La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la pena de 32 meses de prisión impuesta a la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés (2009–2014), sancionada por la comisión del delito de peculado.
La decisión —notificada a través del edicto No. 60 y firmada por las magistradas María Eugenia López, Ariadne García y Maribel Cornejo— rechazó un recurso de aclaración de sentencia presentado contra la decisión previa de esa corporación de mantener la condena dictada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
El fallo del tribunal revocó una decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que había absuelto a Cortés y a otras dos personas por el delito de peculado en perjuicio del Ministerio de Trabajo.
En este caso también fueron condenados los exfuncionarios del Ministerio de Trabajo Ada Margarita Romero e Iván A. Gantes por el mismo delito.
El fallo de la Sala Penal obliga a Cortés a cumplir con la pena de 32 meses de prisión o acudir ante un juez de cumplimiento para solicitar su reemplazo por días-multa o trabajo comunitario.
La pena original era de cuatro años de prisión, pero el juzgado le rebajó una tercera parte de la pena tras haber devuelto al Tribunal de Cuentas el dinero en concepto de viáticos.
El pasado 27 de agosto, las magistradas de la Sala Penal —a través del edicto No. 145— informaron de la inadmisión de un recurso de casación presentado por el abogado Carlos Carrillo, en representación de Cortés.
El caso está relacionado con el cobro de viáticos por un monto de 49 mil dólares, destinados a cubrir su asistencia a una serie de reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, entre junio y noviembre de 2011.
La investigación, iniciada en 2014, guarda relación con esos pagos irregulares.
Cortés también fue enjuiciada por el delito de enriquecimiento injustificado, pero aún no se ha dado a conocer la sentencia por ese caso. En este proceso, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena contra la exfuncionaria.
Un informe de auditoría determinó un presunto enriquecimiento injustificado de 2 millones 587 mil 929 dólares con 28 centavos, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de mayo de 2015, lapso en el cual la imputada ejerció el cargo de ministra.
Esta nota se corrigió a las 6:01 del viernes 9 de mayo de 2025.
