La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) sacó a relucir la Ley 24 de junio de 2006, sobre titulación masiva, para justificar la adjudicación de terrenos en Bocas del Toro al diputado Benicio Robinson, presidente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Entre octubre de 2020 y enero de 2021, la Anati adjudicó a Robinson tres globos de terreno que pertenecían al Ministerio de Desarrollo Agropecuario en Chiriquí Grande, distrito perteneciente al circuito que el diputado representa en la Asamblea.
El primero fue adjudicado en octubre de 2020: 1 hectárea, más mil 929 metros cuadrados, a un costo de $12. Los otros dos fueron traspasados el 19 de enero de 2021. Uno tiene una superficie de 325 metros cuadrados, y el valor de la adjudicación se fijó en $6. El otro consta de una hectárea y mil 358 metros cuadrados, y el trámite costó $12.
Ayer, un grupo de bocatoreños le puso candado a la sede de la Anati, en Changuinola, Bocas del Toro, en señal de protesta por el alto costo de la titulación de tierras. Aseguran que mientras a ellos les cobran $400 por la hectárea, Benicio Robinson paga $6 y $12 por sus tierras.
En 2005, Robinson fue querellado por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica y estafa, precisamente a raíz de la titulación de fincas en Chiriquí Grande, pero, en 2014, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso porque no encontró mérito para procesarlo. El ponente del caso fue Gabriel Fernández (murió en 2015) suplente del magistrado José Ayú Prado.
Tierras del Mida, en manos de Robinson; en Bocas protestan
La sede de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, amaneció ayer con candado. Ni los funcionarios, ni los usuarios pudieron entrar a esa oficina. En un costado del edificio, exactamente sobre la ventana, había un letrero que decía: “No más corrupción y abusos. No al alza del precio de las tierras a titular”.
Resulta que ciudadanos bocatoreños, y pequeños productores de la zona, se manifestaron contra la gestión de la institución. No solo protestaron por las altas sumas que tienen que pagar para titular sus tierras, también acusan a la entidad de tener tratos preferenciales al momento de hacer los trámites. Ponen como ejemplo, lo que ocurrió recientemente con Benicio Robinson, presidente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), el diputado al que denominan “dueño” de Bocas del Toro.
La Anati adjudicó tres globos de terreno a Robinson, superficies que pertenecían al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida). El diputado perredista pagó $24 por dos de las porciones de tierra (1 hectárea, más mil 929 metros cuadrados; y una hectárea más mil 358 metros cuadrados) a razón de $12 cada uno. Mientras que por la tercera (325 metros cuadrados) pagó $6.
Por eso, Jilma Martínez, ciudadana de Bocas, y Dora Gutiérrez, de la Asociación de Productores Agropecuarios de esa provincia —grupo que reúne a ganaderos, y productores de plátanos, maíz, y arroz, entre otros—, exigen las mismas consideraciones. “A una de mis asociadas, por un lote igual al de Robinson le están cobrando $2 mil, a la pobre mujer. Si para él vale $12, para mi compañera debe costar $12 y no $2 mil”, aseguró.
Contó que toda la vida habían pagado $6 por titular una hectárea, pero que “de la noche a la mañana” les aumentaron el precio. De $6 a $400. “Nos enteramos [del costo] hace casi un mes porque notificaron a 45 productores miembros de la asociación”, dijo. Gutiérrez habla de la resolución 076 del 28 de febrero de 2020, de la Anati. Ayer, una delegación conformada por funcionarios de la sede principal (ubicada en la capital), viajó a Changuinola para reunirse con los manifestantes, pero, las conversaciones no prosperaron. Significa que la protesta seguirá.
Del Mida a Robinson
¿Qué dice la institución de la adjudicación de tierras del Mida a Robinson? La Prensa envió un cuestionario a la entidad con cuatro preguntas sobre el tema. Respondieron con un comunicado.
Primero, la Anati citó la Ley 24 del 5 de junio de 2006 sobre titulación masiva, y añadió que, en 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas declaró Rambala, en el distrito de Chiriquí Grande, Bocas del Toro; como área de “titulación masiva” a través del extinto Programa Nacional de Tierras (Pronat). “Hace 14 años se creó este proceso de titulación”, argumentó la entidad.
En el Registro Público
Al realizar una búsqueda en el Registro Público, de los bienes inmuebles que recientemente la Anati adjudicó al diputado Benico Robinson, solo aparecen las dos fincas que fueron traspasadas este año. Sin embargo, no se encuentran registros de la tierra traspasada a nombre de Robinson en octubre de 2020.
Con respecto al precio que pagó Robinson ($6 y $12), la Anati manifestó que los que se acogieron a las opciones de titulación de tierras previstas en el Código Agrario, que data de 1962, pagan mínimo $6 por hectárea. “A miles de familias panameñas se les han titulado sus tierras bajo el mínimo precio y los mismos criterios”, añadieron en la entidad.
Sin embargo, la Anati no mencionó la resolución 076 del 28 de febrero de 2020, que lleva la firma del administrador de la entidad, José Gabriel Montenegro, documento que establece el manual de procedimiento único para la regularización de bienes inmuebles y la adjudicación y titulación de derechos posesorios. Es la misma resolución que según Dora Gutiérrez les incrementó el costo de la titulación de la hectárea a $400.
Este medio consultó a la Anati sobre el papel que habría tenido Arelys González, subadministradora de la institución en la adjudicación, pero, no respondieron. González es persona de confianza de Robinson. En la campaña de 2019 tuvo un papel importante en su reelección. Al momento de distribuir las instituciones entre los pesos pesados del PRD, después del triunfo de Laurentino Cortizo, la Anati quedó en manos de Robinson, y como era de esperarse puso a una de sus pupilas en el segundo cargo más importante. De hecho, en la entidad afirman que quien verdaderamente manda en la Anati es González.
El caso de 2005
Por un caso de supuestas irregularidades en la titulación de tierras, también en Chiriquí Grande, Robinson fue querellado en 2005, junto a otras tres personas. La denuncia la presentó el hoy magistrado Olmedo Arrocha en nombre de Omar y Ricardo Chen Chang. Le acusó de la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica y estafa, sin embargo, en 2014, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso por dos razones: no encontró mérito para procesar al diputado, y dijo que el caso había prescrito por tratarse de un hecho que ocurrió en 2002.
El ponente del caso fue Gabriel Elías Fernández (falleció en 2015), quien entonces era suplente del magistrado José Ayú Prado. Los detalles del caso constan en el Registro Judicial del Órgano Judicial, expediente 286-05.
Este medio llamó a Robinson para que hablara de las tierras que le fueron adjudicadas recientemente pero no respondió.
