La Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores, entregó al Ministerio Público un nuevo paquete de auditorías que revelan irregularidades millonarias en el manejo de fondos públicos por parte de varias juntas comunales del país, correspondientes al período 2019–2024.
Se trata de un escándalo que nació en el gobierno de Laurentino Cortizo: la descentralización paralela, millonarios fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización que fueron repartidos con criterio político. La mayoría de esos millones fue a parar a juntas comunales y municipios que estaban controlados por autoridades cercanas a diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación que en el quinquenio pasado gobernaba el país.
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Según la entidad fiscalizadora, el perjuicio económico identificado en este bloque de siete informes asciende a al menos $7 millones, lo que eleva a $14 millones la posible lesión al Estado si se toman en cuentas auditorias presentadas anteriormente.
Sin embargo, el comunicado oficial no detalla cuáles son las juntas comunales señaladas ni el tipo específico de irregularidades encontradas.
Recientemente el contralor Flores explicó que “el impacto económico varía según cada caso”. “Hay hallazgos que oscilan entre $300 mil y $800 mil, y otros que alcanzan varios millones”, agregó.
Este grupo de auditorías es parte de una primera fase que contempla la revisión de 72 juntas comunales. La próxima semana, según la Contraloría, entregará un segundo grupo compuesto por 20 informes adicionales.
Según estimaciones preliminares, la cifra total del posible daño patrimonial podría alcanzar los $43 millones cuando se complete la revisión del primer bloque.
15 salieron bien libradas
Durante el anuncio, el contralor Anel Flores aseguró que 15 juntas comunales no presentan hallazgos ni irregularidades. “Es refrescante ver que hay personas sirviendo a su país con honestidad. A esos funcionarios los vamos a invitar a la Contraloría para reconocer su labor”, dijo el funcionario, sin mencionar tampoco cuáles fueron esas juntas que salieron libradas.
Flores insistió en que el proceso de fiscalización se lleva a cabo con objetividad, y que los equipos técnicos han sido reforzados para acelerar el ritmo de las auditorías. Aun así, no hay información sobre los criterios utilizados para seleccionar las primeras 72 juntas ni sobre el calendario completo de la investigación.
Además, el contralor anunció que también serán auditados los fondos destinados a becas. En estos casos, explicó, se evaluará individualmente cada expediente: los estudiantes que logren justificar el uso correcto de los fondos quedarán eximidos de responsabilidad, mientras que quienes no puedan hacerlo enfrentarán consecuencias legales y deberán devolver el dinero.
Finalmente, Flores recordó que la labor de la Contraloría es auditar y remitir hallazgos, pero no juzgar. “Esa labor recae en el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. Nuestro deber es vigilar el buen uso de los recursos públicos y proteger el patrimonio del Estado”, subrayó.
Roxana Méndez, administradora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó que, hasta el 10 de julio de 2024, había remitido al Ministerio Público un total de 280 denuncias por presuntos malos manejos vinculados al esquema de descentralización paralela, por un monto acumulado que supera los $200 millones.
