La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) rechazó la solicitud del Órgano Judicial (OJ) para contratar, mediante procedimiento excepcional, el alquiler de un vehículo blindado para uso de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias. La entidad advirtió que la propuesta, valorada en 70,620 dólares por 30 días de alquiler, no cumple con las normas legales, reglamentarias ni de conveniencia en materia de contrataciones públicas.
La DGCP concluyó que el proceso impulsado por el OJ no justificaba adecuadamente la aplicación del procedimiento excepcional, regulado por el artículo 79 de la Ley 22 de 2006, de contrataciones públicas, que solo puede aplicarse cuando no existen sustitutos adecuados o hay un único oferente en el mercado. Sin embargo, tras una revisión de ofertas disponibles, la entidad identificó otras empresas que ofrecían servicios similares o incluso superiores a un menor costo.
Entre las observaciones más relevantes del director de la DGCP, Javier Raúl Marquinez Dejud, se destaca que la empresa Inspiration Holding Group , Inc., que fue propuesta por el OJ, no aportó evidencia suficiente de experiencia o trayectoria comprobada en la prestación de este tipo de servicios, como cartas de referencia o historial de contratos similares..
También destaca que el informe técnico presentado por el OJ omitió considerar ofertas con mejor relación costo-beneficio, incluyendo opciones con pólizas de seguro, servicios de conductores entrenados en conducción defensiva, Panapass incluido y tarifas más competitivas.
Además se advierte que otras empresas podían proporcionar vehículos blindados con las mismas características a precios más bajos, lo que contradice el sustento del OJ sobre que no existen sustitutos adecuados.
El vehículo que se pretendía contratar era un Cadillac Escalade blindado, con protección balística para múltiples calibres y equipado con llantas runflat, aislamiento acústico y térmico, entre otras características.
Adjuntos
NOTA AUTO BLINDADO.pdfLa solicitud del OJ surgió tras un incidente registrado el 31 de enero de 2025, cuando un proyectil impactó una ventana de la oficina de la magistrada López. Aunque el hecho está siendo investigado por el Ministerio Público y aún no se ha confirmado si fue intencional, el OJ alegó que el alquiler del vehículo buscaba reforzar la seguridad personal de López.
No obstante, la DGCP fue enfática en señalar que, conforme al artículo 83 de la Ley de Contrataciones Públicas, la solicitud se devuelve sin trámite por no cumplir con los criterios legales, técnicos ni de conveniencia exigidos para este tipo de procedimiento. Además, recordó que su facultad incluye devolver la documentación cuando detecta incumplimientos que impiden aprobar la contratación.
