Las decisiones del Tribunal Administrativo Tributario (TAT) tienen efectos vinculantes sobre la política tributaria del país, y sus fallos pueden influir en la recaudación fiscal, la credibilidad de las instituciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. No es poca cosa.
De allí que, en materia tributaria, la prolongada permanencia de magistrados con términos vencidos, sumada a fallos cuestionables y polémicos, además de altos costos administrativos, ha generado presión sobre el Ejecutivo para renovar completamente el tribunal.
Desde la Dirección General de Ingresos (DGI) este tema ha generado inquietud en varios frentes, llegando a escalar hasta el Palacio de las Garzas para que el presidente José Raúl Mulino lo coloque entre sus prioridades.
Recientes declaraciones de Mulino sobre el TAT podrían haber pasado desapercibidas el pasado jueves 10 de julio, cuando, entre todos los retos que enfrenta el país, decidió enviar el mensaje de que este tribunal “no ha venido funcionando bien” y que urge su reestructuración inmediata.
Para el mundo tributario, esta proclamación enviaba un fuerte mensaje.
El TAT fue creado mediante la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 como una entidad autónoma, de segunda instancia, especializada e independiente, para resolver los recursos de apelación contra las decisiones de DGI. Inició funciones el 1.º de junio de 2011, en reemplazo de la Comisión de Apelaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.
Actualmente, el TAT opera con sus tres magistrados principales: Anel Miranda Batista, María Elena Moreno de Puy y Rafael Brown Rangel.
La opinión y conclusión del entonces procurador Rigoberto González, en 2021, sobre los períodos de ejercicio de los magistrados del TAT, indicaba que, aunque estos habrían sido nombrados fuera de tiempo, ello no alteraba los períodos de ejercicio del cargo, los cuales están definidos por el artículo 159 de la Ley N.º 8 de 2010.
Con base en esto, Miranda y Brown tendrían sus cargos vencidos desde diciembre de 2024, mientras que el período de Moreno terminó en diciembre de 2023.
Se ha conocido que, a lo interno del TAT se le estaría dando una interpretación distinta al periodo de Brown, considerando que su periodo finaliza el 31 de diciembre de 2025.
De acuerdo con lo que ha informado el Ejecutivo, ya se ha iniciado el proceso para designar a tres nuevos magistrados, quienes deberán ser aprobados por la Comisión de Credenciales y el pleno de la Asamblea Nacional.
Los dos primeros —en reemplazo de Miranda y Moreno— podrían asumir sus cargos de inmediato tras la ratificación, mientras que la posesión del tercero se haría tras la salida de Brown, por ahora vista para el 31 de diciembre de 2025.
La decisión más polémica del tribunal ha sido la orden emitida el pasado 26 de febrero de 2024, en la que se instruyó a la DGI a autorizar la cesión de un crédito fiscal por $20.2 millones a favor de la sociedad Quantex Management Corp., proveniente de la empresa Inversiones Encanto, S.A., antigua operadora de los supermercados Justo y Bueno en Panamá.
Dicha decisión fue avalada por los magistrados Rafael Brown (ponente del fallo) y María Elena Moreno, mientras que el magistrado Anel Miranda salvó su voto por considerar que se estaba aplicando una figura fiscal sin sustento legal.
Inversiones Encanto alegó que, entre los años 2016 y 2020, acumuló pérdidas que generaron un crédito fiscal de $52.8 millones.
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Según la empresa, este monto podía ser cedido a otra entidad, y solicitó formalmente que se aprobara la transferencia a Quantex Management.
La DGI, encabezada en ese momento por Publio De Gracia, rechazó la petición.
Argumentó que el crédito fiscal declarado por Inversiones Encanto no tenía sustento legal. Las pérdidas pueden ser deducidas de la renta imponible de los cinco años fiscales siguientes, pero no pueden cederse como créditos fiscales líquidos a otras sociedades.
Aún así, el tribunal decidió solicitar peritajes externos para validar la cifra presentada por Encanto, lo que derivó en una cifra final ajustada de $20.2 millones como “crédito a favor” de la empresa.
Los jugosos peritajes del TAT
Más allá de sus fallos controvertidos, el TAT también está bajo la lupa por los altos costos asociados a los peritajes que ordena dentro de los expedientes fiscales, los cuales no solo representan un desembolso considerable, sino que además tienen influencia directa en las decisiones de fondo que adopta el tribunal.
Uno de los ejemplos ilustrativos es la designación como perito de Erika Torres, contadora pública autorizada, quien aceptó el nombramiento bajo juramento y certificó su independencia profesional en febrero de 2025.
Lo que más llamó la atención fueron los honorarios establecidos: $60,000 más ITBMS, por un trabajo de 20 días hábiles prorrogables.
Si el cálculo se hiciera por los 20 días, la perito estaría ganando $3,000 cada 24 horas.
Se trata de una cifra elevada, sobre todo si se considera que estos pagos son asumidos por el Estado y se repiten en otros procesos donde el tribunal requiere dictámenes técnicos para fundamentar sus decisiones.
