La Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Ricardo Alberto Martinelli Linares, que buscaba impedir que este fuese indagado por la Fiscalía Anticorrupción en el denominado caso Blue Apple.
Con fecha del pasado 14 de octubre y bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López Arias, la Corte no admitió el amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Luis Eduardo Camacho González, por considerar que en el recurso no se presentaron argumentos que sustenten una posible transgresión de las normas constitucionales.
El amparo pretendía anular una decisión del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, que mantuvo vigente la orden indagatoria a Martinelli Linares, expedida por la Fiscalía Anticorrupción en la investigación por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.
El 5 de agosto del 2021, durante la celebración de la audiencia preliminar de este caso, la jueza liquidadora Baloísa Marquínez negó un recurso de nulidad presentado por Camacho González contra la orden de indagatoria expedida por la Fiscalía Anticorrupción. Esa decisión fue recurrida a través de un amparo de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, que también rechazó el recurso, por lo que la defensa de Martinelli Linares apeló ante la Corte Suprema de Justicia.
Es decir que ya son tres las instancias que avalaron la actuación de la Fiscalía Anticorrupción.
El fallo de la Corte destaca que, en este caso, no se han planteado argumentos que permitan demostrar con claridad de qué forma la jueza Marquínez infringió las garantías constitucionales de Martinelli Linares.
El pasado 16 de agosto, el juicio a 26 personas por el caso Blue Apple se suspendió por una serie de recursos presentados por los abogados defensores de varios imputados, entre ellas una apelación contra la decisión del juzgado de no admitir algunas pruebas.
Todavía no se ha dado a conocer la nueva fecha de este juicio.
En noviembre de 2021, la jueza Marquínez llamó a juicio a 26 personas, tomando en cuenta las pruebas aportadas por la fiscalía, como el testimonio del exdirector de proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Churro Ruiz, y la declaración de varios contratistas que obtuvieron proyectos entre los años 2012 y 2014.
Ruiz contó a la fiscalía que Ricardo Alberto Martinelli Linares le planteó una operación en la que debía solicitar dinero a las empresas contratistas del MOP, como apoyo político. Esta afirmación fue luego avalada ante la fiscalía por los propios contratistas, quienes alcanzaron acuerdos de colaboración eficaz.
Ruiz agregó que los exministros del MOP durante la gestión del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), Federico José Pepe Suárez y Jaime Ford, tuvieron participación en los cobros a esas empresas.
Esta investigación, que consta de 352 tomos, se inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una presunta red de corrupción, integrada por funcionarios, empresarios y abogados, que -según la fiscalía- solicitó comisiones a contratistas para la adjudicación de licitaciones con el Estado.
Ricardo Alberto y su hermano Luis Enrique Martinelli Linares actualmente cumplen una pena de 36 meses de prisión en una cárcel federal de Estados Unidos, tras haberse declarado culpables de conspirar para lavar los sobornos de Odebrecht.
La condena se les impuso luego de que los hermanos confesaran que conspiraron para lavar al menos $28 millones en coimas de Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidense y siguiendo -según ellos- instrucciones de su padre, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.
Los hermanos Martinelli Linares también figuran en el proceso que adelanta la jueza Marquínez por los sobornos Odebrecht. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción pidió enjuiciar a 49 personas y pretende incluir en su escrito de pruebas de la acusación las transcripciones y la sentencia condenatoria de los Martinelli Linares, expedida por el juez Raymond Dearie, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, el pasado 20 de mayo.
Los hijos del expresidente saldrán de prisión el 25 de enero de 2023, pero se desconoce si las autoridades panameñas ejercerán alguna acción legal para lograr su repatriación de manera inmediata para someterlos a los procesos penales que mantienen en trámite en el país.
