Gremios periodísticos y medios de comunicación se pronunciaron contra las recientes amenazas e intentos de obstaculizar el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
“No nos quedaremos callados ante nuevas amenazas”, dijo en conferencia de prensa el presidente del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Guillermo Antonio Adames. “Ha sido constante el acoso, a persecución. No únicamente a los periodistas, sino también a los medios de comunicación y ciudadanos”, añadió.
El pronunciamiento fue hecho ayer lunes 20 de diciembre en una conferencia de prensa en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP). Al reclamo se unieron el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR).
Adames hizo un llamado al gobierno de Laurentino Cortizo para que cumpla “con los compromisos adquiridos”. Recordó que en octubre de 2020 este gobierno firmó las Declaraciones de Chapultepec, sobre libertad de prensa y de expresión, y de Salta, sobre los principios de la libertad de prensa en la era digital.
“En el fondo, esto es un problema de Estado y debe ser el que garantice que en el país haya libertad de expresión e información”, manifestó Adames. Parte de la iniciativa gremial es sostener reuniones, a partir de la primera semana de enero, con los tres órganos del Estado para avanzar con una agenda de defensa de la libertad de expresión. Adames agregó que buscan apelar “al buen criterio de quienes nos gobiernan” para hacer todo lo posible porque en Panamá no se den más casos de esta naturaleza.
“El sistema judicial ha sido vulnerado por la clase política y empresarios corruptos... existen precedentes que han demostrado vulnerabilidad del sistema”, dijo el presidente del CNP.
Alejandra Araúz, presidenta del Fórum de Periodistas, manifestó que la intimidación y obstaculización al ejercicio del periodismo afecta a todos, no solo a los periodistas o medios. “Así como el empleo es un indicador del estado de la economía, la libertad de expresión es un indicador del estado de la democracia”, intervino Araúz. “Este ataque empieza por los medios pero afecta a todos”, añadió.
Sobre la mesa no pasó desapercibido el uso del sistema judicial para perseguir de manera civil a periodistas y medios de comunicación, mecanismo que puede resultar en secuestros judiciales por reclamos.
En días recientes, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) publicó en sus redes sociales que no “perdería el tiempo con querellas penales”, sino que iniciará procesos civiles “en defensa de su honor” y que estos “estarán acompañados de secuestros de bienes”.
Por otro lado, Corporación La Prensa, que publica los diarios La Prensa y Mi Diario, enfrenta un proceso civil incoado por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, que ha resultado en el secuestro de activos de la corporación por más de un millón de dólares.
Eduardo Quirós, quien participó de la conferencia de prensa en calidad de vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aseguró que las demandas presentadas en el pasado contra periodistas y medios de comunicación han causado un “gran perjuicio al ejercicio del periodismo”.
Considera que “la defensa de la honra no puede significar que ningún ciudadano se vea impedido de su derecho a la información”.
Todos los representantes gremiales en la mesa sostuvieron que este es un tema que no afecta solo a los medios o a los periodistas, sino a la población en general, pues cada ciudadano tiene el derecho de opinar y de mantenerse informado.
