La figura del fuero penal electoral fue invocada por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para lograr la suspensión provisional del proceso que se le sigue por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business, para la compra de la empresa Editora Panamá América (Epasa).
La controvertida coraza legal fue invocada por Roniel Ortiz, del equipo de abogados del exmandatario, a raíz de un torneo electoral interno del partido Realizando Metas (RM).
El pasado año, la Asamblea Nacional desestimó una propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales que planteaba eliminar el fuero penal electoral.
Durante la sustentación de su solicitud, el abogado Ortiz señaló que una investigación contra el expresidente Martín Torrijos (2004-2009) en el caso Cemis fue cerrada porque se ignoró que tenía fuero electoral en la fase de instrucción.
La jueza Baloisa Marquínez deberá solicitar al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero electoral de Martinelli. La audiencia se reanudará el próximo 19 de mayo.
Caso New Business, en suspenso hasta mayo
El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales suspendió ayer la causa seguida al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y otras 33 personas por presunto blanqueo de capitales y pospuso hasta el próximo 19 de mayo la audiencia preliminar. Todo ello luego de que la defensa del exmandatario acreditó que este mantiene fuero penal electoral a raíz de un torneo interno del recién fundado partido Realizando Metas (RM).
Ayer, la audiencia, que se había iniciado el pasado jueves 27 de enero, se reanudó a las 9:00 a. m. en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en Amador, para que la fiscalía concluyera con los alegatos sobre la vinculación de los imputados en el supuesto esquema para la recolección de fondos provenientes de contratos con el Estado para la compra de Editora Panamá América (Epasa).
Entre los imputados presentes en el Parlatino estaban Nicolás y José Corcione Pérez Balladares, según pudo constatar este diario. De forma virtual estuvo West Valdés.
El fiscal superior Uris Vargas, quien acompañó en la sustentación de las pruebas al también fiscal Emeldo Márquez, inició con la presentación de cada uno de los investigados en el entramado para lograr la compra de Epasa. Vargas hizo referencia a la participación del empresario Felipe Pipo Virzi como una de las personas que fue abordada por el expresidente para que colaborara en la gestión de compra de acciones de la empresa periodística en 2010.
Según Vargas, en la investigación hay evidencias de que Virzi, si bien no adquirió acciones de la empresa, sí mantuvo una participación al facilitar transacciones a través del Banco Universal. También la fiscalía mencionó la participación del empresario Mousa Levy, uno de los beneficiarios de la cuenta New Business.
Pero el fiscal Vargas fue interrumpido por la jueza tercera liquidadora, Baloisa Marquínez, luego de conocer que la defensa de Martinelli le llevó una certificación del Tribunal Electoral (TE) informando que el exmandatario, a partir de ayer 28 de enero, goza de fuero penal electoral a raíz de las elecciones internas de RM, partido que fundó y preside Martinelli.
Marquínez le dio la palabra al fiscal Márquez, quien manifestó que de acuerdo a los normas legales vigentes, el juzgado debe solicitar al TE el levantamiento del fuero penal electoral del exmandatario para, entonces, continuar con el acto de audiencia.
Se refería a la Ley 247 de 22 de octubre de 2021, de reformas al Código Electoral. Allí se mantiene la figura del fuero penal electoral (artículos 259 y 260) para los presidentes de los partidos, como es el caso de Martinelli.
Márquez consideró prudente suspender la audiencia para evitar posibles causales de nulidad del proceso.
La jueza Marquínez decidió, entonces, suspender el proceso en cuanto a Martinelli. Aunque la audiencia preliminar estaba agendada hasta el 31 de enero, decidió no avanzar con los otros 33 investigados (para 9 de ellos, la fiscalía ha pedido sobreseimiento) y hacer un alto hasta el 19 de mayo. Como fecha alterna fijó el día 4 de julio.
La audiencia se reanudará en la etapa en que se encontraba ayer. La fiscalía debe concluir con sus alegatos y los abogados defensores tendrán la oportunidad de presentar los argumentos a favor de sus clientes.
En los dos primeros días de audiencia, la jueza resolvió 14 incidentes contra el proceso, entre los que se encuentra uno presentado por la defensa de Martinelli alegando que el proceso es nulo, ya que el exmandatario supuestamente está protegido por el principio de especialidad consignado en el tratado de extradición pactado por Estados Unidos y Panamá en 1904. El principio de especialidad implica que el extraditado no puede ser procesado por un caso distinto a aquel que motivó su entrega al país requiriente. En el caso de Martinelli, fue extraditado en 2018 por el caso pinchazos.
Estados Unidos ha manifestado que a Martinelli ya no le aplica el principio de especialidad, por haber incurrido en las causales de excepción contempladas en el tratado.
Marquínez le dijo a la defensa de Martinelli que ya ese tema fue resuelto previamente por su despacho e, incluso, la decisión fue avalada por los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
A pesar de la decisión de la jueza, la abogada Alma Cortés, del equipo legal del expresidente, insistió (sin éxito) que se debe reconocer el principio a favor de su cliente.
Marquínez también negó un incidente de nulidad por doble juzgamiento presentado por la defensa de Iván Arturo Arrocha, que alegó que su cliente es investigado por los mismos hechos por la Fiscalía Especial Anticorrupción y la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
La investigación del caso New Business inició en 2017, luego de una denuncia hecha por el entonces diputado Jorge Iván Arrocha, sobre el uso de una sociedad canasta en la que se depositaron fondos obtenidos de contratos con el Estado sobre obras de infraestructura y que fueron usados para la compra de Epasa, grupo que controla Martinelli.
En esto proceso, la fiscalía solicitó el llamamiento a juicio para 25 personas por el presunto delito de blanqueo de capitales y el sobreseimiento para otras 9.
El delito de blanqueo de capitales tiene pena de 5 a 12 años de prisión.
