En los últimos 10 años, múltiples casos de corrupción han salpicado a magistrados, jueces y funcionarios judiciales en Panamá. El tema incluye investigaciones por supuesta venta de fallos y enriquecimiento injustificado, entre otras prácticas.
Entre ellos destacan los procesos a Alejandro Moncada Luna, condenado por enriquecimiento injustificado en 2015; Víctor Benavides, magistrado investigado por presunta venta de fallos y que renunció a su cargo ese mismo año; y el caso del abogado Janio Lescure, que reveló públicamente en 2019 cómo se podían comprar fallos en la Corte Suprema, hecho que generó un proceso en el Ministerio Público.
En enero de 2019, el diario El Mundo (España), divulgó una nota titulada La trampa española al abogado de Panamá que “paga a los jueces”, en la que se transcribe una conversación del jurista panameño con un detective privado israelí que se hizo pasar por un cliente interesado en sus servicios para comprar jueces y magistrados en Panamá.
Otros casos incluyen jueces y funcionarios sancionados por manipulación de expedientes y corrupción de jurados, lo que refleja un patrón sistemático que ha socavado la confianza en el sistema judicial panameño.
En septiembre de 2024, por ejemplo, el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia sancionó por negligencia Solange Leferrec Malek de Booker, jueza cuarta de circuito, ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.
Desde su instalación el 3 de abril de 2023 y hasta mediados de julio pasado, el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia ha tramitado 1,292 denuncias contra funcionarios judiciales y administrativos, de las cuales 348 han resultado en sanciones y 82 en veredictos absolutorios.
De acuerdo con un informe del Órgano Judicial, entre las sanciones impuestas se registran 315 amonestaciones públicas, 21 multas equivalentes al 10% o 25% del salario, 10 casos de suspensión del sueldo y una destitución.
Esta medida se aplicó tras comprobarse, durante la investigación, que el funcionario solicitó una contribución a cambio de prestar un servicio. Es decir, pidió una coima.
La Jurisdicción de Integridad y Transparencia está conformada por magistrados titulares, suplentes, defensores y un magistrado investigador, encargados de investigar, juzgar y sancionar a los servidores judiciales de todas las categorías nombrados en el Órgano Judicial, conforme a lo establecido en la ley.
Más casos. En 2021, Sergio González, juez quinto civil de Chiriquí, fue denunciado penalmente por presuntamente dilatar procesos, pues en su despacho se encontraron expedientes que no se tramitan desde hace más de 20 años.
Ese mismo año, un juez de circuito civil en Chiriquí fue imputado por presunta corrupción de servidores públicos, mientras que en 2023 se confirmó la condena de 18 exfuncionarios y jurados vinculados al Segundo Tribunal Superior por manipulación de expedientes y corrupción de jurados, con penas que oscilaron entre 45 y 72 meses de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
A estos casos se suma el proceso contra Oydén Ortega Collado, hijo del exmagistrado de la Corte, Oydén Ortega Durán, quien fue condenado por tráfico de influencias a cinco años de prisión.
Durante el juicio, los fiscales anticorrupción Leyda Saénz y Elvis Coronado presentaron ante los jueces un cúmulo de pruebas que demostraron que los investigados realizaron una serie de acciones para lograr que magistrados de la Corte emitieran un fallo favorable en un litigio por ocho fincas de tierra en la provincia de Chiriquí.
La justicia al desnudo
En 2022, el diagnóstico del Cyrus R. Vance Center for International Justice y de la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia, destacó las carencias y errores del sistema judicial del país. El documento mencionó la influencia de otros poderes, de actores políticos y del sector privado en el nombramiento de magistrados y jueces.
“En general, la ciudadanía y las organizaciones observan que no existen condenas para los casos grandes de corrupción en el país. La mayoría de los casos se desestiman por errores procesales o falta de pruebas”, se leía en el documento.
En estos días, el poder judicial está bajo la lupa pública, luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaran, mediante un acuerdo interno, un fondo especial de jubilación que les permitiría retirarse con el 100% de su salario, equivalente a $14 mil. Los jueces municipales recibirían su jubilación de la CSS más el 40% de la diferencia con su último salario en el Órgano Judicial. Los jueces de circuito obtendrían su jubilación de la CSS más el 50% de la diferencia con su último salario recibido. En el caso de los magistrados de los Tribunales Superiores recibirían su jubilación de la CSS más el 60% de la diferencia con su último salario.
Ante las críticas masivas, el acuerdo fue suspendido respecto a los magistrados de la Corte, aunque algunos sectores consideran que la medida aún resulta insuficiente.
Para juristas y miembros de la sociedad civil, los casos de corrupción en el poder judicial no están aislados, se trata de prácticas que erosionan la credibilidad de las instituciones y afectan la percepción internacional del Estado de derecho en Panamá.
