La juez de garantías Diana García declaró causa compleja la investigación por presunto peculado y corrupción relacionada con los auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) durante la administración de Bernardo Meneses.
García concedió un término de seis meses a la fiscalía para concluir la investigación, en la que hasta ahora hay 22 personas imputadas, entre ellas exfuncionarios y beneficiarios de los auxilios.
La fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa sustentó la necesidad de extender el plazo, al señalar que su despacho aún debe analizar la legitimidad de 1,000 auxilios económicos otorgados durante la gestión de Meneses, los cuales deben ser verificados.
Fiscal Anticorrupción Azucena Aizpurúa habla del caso de auxilios económicos del Ifarhu.
— La Prensa Panamá (@prensacom) November 21, 2025
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También detalló que en este caso existe una multiplicidad de diligencias y requerimientos de información a personas que recibieron auxilios económicos por parte del Ifarhu.
Aizpurúa explicó que también solicitó a la Contraloría General de la República la ampliación de la auditoría realizada a principios de 2025, para analizar el alcance real de la lesión patrimonial ocasionada al Estado.
En el primer informe de auditoría realizado por la Contraloría se estableció que algunos beneficiarios de los auxilios realizaron depósitos en cuentas personales de Meneses y se estimó una lesión patrimonial de $24 millones.
El Ministerio Público también ha solicitado información a entidades educativas en el extranjero donde algunos beneficiarios recibieron preparación académica. En este caso se busca determinar si los estudiantes realmente culminaron los estudios para los cuales solicitaron el apoyo económico del Ifarhu.
La fiscalía también tomó declaración a los trabajadores sociales del Ifarhu, encargados de realizar las evaluaciones económicas de los beneficiarios, quienes explicaron que la decisión final sobre la entrega de los auxilios correspondía a la comisión evaluadora y al director del instituto.
Sin embargo, el abogado Ángel Álvarez, defensor de Meneses, se opuso a la petición de la fiscalía, al considerar que ya se ha recabado suficiente información.
Meneses, quien se encuentra detenido en la cárcel La Nueva Joya, participó por videoconferencia. Otros imputados también se conectaron por esta vía, entre ellos estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé que señalaron no poder viajar a la ciudad de Panamá para cumplir con la citación.
El Ifarhu otorgó auxilios de $25 mil a estudiantes de la comarca para estudiar en la extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá en Bocas del Toro, en carreras cuyo costo no supera los $548.
Un informe de actuación financiera realizado por la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial reveló que varios imputados no pudieron justificar el uso de $18,400, $17,532, $17,382 y $16,565, y que incluso presentaron facturas alteradas, ilegibles o duplicadas como sustento de los gastos. La fiscalía no precisó a cuál estudiante correspondía cada monto.
Algunos alegaron tener dificultades técnicas y dijeron que no podían seguir el desarrollo de la audiencia debido a la lluvia que caía sobre la región.
La fiscalía también tiene diligencias pendientes, mediante las cuales busca vincular a otras personas que recibieron auxilios económicos a pesar de contar con altos ingresos.
