Una nueva sorpresa se registró el martes 23 de julio en el juicio que sigue a 187 personas por la presunta comisión del delito de peculado por la compensación irregular a dueños de buses diablos rojos. Resulta que el querellante particular de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Juan Edison Meléndez, solicitó un veredicto absolutorio para todos los implicados.
Durante su alegato, el abogado de la ATTT planteó que “no hubo dolo” en el manejo de los fondos asignados para la compensación de buses.
Meléndez, quien fue breve en su intervención, explicó que la compensación a dueños de buses fue un proceso “muy complejo” y añadió que en el expediente había información incompleta.
Otro de los que intervino el martes en el juicio fue el exsecretario general de la ATTT, Nicolás Brea, uno de los que está en la lista para los que la Fiscalía Anticorrupción solicitó condena. Brea asumió su propia defensa, y sostuvo que si la fiscalía solicitó un veredicto absolutorio para los cuatro exdirectores de la ATTT, mal podía pedir una condena para su persona y el resto de los investigados.
El pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la absolución de Jorge Ricardo Fábrega, Juan Pablo Mora, Roberto Moreno Olivares y Ventura Vega, quienes fungieron como directores de la ATTT en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Brea aseguró que si bien él firmaba los cheques en el proceso de compensación, eso se realizaba previa autorización del director. “Cada vez que se hacía un trámite se le subía al director y él autorizaba”. “Yo solo firmé los cheques que fueron avalados por la dirección y solo cumplía con mis funciones”, explicó.
En su intervención recalcó que tanto la resolución que admitía el trámite, como la autorizaba los pagos, llevaban la firma del director.
A su juicio, inicialmente la fiscalía realizó una valoración subjetiva del proceso y nunca se demostró la existencia real de una lesión patrimonial en el proceso de compensación.
Relató que en toda la investigación se dieron anomalías por parte del Ministerio Público, tal es el caso de su cliente, Rolando Urriola, a quien se le acusó de la pérdida de 18 buses, pero luego se corroboró por una investigación de la Fiscalía de Cuentas, que esos vehículos fueron enviados al proceso de “chatarreo”, por lo que se demostró que no hubo lesión patrimonial.
El abogado Hermes Quintero, defensor de Julio Ernesto Silva, también solicitó un veredicto absolutorio para su cliente, al señalar que la fiscalía no presentó evidencia alguna de su supuesta vinculación con el delito imputado.
La fiscalía no responde sobre su cambio de versión
Al concluir la jornada, La Prensa abordó al fiscal anticorrupción, Mahmad Daud Hasan, para preguntarle sobre la decisión de su despacho de solicitar un veredicto absolutorio a favor de los exdirectores de la ATTT, teniendo en cuenta que es contradictorio con el argumento que consistentemente había sustentado en las distintas fases del proceso.
Pero el fiscal dijo que no podía dar declaraciones “porque el juicio no ha concluido”.
Al fiscal también se le preguntó si el cambio de postura podría estar relacionado a que Ventura Vega, uno de los exdirectores de la ATTT investigados, es cercano al presidente José Raúl Mulino, pero tampoco respondió.
Además de Hasan, el Ministerio Público está representado en este juicio por los fiscales Blanca Jiménez, Ilka Poveda, Edwin Juárez, Pedro Menacho y Anilú Batista.
Kira Tascón, una de las fiscales que sustentó la teoría de que Juan Pablo Mora, Roberto Moreno, Ventura Vega y Jorge Ricardo Fábrega pudieron intervenir y alertar sobre las anomalías, pero no lo hicieron e incumplieron con su deber de custodia de los bienes público, ya no está en el equipo que lleva el caso. El fiscal tampoco quiso hablar de ese asunto.
Es que la fiscalía pasó de acusar a absolver. En principio sustentó la responsabilidad de los cuatro exdirectores en la compensación irregular a dueños de diablos rojos, pero ahora dice que no son responsables y le endilgaron esa obligación a la comisión técnica evaluadora encargada de gestionar dicho trámite.
La compensación económica se desarrolló entre 2010 y 2014. De acuerdo con una auditoría de la Contraloría, por este caso se habría ocasionado un perjuicio al Estado de al menos $24 millones.
Para este miércoles se tiene previsto que otros abogados defensores presenten sus alegatos.
