La controvertida historia de una funcionaria de Contraloría

La controvertida historia de una funcionaria de Contraloría


La Contraloría General de la República y la Policía Nacional niegan que una funcionaria de la primera institución tenga vinculación con un allanamiento en San Francisco, la semana pasada, en el que se incautaron $250 mil 576 en efectivo. Ambas instituciones negaron lo que circuló en redes a través de comentarios en Twitter.

Estos comentarios de Contraloría y de la Policía Nacional desmentían únicamente lo concerniente a que una funcionaria de la Contraloría —de nombre Odila Castillo— fue detenida en ese operativo, y que ella dijo ser la mano derecha del contralor general y de la Secretaría General de la Contraloría.

El informe

La información desmentida está contenida en el informe de la Policía sobre el resultado del operativo, cuyo contenido circuló en redes, aunque, como se dijo, ambas instituciones niegan la vinculación de la funcionaria.

Sin embargo, en ese mismo informe —con fecha del 13 de abril— se detalla la aprehensión de tres personas y el decomiso del dinero ya mencionado. Las primeras dos detenciones, según el informe, corresponden a dos ciudadanos venezolanos, cuyos nombres completos y números de pasaporte coinciden con exactitud con un listado de pasaportes que estaban pendientes de retiro en la Embajada de Panamá en Venezuela, sección consular, y con los cuales se gestionaron visados para Panamá.

La tercera persona

En su comentario en Twitter, la Policía afirma que “es falsa la información divulgada […] sobre la vinculación de una funcionaria de la Contraloría General, tras un allanamiento en San Francisco, donde se incautó B/.250,576.00 en efectivo y se capturaron a tres ciudadanos extranjeros”. La Policía no revela el nombre de la tercera persona extranjera detenida. “La información que subimos en redes es la que estamos autorizadas a publicar”, respondieron de parte de la Policía a este medio tras pedir confirmación de los detalles en dicho informe.

En cambio, el tercer nombre y número de cédula que aparece en el citado informe que desmiente la Contraloría y la Policía es el de la funcionaria ya aludida —Odila Castillo—, cuyos datos exactos aparecen en una planilla de la Contraloría, nombrada en la “Dirección Superior” de la Contraloría, entre el 17 de febrero de 2020 y el 30 de junio del mismo año, con el cargo de asesora legal III, y salario de $3 mil al mes.

Lo que no aparece

En su nota en Twitter, la Contraloría no revela donde trabaja ahora esta funcionaria. En una búsqueda de este diario en las planillas de la institución, tampoco aparece, aunque otras fuentes consultadas por este medio revelaron que está bajo contrato con honorarios profesionales, trabajando en la Secretaría General de la Contraloría.

Cabe recordar que en redes también circuló la imagen del perfil de la funcionaria en Facebook, y en este, Castillo se describía como “Asesora Jurídica de Contraloría General de la República” y “Asesora Legal en Contraloría General de la República”. Pero después de que circulara esa imagen, el perfil de Castillo en Facebook fue modificado, y ya no aparecen sus vinculaciones laborales con la Contraloría.

No obstante, en el informe de gestión del Contralor General, correspondiente al año 2020, se informó que del 12 al 14 de marzo de 2020 se coordinó la participación del contralor y de “un asesor legal del Despacho Superior (Secretaría General), Licda. Odila Castillo, en la Asamblea General ordinaria de OCCEFS [Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores], celebrada en la República de Guatemala”.

Entrevista sin concretar

La Prensa intentó comonicarse por telefóno con Castillo, pero no hubo respuesta, y aparentemente, su número telefónico habría sido desconectado.

Por su lado, el contralor general, Gerardo Solís, se comunicó ayer con este diario, y se intentó concretar una entrevista para recibir sus comentarios, pues insiste en que la información sobre la vinculación de la funcionaria con el operativo de allanamiento es falsa.

No obstante, al cierre de esta edición, el Contralor no había respondido los intentos de este medio por contactarlo vía chats y llamadas telefónicas.

(Con información de Ereida Prieto-Barreiro, Dalia Pichel y Eliana Morales).

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