Italia busca expulsar a ciudadanos de otros países de la Unión Europea que vivan solo de los beneficios estatales, dijo el sábado el Gobierno, una decisión que ampliaría las medidas contra los gitanos descritas como discriminatorias por grupos de derechos humanos.
El ministro del Interior Roberto Maroni dijo que la Comisión Europea negó a Italia el permiso para aplicar un plan de este tipo en el pasado, pero que reanudaría la presión para un cambio en una reunión de ministros de la UE en septiembre.
Francia envió esta semana a decenas de gitanos a Rumania en una repatriación masiva que asegura que es voluntaria, aunque algunos dijeron que fueron coaccionados para marcharse.
Elogiando la medida de Francia, Maroni, de la Liga Norte - un partido antiinmigración -, dijo que la deportación obligatoria de gitanos que no cumplían los requisitos básicos debería permitirse.
“Sí, expulsiones como las de los inmigrantes ilegales, no repatriaciones voluntarias o asistidas”, dijo Maroni al Corriere della Sera en una entrevista publicada el sábado. “Naturalmente, solo para quienes violan las normas para vivir en otro país miembro (de la UE): un nivel mínimo de ingresos, viviendas adecuadas y no ser una carga para el sistema de seguridad social del país que los acoge. Muchos rumanos son ciudadanos de la UE pero no respetan ninguno de estos requisitos”, añadió.
La política se aplicaría a ciudadanos de la UE no italianos que no cumplen ciertos criterios, no solo a rumanos, dijo Maroni cuando se le preguntó si el plan sería discriminatorio.
Los comentarios de Maroni fueron criticados de inmediato por la oposición, incluido el partido Italia de los Valores. que dijo que el plan sonaba racista. El Gobierno de centroderecha del primer ministro Silvio Berlusconi ha recibido acusaciones similares de partidos de la oposición y de grupos de derechos humanos por sus políticas para erradicar la inmigración ilegal y el delito.
Los primeros vuelos despegaron el jueves transportando a romaníes a su país desde Francia, luego de que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció un plan contra el delito y la inmigración ilegal que recibió la condena de grupos de derechos humanos y de la oposición.
