El dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) Genaro López enfrentará este sábado 24 de mayo una audiencia de imputación por la presunta comisión de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad de documentos relacionados con la compra de una finca en Bocas del Toro por miembros de esa organización sindical.
Fuentes judiciales confirmaron que la audiencia fue agendada para la 1:00 p.m. de este sábado en la sala 1, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial (SPA), ubicada en Plaza Ágora.
En la audiencia la Fiscalía Especializada Segunda contra la Delincuencia Organizada deberá presentar argumentos para legalizar la aprehensión de López, luego presentará la imputación de cargos que deberán ser validados por el juez de garantías.
López se entregó el pasado jueves en las instalaciones de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, tras conocer que en su contra pesaba una orden de conducción.
Los abogados de López pidieron al Ministerio Público que la audiencia de imputación se realizara ayer, pero por motivos desconocidos la fiscalía no presentó la solicitud ante la oficina judicial del SPA.
Ayer la fiscalía también se encontraba tras la pista de Erasmo Cerrud, también requerido por su presunta vinculación con el proceso adelantado contra López y otros miembros del Suntracs.
A López y Cerrud se les investiga por una querella que en 2022 presentaron extrabajadores de un proyecto de construcción ubicado en la isla de Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, quienes se encontraban afiliados al Suntracs.
La investigación abarca además de López y Cerrud, a los dirigentes del Suntracs Saúl Méndez, refugiado en la Embajada de Bolivia en Panamá, y Luis González Marín.
La denuncia fue interpuesta por el abogado Abel Fernández Bultrón, en representación de Erick Enrique Caballero, por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsificación de documento.
Fuentes judiciales explicaron que en este caso se había solicitado el archivo provisional del proceso, pero que fue reactivado tras ubicar nuevos elementos en la investigación.
Jaime Caballero, otro dirigente del Suntracs, se encuentra detenido en la cárcel La Joya por cargos de delitos financieros y blanqueo de capitales a través del desvío de fondos pertenecientes al Suntracs, que fueron usados para el pago de deudas personales, entre ellas un préstamo para la adquisición de una finca en la provincia de Chiriquí, la compra de autos y gastos personales.
A este proceso también está implicado Saúl Méndez, contra quien se giró una orden de captura, pero se refugió en la Embajada de Bolivia en Panamá.
Méndez se encuentra pendiente que el gobierno boliviano acoja su petición de asilo, bajo el argumento de ser un perseguido político, pero dicha solicitud aún se encuentra en evaluación por las autoridades de ese país.
Caballero, de 55 años, también enfrenta otro proceso penal en David, Chiriquí, por cargos de asociación ilícita, delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. Al finalizar la audiencia, se le impuso restricción de salida de la provincia y obligación de notificación quincenal. Sin embargo, al salir, fue aprehendido por orden del fiscal Emeldo Márquez por presunto blanqueo de capitales y delito financiero, y trasladado en avión a la ciudad de Panamá.
Los dirigentes del Suntracs han negado toda vinculación con las denuncias presentadas y aseguran que todo forma parte de una persecución política del gobierno para neutralizar las actividades del Suntracs contra la Ley 462 que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social.
