todos los estudiantes que hoy asisten a colegios particulares puedan optar por formar parte del sistema público y tener la misma o una mejor calidad en el servicio.

