Un informe financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), presentado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, reveló que el dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), Jaime Caballero, recibió múltiples transferencias desde las cuentas del sindicato en el Banco Nacional —autorizadas por sus dirigentes— que luego depositó en su cuenta personal del Banco General y fraccionó para entregarlas a terceros.
El informe, presentado por la fiscalía durante la audiencia de imputación contra Caballero realizada el pasado viernes, precisa que los dirigentes del Suntracs Saúl Méndez y Abdiel Bethancourt autorizaron dichas transferencias.
Según la documentación aportada por el Ministerio Público, los cheques recibidos por Caballero estaban firmados por los dirigentes del Suntracs Méndez, Palacios Becerra y Bethancourt.
La investigación también señala que en 2023 y 2024 Caballero presentó declaraciones de renta por $244,810 y $189,206, respectivamente; montos que, según la fiscalía, no se compadecen con sus ingresos reales, que ascienden a unos $60 mil.
De acuerdo con la fiscalía, esta información presentada a la Dirección General de Ingresos (DGI) es falsa, pues habría sido elaborada por María Esther Aispurúa, quien figura con una licencia de contador público correspondiente a una persona fallecida.
El expediente también recoge que entre diciembre de 2023 y enero de 2025, Caballero recibió 27 depósitos por un total de $57,093.36 realizados por una persona identificada como “Luis V.”. Estos fondos fueron consignados directamente en su cuenta personal y forman parte del conjunto de transacciones bajo sospecha de blanqueo. En total, la fiscalía rastrea movimientos por aproximadamente $166 mil desde 2020 en sus cuentas.
Según la fiscalía, estos fondos fueron utilizados para el pago de deudas personales, incluyendo letras de autos, servicios públicos, un préstamo de $39,252 con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), y en otras ocasiones fueron entregados a sus hijos.
La fiscalía ya había documentado que dicho préstamo fue saldado en junio de 2024 con fondos provenientes del sindicato, lo que refuerza la tesis de que se desviaron recursos sindicales para fines personales.
La investigación reveló que estas transferencias se realizaron con pleno conocimiento de los dirigentes Méndez y Bethancourt, y que los fondos correspondían a las cuotas sindicales de los trabajadores.
Según el Ministerio Público, la actuación de los dirigentes es contraria a los estatutos del Suntracs, en los que se establece que los fondos entregados por los trabajadores solo pueden usarse para actividades relacionadas con los obreros o para el pago de salarios durante huelgas.
Caballero fue imputado el pasado viernes por los delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros, y se ordenó su detención preventiva. Sin embargo, su abogado defensor, César Ruiloba, apeló la decisión de la juez de garantías.
Ruiloba sostiene que no hay delito precedente, y que las transferencias hacia la cuenta de Caballero se realizaron con el consentimiento del sindicato para sortear el bloqueo de sus cuentas bancarias.
El dirigente sindical también enfrenta un proceso en la provincia de Chiriquí por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, atentado contra la seguridad del Estado y contra la administración pública.
En tanto, Paola Caballero, hija de Jaime Caballero, denunció a través de redes sociales que no se ha podido hacer entrega de sus artículos de uso personal, lo cual, afirma, constituye una violación de sus derechos fundamentales.
