Fue una jugada política de diputados de Cambio Democrático (CD) en 2016 que, cinco años después, ayudó a Adolfo Chichi De Obarrio en 2021.
En 2016, en el gobierno de Juan Carlos Varela, la Cancillería solicitó a la Asamblea ratificar dos convenios con Italia: uno de Asistencia Judicial y otro de Extradición.
La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el diputado de CD, Noriel Salerno, se negó a aprobar el Tratado de Extradición alegando que “había que ver” las condiciones de ambos países, y se preguntó que ¿por qué? tenían que aprobar “uno ahora”. En 2017, el Legislativo avaló el Convenio de Asistencia Judicial, pero no el Tratado de Extradición.
Salerno explicó que ese tratado “tenía nombre y apellido”, sin precisar quién. Los dos convenios habían sido firmados por los gobierno de Panamá e Italia en 2013, durante la administración de Ricardo Martinelli, pero necesitaban la ratificación de los parlamentos de ambas naciones.
Italia cumplió con su parte: lo ratificó en 2016, mientras que en Panamá se hizo la voluntad de los diputados.
Tratado de extradición con Italia ‘tenía nombre y apellido’
Diputados que conformaban la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2017 fueron los principales oponentes de la ratificación del Tratado de Extradición entre Panamá e Italia y lograron su cometido: el documento fue avalado por el Parlamento italiano (2016), pero no por el Legislativo panameño.
¿Por qué ocurrió eso? Esta historia incluye dos gobiernos: el de Ricardo Martinelli (2009-2014) y el de Juan Carlos Varela (2014- 2019). Todo comenzó en 2013, durante la administración de Martinelli. Cosimo María Ferri, viceministro de Justicia de Italia de aquella época, visitó Panamá para participar en la V Conferencia de Naciones Unidas contra la Corrupción.
La Cancillería estaba bajo el mando de Fernando Núñez Fábrega, quien tenía un papel relevante en la actividad de Naciones Unidas, y el 25 de noviembre de 2013, en el marco de ese evento, Ferri y Núñez Fábrega firmaron dos convenios: uno de Asistencia Judicial en Materia Penal, y el de Extradición. Hubo fotos, comunicados de prensa, y la noticia fue publicada en medios de otros países.
Los convenios “constituyen el mecanismo idóneo de cooperación jurídica entre ambas naciones, y contribuirán de manera efectiva en la persecución de hechos delictivos, para evitar así su impunidad”, dijo Núñez Fábrega, quien también aseguró que “la democracia en un sistema de leyes y no de hombres”.
A la Asamblea
Sin embargo, no fue sino hasta tres años después, en el gobierno de Varela, que los documentos salieron de las gavetas del Ministerio de Relaciones Exteriores. La noche del 1 de marzo de 2016, el Consejo de Gabinete les dio el visto bueno, y autorizó a la Cancillería para que los pusiera a consideración de la Asamblea.
Para que entraran en vigor debían ser ratificados. El 18 de abril de 2016, la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, María Luisa Navarro, los llevó al Legislativo. Rubén De León, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), entonces en una debilitada alianza “de gobernabilidad” con el oficialista Partido Panameñista, presidía la Asamblea.
La Comisión de Relaciones Exteriores estaba en manos de Noriel Salerno, de Cambio Democrático (CD). Le acompañaban Dana Castañeda y Raúl Hernández, de CD; Elías Castillo y Javier Ortega, del PRD; y Luis Eduardo Quirós, Jorge Rosas, y Antonio Domínguez, del Partido Panameñista.
Los convenios fueron bautizados: el de Asistencia Judicial recibió el nombre de proyecto de ley 331, y el de Extradición, proyecto de ley 334. El 16 de agosto de 2016, la Comisión inició la discusión en primer debate del 334. Ese día, al concluir la sesión, el diputado Salerno, manifestó sus reservas sobre el tratado. “Hay que ver si Panamá tiene actualmente un tratado de extradición con Italia y, si Italia nunca ha hecho un tratado de extradición, ¿por qué tenemos nosotros que hacer uno ahora?”, se preguntó.
Ambos países tenían, en efecto, un tratado de extradición vigente, aprobado por la propia Asamblea mediante Ley 41 de 1930. Además, Italia había suscrito innumerables tratados de extradición.
Pasaron los meses, y los dos proyectos de ley seguían engavetados. El tema no era una prioridad para la Asamblea, que por aquellos días afrontaba las críticas ciudadanas por la poca transparencia en las planillas legislativas.
El 20 de septiembre de 2017, cuando la Asamblea estaba presidida por Yanibel Ábrego, de CD, el tema volvió a ser noticia. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en primer debate el 331 (Asistencia Judicial). Ese día, Salerno sustentó por qué demoraron en discutirlo: “este proyecto vino con el tema de la extradición de Italia y se consideró que esto tenía nombre y apellido, y por eso se detuvo un tiempo...”. El 28 de septiembre de 2017, el Convenio de Asistencia Judicial fue aprobado en tercer debate, y días después fue enviado al Ejecutivo para su sanción.
El de extradición nunca se aprobó. Quedó archivado, tal como lo pronosticó Salerno por esos días: “Seguirá engavetado. Italia no tiene tratado de extradición con nadie, todo el mundo sabe que si se avala ese tratado tiene nombre y apellido”.
‘Chichi’
La jugada política de Salerno hoy le pasa factura a la justicia panameña. El pasado jueves se dio a conocer que el Tribunal de Milán ordenó liberar a Adolfo Chichi De Obarrio, detenido en esa ciudad italiana el 7 de abril, a solicitud de las autoridades panameñas, quienes lo requieren en extradición. Resulta que el marco jurídico sobre el que se debía estructurar la entrega de De Obarrio a las autoridades panameñas, se sienta sobre las bases, precisamente, de los tratados de Extradición y Asistencia Judicial, firmados por ambos países en 2013. El Parlamento de Italia los ratificó en 2016.
Chichi De Obarrio tiene pasaporte italiano y panameño. “Panamá, por razones que no conocemos, no ha procedido a ratificar el acuerdo en materia de extradición. Por lo tanto, no debe considerarse en vigor”, señalaron desde la oficina de prensa del Ministerio de Justicia de Italia a La Prensa.
De Obarrio, uno de los protagonistas de los escándalos de corrupción con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional, pasó ocho días en una celda de la prisión de máxima seguridad de San Vittore en Milán, pero desde el jueves es un “ciudadano italiano libre”. Así lo confirmó su abogado Gabriele Minniti a este medio. Noriel Salerno no logró su reelección en los comicios de 2019.
