Aún cuando el sistema de justicia se rige bajo las reglas del sistema penal acusatorio, teóricamente más ágil, y pese a que la mora ha disminuido desde 2019, el rezago en la tramitación de expedientes sigue siendo uno de los principales problemas del sistema, de acuerdo con expertos en la materia.
De hecho, al menos 66 mil 144 expedientes están en trámite y es la jurisdicción civil en la que más rezago hay, con 32 mil 681 casos.
Abogados litigantes como Orlando Castillo cuestionan el hecho de que los procesos en materia civil demoran, “absurdamente, hasta 15 años o más”.
Rezagados 66 mil 144 expedientes judiciales
Aunque la cantidad de expedientes que tramitan los juzgados y tribunales del país –en todas las ramas– disminuyó al menos 29.3% en los últimos dos años, el total de casos que sigue en trámite es “significativo” y, a decir de los expertos, se constituye en uno de los principales retos del Órgano Judicial.
De acuerdo con los registros de la Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales, al cierre de 2019 había en trámite 93 mil 592 expedientes. Un año más tarde, en 2020, la cifra era de 73 mil 499 y a octubre de 2021 llegaba a 66 mil 144.
La diferencia entre los expedientes pendientes en 2019 y a octubre de 2021 es de 27 mil 448, una cifra nada despreciable, según fuentes judiciales consultadas para este trabajo, pero, sin duda, insuficiente.
Jurisdicciones
La jurisdicción que siente más la mora judicial es la civil, en la que los 35 juzgados y tribunales encargados de tramitar los casos tienen 32 mil 681 expedientes pendientes de resolución.
Le sigue la jurisdicción de familia, con 12 mil 894 expedientes pendientes en 12 despachos.
Luego vienen las jurisdicciones de niñez y adolescencia, con 6 mil 986 expedientes repartidos en 12 juzgados; y penal, con 6 mil 159 expedientes pendientes de resolver en 7 juzgados.
A su vez, la jurisdicción laboral tiene 4 mil 674 casos pendientes en 14 despachos; mientras que los dos juzgados de la jurisdicción de libre competencia tienen 674 procesos en trámite; y los tribunales marítimos otros 382 casos pendientes en todo el país.
Como se dijo, hasta el mes de octubre pasado –cuando se hizo la última actualización de cifras– había 66 mil 144 expedientes rezagados. Los registros no detallan cuántos de estos casos están en los cuatro juzgados comarcales ni en las seis Oficinas de Descongestión que también hay en el país.
Acuerdo del pleno y proceso de liquidación
Con el propósito de disminuir la mora, autoridades del Órgano Judicial supervisan la liquidación de casos del ya extinto sistema inquisitivo mixto en el interior del país y, al mismo tiempo, gestionan la creación de nuevos despachos para descongestionar los existentes, informó la institución.
De hecho, el pasado viernes, 4 de febrero, el presidente del Segundo Tribunal Superior, José Hoo Justiniani –encargado de la liquidación de causas penales del sistema inquisitivo mixto por asignación de la Corte Suprema de Justicia–, efectuó una inspección en el Cuarto Distrito Judicial (Los Santos y Herrera), según detalló la entidad en un comunicado.
Los jueces encargados del proceso en Los Santos y Herrera, Fernando Bedregal y Eliécer Barrios, respectivamente, confirmaron que en la primera de esas provincias quedan pendientes tres expedientes pendientes del inquisitivo mixto, mientras que en la segunda hay 34 procesos activos y más de 2 mil expedientes para enviar al Departamento de Archivos del Órgano Judicial en Las Tablas.
En tanto, mediante acuerdo N° 65 del 28 de enero pasado, el pleno de la Corte –que preside la magistrada María Eugenia López Arias– creó dos despachos en el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá (jurisdicción civil), que corresponde territorialmente a las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y a la Comarca Guna Yala.
La medida fue adoptada, tomando en cuenta que en el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá se tramita el 48% de los procesos de la jurisdicción civil en el país, según informó el Órgano Judicial a través de una nota de prensa.
El propósito es coadyuvar con “la descongestión del Tribunal Superior y de todas las jurisdicciones del país, y que se le brinde a la población una justicia expedita, ágil, eficaz, oportuna y transparente”, dice el comunicado del pleno de la Corte Suprema.
Reacciones
A criterio del abogado Moisés Barlett, la mora judicial también incluye otros vicios del sistema que deben ser revisados.
Entre otros aspectos, citó, “la gerencia efectiva de procesos y la evaluación continua de los operadores de justicia”, lo que, de acuerdo con su criterio, " implica cumplir con los tiempos o términos judiciales y la capacitación continua”.
Opinó, además, que es positiva la propuesta ley para aprobar un nuevo Código Procesal Civil, al tiempo que consideró que el Código Procesal Penal exige una revisión, pues el sistema está colapsado.
“Las demandas de la ciudadanía que reclaman justicia efectiva en tiempo razonable y un alto a la impunidad, esta última visible en casos de delitos de cuello blanco y actores de poder, son justificadas” dijo.
Por su parte, el abogado Orlando Castillo opinó que la problemática que genera la mora judicial es de vieja data y es consecuencia del presupuesto insuficiente que se asigna al Órgano Judicial, lo cual, dijo, impacta en la falta de recursos humanos y en la imposibilidad de abrir nuevos despachos judiciales que coadyuven en una solución.
“Los tribunales están desbordados, porque el recurso humano existente está trabajando en exceso”, dijo.
