El Juzgado Decimotercero Penal mantuvo la orden de detención de Aaron Mizrachi –cuñado del expresidente Ricardo Martinelli–, en el proceso que adelanta la Fiscalía Sexta Anticorrupción por el supuesto pago de sobornos para la adquisición de un contrato millonario mediante el cual se instaló un software en la Caja de Seguro Social (CSS), propiedad de la multinacional SAP.
En una resolución fechada el 9 de este mes, la jueza decimotercera de lo penal, Alina Hubiedo, rechazó un recurso de la defensa de Mizrachi que pedía que se le concediera una fianza para no ser detenido como parte de este proceso.
En abril pasado, la fiscalía imputó cargos a Mizrachi y ordenó su captura a través de un aviso a Interpol, ya que el empresario tiene paradero desconocido.La jueza Hubiedo destacó en el fallo que el delito por el que se investiga a Mizrachi es grave, “ya que se trata de hechos contra la administración pública, que implican un atentado contra el patrimonio del Estado”.
En el dictamen, hace referencia al testimonio de Andrew Robinson, agente del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), quien participó en la investigación adelantada en ese país y en la que Vicente García, exvicepresidente de SAP, aceptó haber creado un esquema para el pago de coimas a través de la venta de equipos informáticos con la colaboración de funcionarios panameños del gobierno pasado.
Según el fallo, Robinson declaró que Mizrachi se reunió con García en un hotel en Panamá y que en ese encuentro el empresario le indicó al entonces vicepresidente de SAP que era cuñado del presidente en funciones, Ricardo Martinelli, y que podía conseguir que la multinacional lograra contratos millonarios con el Estado.
Además, Robinson explicó que Mizrachi y García intercambiaron correos electrónicos, en los que se describían dos rutas para obtener las comisiones o sobornos: una, a través de Eduardo Jaén, entonces director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), y la otra, por medio del propio Mizrachi.
El agente del FBI declaró que la empresa Advanced Consulting (filial de SAP) le pagaría a Mizrachi el 10% del contrato y a Jaén le correspondería el 1%, que sería pagado por la compañía Bissot True Marketing.
En este contexto, la jueza concluyó que lo solicitado por la defensa de Mizrachi no resulta procedente, ya que los delitos imputados superan la pena mínima de cuatro años de arresto, por lo que, de acuerdo con el artículo 2140 del Código Judicial, es procedente la orden de arresto de la fiscalía.
RECHAZAN FIANZA A JAÉN
En tanto, mediante una resolución del 31 de mayo pasado, la jueza Hubiedo también negó una solicitud de fianza de excarcelación pedida por la defensa de Jaén, quien está detenido desde el 11 de abril de 2016.
Hubiedo concluyó que en el caso de Jaén la fiscalía ya materializó la orden de detención, por lo que no resulta procedente la petición.
Asimismo, citó las declaraciones de Robinson, según las cuales, como se dijo, Jaén intercambiaba correos electrónicos con García, a fin de concretar el pago de las coimas a funcionarios del pasado gobierno para obtener los contratos con el Estado.
Además, resaltó que Jaén, quien era el jefe de la AIG, fue la persona responsable de dar el concepto favorable para la firma del contrato con la CSS y la empresa Advanced Consulting Panamá, S.A., (subsidiaria de SAP) para la adquisición del software por $14.5 millones.
En esta investigación, la fiscalía le ha formulado cargos a varias personas, entre ellas, al exdirector de la CSS Guillermo Sáez-Llorens, y a los exjefes de Transformación e Innovación y de Finanzas de la CSS Carlos Tasón y Alberto Maggiori Toledano, respectivamente.
Además, están imputados los exfuncionarios de la CSS Carlos García, Levis Arcia, Ely Brokamp, Alison García, Heraclio Bustamante, René Jethmal y Alexis González. También se formularon cargos a Aracelis Roy de Jaén, Eduardo Jaén Roy y Adriana Jaén Roy, esposa e hijos de Jaén.
La investigación se inició en agosto de 2015, tras la confesión de Vicente García ante un juez de Estados Unidos.
