Aunque Guatemala podría decidir enviar a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares a Panamá en vez de a Estados Unidos, la lógica indica que la solicitud estadounidense tendría precedencia, dijo ayer el internacionalista Carlos Guevara Mann, al analizar el impacto del pedido de extradición que hizo la jueza Baloisa Marquínez al país centroamericano, para que los hijos del expresidente Ricardo Martinelli comparezcan al juicio del caso Blue Apple.
Los hermanos Martinelli Linares fueron imputados en este proceso desde septiembre de 2018, pero están presos en una cárcel de Guatemala mientras Estados Unidos tramita su extradición.
Guevara Mann añadió que la extradición es una decisión política que corresponde, en última instancia, al poder Ejecutivo de cada país, así que Guatemala podría decidir la extradición a Panamá.
Luis Eduardo Camacho González, abogado de los hijos del expresidente, dijo ayer que no han podido ver la solicitud porque “es muy reciente”.
Pedido de extradición marca la audiencia de Blue Apple
El segundo día de la audiencia preliminar a 51 personas por el caso Blue Apple, trama que le sigue la pista a un supuesto esquema de corrupción que involucró a contratistas del sector privado, abogados, banqueros y exministros de Estado, inició con los alegatos de los abogados defensores.
En el acto, la jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, rechazó un incidente de prescripción de la acción penal presentado por Víctor Orobio, abogado de Giacomo Tamburrelli, exdirector del antiguo Programa de Ayuda Nacional.
Ayer, hasta las 5:45 p.m., habían pasado al estrado ocho abogados que representan a 17 de los 51 imputados. Algunos de ellos fueron: Gilberto Pérez, quien representa a Federico Barrios Alain y Darla Alain. Barrios Alain, de acuerdo con la pesquisa de la fiscalía, era el representante legal, presidente, tesorero y firmante de varias cuentas de Blue Apple, la sociedad utilizada para canalizar los dineros.
Barrios Alain suscribió un acuerdo de colaboración en 2019, pero quedó sin efecto porque no se concretó el resarcimiento solicitado por la fiscalía. Su abogado alegó que, en este caso, la fiscalía actuó “con falta de lealtad procesal”, ya que gran parte de la investigación se logró por los aportes dados por su cliente. Gilberto Pérez adelantó que se encuentra a la espera que la fiscalía acepte el acuerdo.
Otro de los que presentó sus alegatos fue Rolando Rodríguez, abogado de Juan Carlos Marciaga, Fernando Céspedes y Jorge Ford. Mientras que la exprocuradora Ana Belfon, abogada de María Bagatelas de Papadimitriu, madre del exministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, presentó una certificación al juzgado en la que consta que su representada padece “severos quebrantos de salud”. Añadió que no hay evidencia que la vincule con un ilícito.
También sustentó sus alegatos Juan Carlos Gómez, abogado de María Antonia Lee y de Jorge Churro Ruiz. Según la vista fiscal que presentó el Ministerio Público al Órgano Judicial, Ruiz, exadministrador de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, era quien negociaba con los contratistas la suma que tenían que aportar a cambio de agilizar órdenes de pagos, planos, y otros.
Pedido de extradición
Mientras que Luis Eduardo Camacho González, quien representa a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), reiteró que este es un expediente que fue armado en el Consejo de Seguridad Nacional por el exjefe de esa entidad, Rolando López (2014-2019).
El peso de los acuerdos
En esta trama, los acuerdos de colaboración alcanzados por los imputados dejaron al descubierto la participación de funcionarios, empleados de bancos y allegados a la administración 2009-2014, para presuntamente apropiarse de dineros del Estado
Los hermanos Martinelli Linares, quienes se encuentran presos en una cárcel de Guatemala en espera de que se resuelva su proceso de extradición a Estados Unidos, se conectaron a la audiencia de manera virtual el pasado jueves 5 de agosto, primer día del acto. Ese día, la jueza Marquínez comunicó que se solicitó a Guatemala que los extaditara a Panamá, para que rindan cuentas por este proceso.
Ayer, el fiscal Adecio Mojica, quien junto a su colega Aurelio Vásquez, representa al Ministerio Público en la pesquisa, explicó que, en efecto, la jueza hizo “alusión a esa situación”.
Mojica añadió que ahora le corresponde al tribunal hacer estos trámites, toda vez que se mantiene una orden de detención. Esa orden a la que se refiere el fiscal fue expedida el 24 de septiembre de 2018 por la la desaparecida Fiscalía Sexta Anticorrupción, hoy Fiscalía Anticorrupción de Descarga.
Luis Eduardo Camacho González, abogado de los Martinelli Linares, dijo que no han tenido acceso a lo solicitado, pues “es muy reciente”. “Esperamos, dentro del transcurso de la audiencia o durante la próxima semana, poder ver la información remitida”, manifestó.
Añadió que sus clientes, que nunca han comparecido personalmente desde que inició la investigación, en 2017, “venían a hacerle frente al proceso”, pero que eso no se dio porque “repentinamente y por cuestiones un poco extrañas... ya no los querían aquí en Panamá”.
“Cuando ellos hicieron los trámites, porque los hice yo... para que pudieran ingresar a Panamá, se demoraron más de una semana para darme la autorización (...) Qué casualidad que les dan la autorización justo el día que los iban a detener [6 de julio de 2020, en Guatemala]. Aquí no hay casualidades”, sustentó.
Este medio pudo conocer que la solicitud de extradición de Marquínez tiene fecha del 4 de julio de 2021. En tanto, el pedido de extradición de Estados Unidos a Guatemala es de un año antes: se remonta al 3 de julio de 2020.
La vinculación
De acuerdo con la vista fiscal del caso, la sociedad Corporación de Energía del Istmo, ligada a los hermanos Martinelli Linares, habría recibido coimas de Rodsa, S.A., Bagatrac, S.A., Constructora Meco, Conalvías, S.A., GS Contractors y Concepto y Espacios, S.A., a cambio de contratos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Jorge Churro Ruiz, le contó a la fiscalía que a finales de 2010 fue contactado por Ricardo Alberto Rica Martinelli Linares para que fuera a sus oficinas, específicamente en Monte Oscuro, y allí le habló de una operación con empresarios que habían ganado contratos con el MOP y le giró instrucciones para los cobros: entre el 5% y 10% del monto de los contratos. El dinero se disfrazaba como supuestas ayudas políticas.
La investigación de Blue Apple se declaró abierta el 11 de septiembre de 2017, y el 19 de septiembre de 2018, se ordenó la indagatoria de Luis Enrique. La de Ricardo Alberto se dictó el 11 de enero de 2019. El pasado 26 de abril el Segundo Tribunal de Justicia ordenó la cancelación de la fianza de excarcelación de $5 millones concedida a Luis Enrique, dentro de este proceso. También dispuso la devolución del dinero consignado a Aseguradora Ancón, S. A.
Sin embargo, no consta una decisión similar para el caso de Ricardo Alberto.
¿Qué implica?
Pero, ¿qué efecto tiene este pedido de extradición a los hijos del expresidente Martinelli, teniendo en cuenta que ya Estados Unidos tramita su extradición para que rinda cuentas por varios delitos ligados al lavado de dinero?
Carlos Guevara Mann, exidrector de Política Exterior de la Cancillería y director de la maestría de asuntos internacionales de Florida State University, dijo que en principio Guatemala podría decidir enviar a los hermanos a Panamá en vez de a Estados Unidos, aunque la solicitud de Washington llegó primero. Sin embargo, plantea que la lógica indica que la solicitud de Estados Unidos tendría precedencia. También dejó claro que la extradición es una decisión política que corresponde, en última instancia, al poder Ejecutivo de cada país, así que Guatemala podría decidir la extradición a Panamá. “Una decisión de ese tipo contrariaría a Estados Unidos, por supuesto, lo que tendría que medir muy bien el gobierno guatemalteco”, añadió.
(Con información de Aminta Bustamante)
