La provincia de Darién registra una escalada de amenazas a su ecosistema y a la salud humana debido al impacto de la minería ilegal de oro.
El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ha intensificado las operaciones de seguridad y control, con lo cual ha desmantelando múltiples campamentos clandestinos que operaban en las cabeceras de ríos vitales de esta región, como son el Tuira y el Mangle.
Los hechos se remontan a 2024, cuando Panamá cerró tres pasos irregulares que utilizaban a diario centenares e incluso miles de migrantes que huían de la pobreza, la criminalidad o de regímenes no democráticos.
Las autoridades panameñas instalaron una “barrera perimetral” en el denominado Tapón de Darién —zona boscosa que existe en la frontera con Colombia—, lo que provocó una disminución de la migración ilegal que se tradujo en una merma económica para las redes criminales que controlaban ese movimiento y, a su vez, provocó que dichos grupos desplazaran sus actividades hacia la minería ilegal para generar ingresos.
Según estimaciones de organismos nacionales e internacionales cerca de un millón de personas cruzaron Darién entre 2020 y 2024. A cada uno de esos migrantes, el Clan del Golfo, organización criminal que mantiene presencia en la frontera entre Panamá y Colombia, les cobraba entre $80 y $100 para transportarlos hasta la frontera con Panamá.
La lucha contra la depredación
Entre 2024 y lo que va de 2025, el Senafront y el Ministerio de Ambiente han desmantelado al menos 45 campamentos ilegales dedicados a la explotación minera que, en su mayoría, están coordinados por el Clan de Golfo.
En estas operaciones se han aprehendido 31 personas, entre colombianos y panameños. Un informe del Ministerio de Seguridad revela que los colombianos reclutan a indígenas panameños para las tareas de movilización en la selva, custodia y operación de equipos.
En 2024, por ejemplo, en la comarca Madugandí y en la comarca Guna Yala el Senafront desmanteló siete campamentos de minería ilegal y detuvo a ocho colombianos.
El 31 de enero de 2025, Panamá y Colombia desarrollaron una operación binacional con participación del Senafront y el Ejército Colombiano durante la cual fueron desmanteladas 15 estructuras en las que había maquinaria para la extracción de oro.
En esa operación, que se desarrolló en los ríos Mangle y Tuira, se logró la aprehensión de siete panameños (todos indígenas) y tres colombianos.
La denominada operación Elías dejó al descubierto que el Clan del Golfo ha diversificado sus actividades en el área fronteriza tras la caída del negocio del tráfico de migrantes, que mantuvo su auge entre los años 2020 y 2023.
Según las investigaciones estas redes criminales sacan el oro hacia Colombia y distribuyen sus ganancias a través de una intrincada red de sociedades y empresas.
En el mapa regional de la minería ilegal
Un informe de Interpol menciona a Panamá, junto a Bolivia, Colombia y Perú como las regiones más afectadas por la minería ilegal. Se afirma que el aumento de la demanda de oro ha actuado como un factor de atracción para los delincuentes de la región.
El informe de Interpol explica que la minería ilegal no genera ingresos fiscales ni empleo formal. En cambio, es una actividad que a menudo está controlada por el crimen organizado transnacional (como se ha documentado con el Clan del Golfo y bandas de Colombia), sirviendo como fuente de financiación para el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.
Envenenamiento crónico
El foco de alarma se centra en las comunidades indígenas Emberá y Wounaan, cuya subsistencia depende directamente de los ríos para la pesca y el consumo de agua. El mercurio utilizado por los mineros se transforma en metilmercurio, un neurotóxico que se acumula en la cadena alimenticia acuática por bioacumulación.
Según el Ministerio de Ambiente la exposición crónica a este metal pesado es una amenaza existencial para estos pueblos. Los peces, su principal fuente de proteína, están contaminados, poniendo en riesgo el desarrollo neurológico de los niños y causando trastornos graves en los adultos, desde debilidad muscular hasta daño cognitivo.
Las autoridades de seguridad y ambientales hacen un llamado a la población a denunciar cualquier actividad ilegal para proteger el Parque Nacional Darién, un ecosistema vital y Patrimonio de la Humanidad, cuya biodiversidad y capacidad para mitigar el cambio climático están siendo gravemente comprometidas por esta actividad destructiva.
Una actividad que se extiende
Sin embargo, la presencia de minería ilegal no se circunscribe a la provincia de Darién, en marzo de 2025, en la operación Caribe Verde, la Policía Nacional y el Ministerio de Ambiente desmantelaron en el Parque Nacional Chagres, dentro de la Cuenca del Canal de Panamá, 22 campamentos dedicados a la minería ilegal. Los puestos ilegales fueron hallados entre los ríos Cuango y Culebra.
También se han ubicado campamentos ilegales en río Rita, en Sabanitas, Colón, en el Parque Soberanía y en el área de Chepo.
La legislación panameña sanciona los delitos contra los recursos naturales con penas de prisión que van de tres a seis años, las cuales pueden aumentar hasta nueve años en casos en los que haya agravantes.
