Ricardo Alberto Martinelli Linares, detenido en Guatemala desde el 6 de julio pasado, tiene un plazo de tres días para presentar las pruebas que sustenten la recusación que presentó contra los magistrados que deben decidir su eventual extradición a Estados Unidos.
La recusación contra los magistrados del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, fue acogida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, de Guatemala, según consta en una resolución del pasado 21 de agosto, que firman el magistrado presidente en funciones Freedyn Waldemar Fernández Ortiz y la secretaria Paola Leonor Pardo Palacios.
“La Sala le da tres días a los abogados para que presenten las pruebas... Con esas pruebas que presenten los abogados, tiene que resolver la Sala. Solo es darle trámite al recurso, lo que quiere decir que están cerca de resolver. Ese trámite en normal en todas las recusaciones que se presentan”, señaló el periodista Rony Ríos, de El Periódico de Guatemala.
Aunque la resolución de la Sala de Apelaciones es del 21 de agosto de 2020, apenas se conoció ayer miércoles 30 de septiembre, “porque hoy [ayer] notificaron a la defensa, a Denis Cuesy”, remarcó Ríos.
Luis Enrique Martinelli Linares, hermano de Ricardo Alberto, también presentó una recusación contra el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, el cual debe decidir su extradición a Estados Unidos.
Ricardo Alberto, además, presentó un amparo en el que alega la presunta vulneración de sus derechos como diputado suplente del Parlamento Centroamericano (cargo que nunca ha ejercido, al no haber sido juramentado) e insiste en la necesidad de que se le otorgue más tiempo, para preparar su defensa. Este amparo está en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones.
Hasta que estos recursos (las dos apelaciones y el amparo) no sean resueltos por el Organismo Judicial de Guatemala, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal no serían extraditados a Estados Unidos, país que los reclama por cargos por presunto blanqueo de capitales y conspiración para lavar activos.
El pasado 28 de agosto, Estados Unidos presentó las solicitudes y los documentos que sustentan el proceso de extradición de los hijos de Martinelli.
Mientras que aquí en Panamá, el ahora extinto Juzgado Decimosegundo Penal, en una resolución del pasado 3 de septiembre, acogió una petición de Aseguradora Ancón para que se le devuelva la fianza de $2 millones que le fue concedida a Luis Enrique, como parte del proceso Odebrecht.
Oscar Carrasquilla, juez que llevó el proceso, giró oficios a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que se proceda a emitir una alerta roja, a fin de que Luis Enrique Martinelli Linares sea conducido y puesto a órdenes de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que adelanta el caso.
