Bolota Salazar presenta una propuesta legislativa para otorgar una amnistía a Martinelli

El diputado Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ha presentado una propuesta legislativa cuyo único propósito es exonerar a los condenados por blanqueo de capitales en los casos Blue Apple y New Business, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli, así como eximir de toda responsabilidad penal a los imputados por el caso Odebrecht, quienes ni siquiera han sido enjuiciados.

Este es el segundo intento del Legislativo de expedir una ley que libre a Martinelli de la pena de 128 meses de prisión por blanquear los fondos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010, cuando era gobernante.

El anteproyecto de ley “que decreta amnistía por delitos políticos y dicta otras disposiciones” fue presentado la noche del miércoles 9 de abril por Salazar, quien anunció en el pleno legislativo que cuenta con el apoyo de 41 diputados, aunque en el documento solo se aprecian 28 firmas, incluyendo sus copartidarios del PRD y miembros de las bancadas de los partidos Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y Panameñista.

No se aprecia la firma de la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Dana Castañeda, ni de diputados de la coalición Vamos o del Movimiento Otro Camino (Moca). Otras supuestas rúbricas son garabatos ininteligibles.

El anteproyecto consta de seis artículos (el último apuntado a mano) y desde el primero se expresa que la intención es conceder una “amnistía general” a favor de Martinelli, quien está vinculado a los tres casos de blanqueo de capitales mencionados: ha sido condenado a 128 meses de prisión por New Business, y está llamado a juicio por Odebrecht, al igual que sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes también serán procesados por Blue Apple.

“Se concede amnistía general a favor de las personas sentenciadas o que estén procesadas, o resulten procesadas, dentro de los casos identificados como New Business, por la compra del grupo Editorial Panamá América, S.A. (Epasa); el denominado caso Odebrecht; y a las personas procesadas o sentenciadas en el caso Blue Apple”, señala el artículo 1 del anteproyecto.

El artículo 2 dispone que todo funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio Público —sea magistrado, juez o fiscal— que tenga conocimiento o competencia sobre alguno de estos tres casos deberá ordenar la libertad inmediata de aquellos que se encuentren cumpliendo condena de prisión o bajo detención preventiva. Asimismo, deberá declarar la extinción de las penas principales y accesorias, y ordenar el archivo del caso.

El artículo 3 establece las definiciones de “amnistía” y “delito político”. La amnistía se entenderá como una gracia o “perdón penal” decretado por la AN. El artículo 59 de la Constitución que ya reconoce que declarar la amnistía por delitos políticos es una función de la Asamblea.

Con la declaratoria de amnistía, se extinguiría la pena principal y las accesorias.

En cuanto al “delito político”, el anteproyecto lo define como toda “acción” del Ministerio Público en contra de algún miembro del gabinete de Martinelli, quien gobernó del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014, aunque el anteproyecto de Salazar menciona las investigaciones iniciadas “dentro del periodo constitucional de julio de 2010 hasta junio de 2015″. En el párrafo siguiente, Salazar extiende el beneficio a toda persona que haya trabajado en la administración de Martinelli.

La propuesta también modifica el reglamento interno de la AN, al disponer que cuando el presidente de la República no sancione u objete un proyecto de ley en el término de 30 días hábiles, la propuesta podrá ser sancionada y promulgada (inclusive a través de la página web www.asamblea.gob.pa), con la simple firme de quien ocupe la presidencia de la AN y el secretario general del Legislativo. Actualmente, si el Ejecutivo rechaza un proyecto por inexequible y la Asamblea (con los votos de dos terceras partes del pleno) quisiera adoptarlo por insistencia, deberá enviarlo a la Corte Suprema de Justicia para que decida. Si la Corte lo declara constitucional, entonces el Ejecutivo estará obligado a sancionarlo y promulgarlo.

Si se convierte en ley de la República, la propuesta entraría a regir una vez sea publicada en Gaceta Oficial.

Este sería el segundo intento de la AN, en menos de un año, para librar a Martinelli de ir a prisión.

El 29 de julio de 2024, cuando no tenía ni un mes en la curul, el diputado Luis Eduardo Camacho, que además es vocero de Martinelli, presentó un anteproyecto “sobre amnistía, indulto, rebaja de pena y concesión de libertad condicional”. Ahí se proponía crear un “perdón legislativo” equiparable al perdón presidencial, aplicable a todas las personas “vinculadas” a un delito político. También planteaba que “la amnistía y el indulto extinguen la acción penal y la pena, incluida la sanción principal, las accesorias y sus efectos”.

Lea aquí la nota 'Camacho presenta propuesta de ley que facilita mecanismos para la amnistía y el indulto'

Aquel anteproyecto de Camacho no prosperó y murió en su cuna.

En varias ocasiones, Bolota Salazar se ha expresado a favor de conceder la libertad inmediata a Martinelli, quien permanece en la embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero de 2024, tres días después de que quedó en firme la sentencia condenatoria del caso New Business. Por esta causa, hay cuatro personas más condenadas en primera instancia por la juez penal Baloisa Marquínez y tres más en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

Marquínez también condenó al expresidente a pagar una multa de $19.2 millones y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos, pero como la propuesta de Salazar le eximiría de cumplir las penas accesorias, esa inhabilitación quedaría sin efecto.

La semana pasada estuvo a punto de viajar a Nicaragua, país que -conforme a los convenios internacionales- lo reconoció unilateralmente como asilado político. El gobierno de José Raúl Mulino le concedió un salvoconducto, por “razones humanitarias”, pero el mismo expiró la noche del pasado 3 de abril sin que las autoridades nicaragüenses comunicaran una respuesta de aceptación.

Martinelli ha presentado infinidad de recursos para anular la sentencia condenatoria de New Business, sin éxito. Lo que queda en la Corte pendiente de resolver son unas demandas de inconstitucionalidad en las que se alega que en el caso New Business se violó el principio de especialidad consignado en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá. Estados Unidos ha reconocido que a Martinelli ya no le es aplicable el referido principio.

Por el caso Odebrecht, deberá ser enjuiciado en noviembre próximo.

Mónica Palm

Jefe editorial.