Un tribunal de juicio declaró no probada la acusación presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Ana Lorena Chang, exjefa de Salud Pública de la Región Metropolitana del Ministerio de Salud (Minsa); su esposo, Leonardo Labrador, exjefe de Epidemiología del Minsa; y Carmen Arosemena, tecnóloga médica, por los delitos contra la salud pública, corrupción y uso de información privilegiada.
Durante una audiencia iniciada a las 4:00 p.m. de este jueves 3 de abril, el tribunal de juicio decidió no acoger los argumentos presentados por el Ministerio Público con relación a la comisión de los delitos de corrupción de funcionario público y contra la salud pública.
En la fase de alegatos, la fiscalía había solicitado al tribunal emitir una sentencia condenatoria contra los tres funcionarios del Ministerio de Salud, quienes, según la acusación, usaron información privilegiada para la instalación, en asociación con un laboratorio privado, de puestos de hisopados para detectar posibles casos de Covid-19 en viajeros con destino a las islas del Pacífico.
En sus alegatos, la fiscalía sostuvo que Labrador, valiéndose de su posición, usó información privilegiada y promovió la instalación de puestos de hisopados hacia las islas del Pacífico a través de la empresa Sermedic Panamá.
En el caso de Labrador, la fiscalía solicitó una sentencia condenatoria por los delitos contra la salud pública, corrupción y uso de información privilegiada que manejaba como funcionario del Minsa.
Mientras que, en el caso de Chang y Arosemena, solo se solicitó condena por el delito contra la salud pública.
Durante la celebración del juicio, que se inició el pasado 10 de marzo, la fiscalía presentó testigos que relataron que Labrador sostuvo conversaciones con empleados de una empresa de turismo para la instalación de un puesto de hisopados a raíz de la pandemia de covid-19, destinado a personas que viajaran hacia las islas de Taboga y Contadora.
Entre las pruebas presentadas por la fiscalía, se incluyó el testimonio de Zulay Sánchez Acosta, quien en esa época se desempeñaba como jefa de logística y turismo de una empresa que planificaba viajes a la isla de Taboga, y afirmó haber hablado con Labrador sobre el tema.
El proceso le costó el cargo a Labrador y Chang, quienes ocupaban puestos de jefatura en el Minsa.
Sin embargo, los abogados defensores argumentaron que la fiscalía no pudo sustentar que los funcionarios del Minsa usaron sus cargos para intentar obtener un beneficio económico a raíz de la pandemia de covid-19.
Ahora, la fiscalía debe esperar a que los jueces presenten los argumentos en los que sustentaron su decisión, para analizar la posible presentación de un recurso de anulación o casación de la sentencia.
La investigación por este caso se inició el 19 de agosto de 2021, a raíz de denuncias sobre el cobro de hisopados a viajeros hacia las islas de Taboga y Contadora por parte de una empresa.
